Democracia costarricense ¿estabilidad en riesgo?

22 de Marzo de 2022
Democracia costarricense ¿estabilidad en riesgo?
Foto: Pixabay

Costa Rica ha sido una de las democracias más sólidas y estables del mundo, sin embargo, está en riesgo ¿Cuáles son los elementos que amenazan la estabilidad?

Los antecedentes y características que han hecho de Costa Rica una democracia ejemplar para el mundo

Desde la fundación de la segunda República en 1949, Costa Rica ha sido una de las democracias más estables y completas del mundo, así lo refleja el índice de Democracia elaborado por el medio especializado The Economist en los últimos años.

Esta estabilidad democrática de la que hoy se habla, fue el resultado de constantes pugnas por el poder político entre actores sociales y políticos, y no una concesión de uno o de un conjunto de ellos, o de una estrategia de largo plazo de un actor en particular. Ni el voto femenino y universal, ni el establecimiento de un sistema electoral puro y confiable, ni las garantías sociales se establecieron sin vencer serias resistencias.

La instauración de la democracia en el período 1949-1975 fue reforzada por un proceso de inclusión social. Donde primó el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, lo que permitió ampliar su participación en las oportunidades y beneficios de la vida económica, social y política (Sojo, 2000). Mediante políticas sociales universales, un creciente gasto público social y altas tasas de crecimiento económico, el país logró que la mayoría absoluta de su población lograra condiciones de habilitación ciudadana, y esto a su vez generó una sensación de estabilidad y confianza al sistema político.

Sin fuerzas armadas; sin dictaduras civiles o militares desde 1919; con un sistema electoral robusto, independiente y que cuenta con gran confianza por parte de la ciudadanía; así como con una grata tradición de respeto y garantía a los derechos humanos, Costa Rica ha destacado a través de los años en su estabilidad democrática.

Primero, se puede afirmar que la Constitución Política de 1949 delimitó muy bien el poder del Estado, su organización y los controles que cada poder puede ejercer sobre el otro, promoviendo así el principio de pesos y contrapesos, donde la distribución del poder y el control que se ejercen entre los organismos públicos, es fundamental para garantizar los derechos de las personas y formar un Estado.

La Carta magna además contempla un listado de derechos fundamentales, tanto civiles como sociales que el Estado debe respetar y garantizar. Es incuestionable la relación intrínseca que existe entre una sana democracia y su ejercicio de protección y promoción de los derechos humanos. Tal y como lo señala la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) “La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.

Otro pilar fundamental de la estabilidad democrática costarricense que también puede mencionarse, es la legitimidad del órgano electoral. El Código Electoral de 1953 otorgó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) las herramientas para organizar, dirigir y controlar los comicios por más de cinco décadas.  Dicho Código ha sido reformado en varias ocasiones; y en 2009 incorporó significativos avances, tales como la inclusión de un amplio capítulo sobre justicia electoral, reglas sobre democratización interna de los partidos políticos, la paridad y la alternancia como normas de equidad de género, la creación del Registro Electoral y del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) dentro de la estructura del TSE y la autorización del voto de los costarricenses en el extranjero, entre otros.

Estas reformas legales e independencia al TSE, ha dado una mayor legitimidad a los procesos electorales y a la institución como tal. Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la OEA, en las pasadas elecciones presidenciales (6 de febrero de 2022) se centraron en observar aspectos relacionados con organización, tecnología, justicia, financiamiento, participación política de mujeres y libertad de expresión, y destacaron que Costa Rica cuenta con un sistema electoral sólido que inspira confianza a los distintos actores del proceso, y hace un reconocimiento al TSE y a todas las personas que cumplieron funciones en las distintas etapas por su institucionalidad y profesionalismo.

¿Por qué está en riesgo la democracia costarricense?

Un primer indicador se refleja en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización Transparencia Internacional, señalando en su último ranking (2021) que Costa Rica se mantiene en estancamiento registrado desde el 2018. Esto se puede deber a casos de corrupción muy sonados en los medios de comunicación, donde se han señalado acusaciones de desviación de fondos públicos en contrataciones administrativas, tráfico de influencias, alianzas políticas con organizaciones ligadas al narcotráfico, entre otras. Si bien es cierto estos casos aún están siendo investigados por la Fiscalía, sin duda han impactado en la confianza de la ciudadanía.

Esta desconfianza y descontento ciudadano se vio materializado en las pasadas elecciones presidenciales de febrero de 2022, donde a pesar de contar con más de 20 candidaturas a la presidencia, el Tribunal Supremo de Elecciones manifestó que hubo un alarmante 40% de abstencionismo, cifra más alta en la historia, encabezada hasta ahora por las elecciones de 1958 que registró 35%.

El alto nivel de abstencionismo invita a analizar otra posible amenaza, ya que como ha sido común a través de la historia, el descontento ciudadano permite el surgimiento de otras fuerzas políticas que se presentan como la solución absoluta, con discursos populistas, polarizantes y autoritarios que amenazan con acabar los pilares democráticos fundamentales como la división de poderes, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos.

Los índices de pobreza, desempleo y desigualdad han crecido en Costa Rica. De acuerdo con el informe “Estado de la Nación 2021”, antes del impacto de la Pandemia Costa Rica ya era parte de la lista de las naciones más desiguales del mundo. Estos altos números reflejan el acceso inequitativo a recursos de todo tipo y servicios, lo que es contrario a una democracia completa que respeta los derechos humanos de sus habitantes.

Para contener esta constante amenaza que pone en riesgo la robusta democracia costarricense, es importante respetar el orden constitucional de nuestro país, y respetar a toda costa los principios democráticos y constitucionales enunciados desde 1949 y fortalecidos por la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Para ello, una reforma importante es la forma de elección de los perfiles para ocupar los puestos de la Corte Suprema de Justicia, de esta forma se podrá fortalecer la independencia judicial y la autonomía de la Sala Constitucional principalmente.

Otra medida importante es promover y fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y control ciudadano y rendición de cuentas, así como la aprobación de una ley de acceso a la información pública que no existe en Costa Rica, y el fortalecimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para mejorar los canales de denuncia y los procedimientos de investigación de casos de corrupción.

Por último, es necesario que la política pública del país se base en el respeto y garantía a los derechos humanos, de esta forma se pueden llevar a cabo acciones concretas que sean dirigidas a disminuir las brechas de pobreza y desigualdad, tanto en las zonas urbanas como rurales, con una perspectiva interseccional que tome en cuenta las especificidades y necesidades de todas las personas habitantes de este país.

Citación académica sugerida: Vargas Araya Mayren. Democracia costarricense ¿estabilidad en riesgo?. Agenda Estado de Derecho. 2022/03/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/democracia-costarricense-estabilidad-en-riesgo/

Palabras clave: Costa Rica, democracia, derechos.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Mayren Vargas Araya

Abogada costarricense, máster en derechos humanos y democratización por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires Argentina. Cuenta con un diplomado en Derechos Fundamentales y Globalización por la Universidad Cumplutense de Madrid, ha llevado varios cursos de especialización en sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el IIDH. Actualmente labora en el Programa de Participación Ciudadana del Poder Judicial de Costa Rica

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.