Democracia costarricense ¿estabilidad en riesgo?

22 de Marzo de 2022
Democracia costarricense ¿estabilidad en riesgo?
Foto: Pixabay

Costa Rica ha sido una de las democracias más sólidas y estables del mundo, sin embargo, está en riesgo ¿Cuáles son los elementos que amenazan la estabilidad?

Los antecedentes y características que han hecho de Costa Rica una democracia ejemplar para el mundo

Desde la fundación de la segunda República en 1949, Costa Rica ha sido una de las democracias más estables y completas del mundo, así lo refleja el índice de Democracia elaborado por el medio especializado The Economist en los últimos años.

Esta estabilidad democrática de la que hoy se habla, fue el resultado de constantes pugnas por el poder político entre actores sociales y políticos, y no una concesión de uno o de un conjunto de ellos, o de una estrategia de largo plazo de un actor en particular. Ni el voto femenino y universal, ni el establecimiento de un sistema electoral puro y confiable, ni las garantías sociales se establecieron sin vencer serias resistencias.

La instauración de la democracia en el período 1949-1975 fue reforzada por un proceso de inclusión social. Donde primó el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, lo que permitió ampliar su participación en las oportunidades y beneficios de la vida económica, social y política (Sojo, 2000). Mediante políticas sociales universales, un creciente gasto público social y altas tasas de crecimiento económico, el país logró que la mayoría absoluta de su población lograra condiciones de habilitación ciudadana, y esto a su vez generó una sensación de estabilidad y confianza al sistema político.

Sin fuerzas armadas; sin dictaduras civiles o militares desde 1919; con un sistema electoral robusto, independiente y que cuenta con gran confianza por parte de la ciudadanía; así como con una grata tradición de respeto y garantía a los derechos humanos, Costa Rica ha destacado a través de los años en su estabilidad democrática.

Primero, se puede afirmar que la Constitución Política de 1949 delimitó muy bien el poder del Estado, su organización y los controles que cada poder puede ejercer sobre el otro, promoviendo así el principio de pesos y contrapesos, donde la distribución del poder y el control que se ejercen entre los organismos públicos, es fundamental para garantizar los derechos de las personas y formar un Estado.

La Carta magna además contempla un listado de derechos fundamentales, tanto civiles como sociales que el Estado debe respetar y garantizar. Es incuestionable la relación intrínseca que existe entre una sana democracia y su ejercicio de protección y promoción de los derechos humanos. Tal y como lo señala la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) “La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.

Otro pilar fundamental de la estabilidad democrática costarricense que también puede mencionarse, es la legitimidad del órgano electoral. El Código Electoral de 1953 otorgó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) las herramientas para organizar, dirigir y controlar los comicios por más de cinco décadas.  Dicho Código ha sido reformado en varias ocasiones; y en 2009 incorporó significativos avances, tales como la inclusión de un amplio capítulo sobre justicia electoral, reglas sobre democratización interna de los partidos políticos, la paridad y la alternancia como normas de equidad de género, la creación del Registro Electoral y del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) dentro de la estructura del TSE y la autorización del voto de los costarricenses en el extranjero, entre otros.

Estas reformas legales e independencia al TSE, ha dado una mayor legitimidad a los procesos electorales y a la institución como tal. Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la OEA, en las pasadas elecciones presidenciales (6 de febrero de 2022) se centraron en observar aspectos relacionados con organización, tecnología, justicia, financiamiento, participación política de mujeres y libertad de expresión, y destacaron que Costa Rica cuenta con un sistema electoral sólido que inspira confianza a los distintos actores del proceso, y hace un reconocimiento al TSE y a todas las personas que cumplieron funciones en las distintas etapas por su institucionalidad y profesionalismo.

¿Por qué está en riesgo la democracia costarricense?

Un primer indicador se refleja en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización Transparencia Internacional, señalando en su último ranking (2021) que Costa Rica se mantiene en estancamiento registrado desde el 2018. Esto se puede deber a casos de corrupción muy sonados en los medios de comunicación, donde se han señalado acusaciones de desviación de fondos públicos en contrataciones administrativas, tráfico de influencias, alianzas políticas con organizaciones ligadas al narcotráfico, entre otras. Si bien es cierto estos casos aún están siendo investigados por la Fiscalía, sin duda han impactado en la confianza de la ciudadanía.

Esta desconfianza y descontento ciudadano se vio materializado en las pasadas elecciones presidenciales de febrero de 2022, donde a pesar de contar con más de 20 candidaturas a la presidencia, el Tribunal Supremo de Elecciones manifestó que hubo un alarmante 40% de abstencionismo, cifra más alta en la historia, encabezada hasta ahora por las elecciones de 1958 que registró 35%.

El alto nivel de abstencionismo invita a analizar otra posible amenaza, ya que como ha sido común a través de la historia, el descontento ciudadano permite el surgimiento de otras fuerzas políticas que se presentan como la solución absoluta, con discursos populistas, polarizantes y autoritarios que amenazan con acabar los pilares democráticos fundamentales como la división de poderes, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos.

Los índices de pobreza, desempleo y desigualdad han crecido en Costa Rica. De acuerdo con el informe “Estado de la Nación 2021”, antes del impacto de la Pandemia Costa Rica ya era parte de la lista de las naciones más desiguales del mundo. Estos altos números reflejan el acceso inequitativo a recursos de todo tipo y servicios, lo que es contrario a una democracia completa que respeta los derechos humanos de sus habitantes.

Para contener esta constante amenaza que pone en riesgo la robusta democracia costarricense, es importante respetar el orden constitucional de nuestro país, y respetar a toda costa los principios democráticos y constitucionales enunciados desde 1949 y fortalecidos por la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Para ello, una reforma importante es la forma de elección de los perfiles para ocupar los puestos de la Corte Suprema de Justicia, de esta forma se podrá fortalecer la independencia judicial y la autonomía de la Sala Constitucional principalmente.

Otra medida importante es promover y fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y control ciudadano y rendición de cuentas, así como la aprobación de una ley de acceso a la información pública que no existe en Costa Rica, y el fortalecimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para mejorar los canales de denuncia y los procedimientos de investigación de casos de corrupción.

Por último, es necesario que la política pública del país se base en el respeto y garantía a los derechos humanos, de esta forma se pueden llevar a cabo acciones concretas que sean dirigidas a disminuir las brechas de pobreza y desigualdad, tanto en las zonas urbanas como rurales, con una perspectiva interseccional que tome en cuenta las especificidades y necesidades de todas las personas habitantes de este país.

Citación académica sugerida: Vargas Araya Mayren. Democracia costarricense ¿estabilidad en riesgo?. Agenda Estado de Derecho. 2022/03/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/democracia-costarricense-estabilidad-en-riesgo/

Palabras clave: Costa Rica, democracia, derechos.

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ACERCA DE LA AUTORA
Mayren Vargas Araya

Abogada costarricense, máster en derechos humanos y democratización por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires Argentina. Cuenta con un diplomado en Derechos Fundamentales y Globalización por la Universidad Cumplutense de Madrid, ha llevado varios cursos de especialización en sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el IIDH. Actualmente labora en el Programa de Participación Ciudadana del Poder Judicial de Costa Rica

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