Prisión, discapacidad y derechos humanos: Análisis de la Resolución de la Comisión Interamericana sobre medidas cautelares para J.C.Z.R. en Argentina
21 de Marzo de 2024
Para el autor, para abordar de manera eficaz los desafíos interrelacionados del trinomio prisión, discapacidad y derechos humanos, es crucial analizar la discapacidad desde la perspectiva de la discriminación.
Prisión, discapacidad y derechos humanos es un trinomio cada vez más conocido para los regímenes internacionales de protección de derechos humanos, existiendo pronunciamientos en la materia tanto a nivel del sistema universal, como de los sistemas regionales.
Aunque con distintos matices, los pronunciamientos en estos distintos sistemas confluyen en abordar la cuestión sobre qué obligaciones tienen los Estados para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad cuando estas se encuentran privadas de libertad en recintos penitenciarios.
Desde luego, un criterio bastante asentado es que los Estados asumen una especial posición de garante respecto del disfrute y ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad en sus respectivas jurisdicciones.
Pero: ¿qué obligaciones específicas y precisas se deben cuando se trata de personas privadas de libertad que se encuentran, además, en una situación de discapacidad? La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión Interamericana) que comentaré en esta columna evidencia la complejidad de esta pregunta. En efecto, ésta aún no se ha resuelto.
En el contexto del sistema interamericano, el trinomio prisión, discapacidad y derechos humanos ha entrado nuevamente en los debates entre sus organismos y los Estados con la expedición de la Resolución 68/2023 de la CIDH, sobre medidas cautelares a favor de J.C.Z.R. respecto de Argentina del 20 de noviembre de 2023.
En su resolución, la Comisión Interamericana estimó que la falta de atención médica adecuada y oportuna y la ausencia de condiciones de encarcelamiento que afectaban a J.C.Z.R., una persona con discapacidad privada de libertad, satisfacían los estándares de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para dar lugar a la solicitud de medidas cautelares, a efectos de proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de J.C.Z.R.
Como podrá advertirse, la decisión de acoger la solicitud de medidas cautelares se fundamentó en dos clases de razones: en la obligación de proveer atención médica adecuada y oportuna y en la garantía de accesibilidad y asistencia dentro de las condiciones de encarcelamiento
En primer lugar, la Comisión Interamericana estimó que J.C.Z.R. estaba expuesto a un deterioro progresivo e irreparable de su estado de salud, derivado de la falta de atención médica adecuada y oportuna.
En este sentido, advirtió que, aunque los antecedentes puestos en su conocimiento daban cuenta de diferentes esfuerzos de las autoridades nacionales para modificar el régimen de cumplimiento de condena a una modalidad de arresto domiciliario o de trasladar a J.C.Z.R. a un recinto más adecuado a sus requerimientos de atención médica, dichos esfuerzos habían sido infructuosos a la fecha.
Nótese que, en este primer motivo, poco y nada se ha dicho respecto de la situación de discapacidad de J.C.Z.R.
En esta primera línea argumental, el factor discapacidad del trinomio parece no considerarse en el esquema, lo que se evidencia cuando la Comisión afirma, en términos generales, que “la protección de los derechos a la vida de las personas privadas de libertad [sean o no personas con discapacidad] incluye el deber de los Estados de suministrar tratamiento médico en condiciones de adecuación y oportunidad”.
A juicio de la Comisión, entonces, desde la perspectiva del deber estatal de suministrar un tratamiento médico a una persona privada de libertad, el hecho de que esta se encuentre o no en una situación de discapacidad es irrelevante, o al menos, no es definitorio.
Si toda persona privada de libertad tiene el derecho a que el Estado le suministre un tratamiento médico adecuado y oportuno entonces, ¿qué rol tiene el factor discapacidad dentro del trinomio en análisis?
En la resolución, la incidencia del factor discapacidad viene de la mano del segundo motivo que justifica su decisión de otorgar la solicitud de medidas cautelares.
Este motivo alude a las condiciones de encarcelamiento en que J.C.Z.R. cumplía su condena, en particular, a los problemas de accesibilidad física y de falta de asistencia personal suficiente en el recinto penitenciario.
En efecto, según se reseña en la resolución,
[…] el recinto penitenciario no contaba con “un espacio adecuado a silla de ruedas ni adaptado para el manejo de crisis de convulsión”, añadiendo que “el propuesto beneficiario tuvo que limar las patas de la cama para acercarla al suelo y mitigar riesgos en momentos de convulsión” y que “son las propias personas internadas quienes deben atender las necesidades de las demás”.
Al respecto, la Comisión entendió que, junto con su condición de salud, la situación de discapacidad de J.C.Z.R. daba cuenta de una situación de particular vulnerabilidad, que lo exponía a un grave riesgo de vulneración de sus derechos.
Ahora bien, a mi parecer, la debida consideración a la situación de discapacidad de J.C.Z.R. requiere hilar un poco más fino en el análisis.
Después de todo, en el contexto latinoamericano, la falta de condiciones de encarcelamiento adecuadas (hacinamiento, falta de condiciones de higiene y seguridad, etc.) es un problema que afecta en general a la población penitenciaria; no es exclusivo de las personas con discapacidad privadas de libertad. Y, entonces ¿por qué es importante atender al factor discapacidad?
Me parece relevante apelar al concepto de discriminación, en el sentido de que los efectos negativos de la falta de condiciones de encarcelamiento adecuadas tienen o pueden tener un efecto especialmente pernicioso respecto de personas privadas de libertad que, además, se encuentran en una situación de discapacidad.
Desde este punto de vista, la existencia de una discapacidad no es un factor inocuo, sino que puede significar un elemento potenciador de las consecuencias negativas derivadas de la falta de condiciones adecuadas de encarcelamiento.
Esto es precisamente un punto alegado por la parte solicitante, en cuanto señaló que “mantener al señor Z.R. en un establecimiento penitenciario no solo vulnera su derecho a la salud, vida e integridad física, sino que lo somete a un trato discriminatorio que desconoce su situación de persona con discapacidad”.
A mi entender, la resolución de la Comisión no prestó la debida atención a la dimensión de discriminación ínsita en el caso. Por ejemplo, la idea de discriminación hubiese permitido tender un puente conector entre los dos motivos que justificaron la decisión de acoger la solicitud de medidas cautelares.
La situación de discapacidad de J.C.Z.R. imponía que la falta de condiciones adecuadas de encarcelamiento fuese particularmente perniciosa para la debida atención médica de su condición de salud.
Esta idea está comprendida en la sentencia Chinchilla Sandoval y otros v. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerado como el leading case del sistema interamericano en esta materia. Aunque la Comisión cita esta sentencia en su resolución, curiosamente no utilizó esta línea argumental en el fundamento de la decisión.
En definitiva, mi posición en este punto es que, cuando tratamos con el trinomio prisión, discapacidad y derechos humanos, el análisis del factor discapacidad debe incluir un análisis en términos de discriminación, dado que ello permite capturar de mejor manera los desafíos que plantea este esquema tripartito .
De esta manera, sería deseable que, en casos futuros similares, la Comisión incorpore en su razonamiento la dimensión de discriminación que presupone el trinomio, lo que es perfectamente coherente con la “situación de particular vulnerabilidad” que ha entendido configurada en estos casos.
Citación académica sugerida: Marchant Vivanco, Eduardo. Prisión, discapacidad y derechos humanos: Análisis de medidas cautelares para J.C.Z.R. en Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/resolucion-de-la-comision-interamericana-sobre-medidas-cautelares-para-j-c-z-r/
Palabras clave: Argentina; discapacidad; prisión.
Es abogado, Licenciado y Doctorando en Derecho de la Universidad Austral de Chile. Participa como estudiante doctoral en el Millennium Institute for Care Research (MICARE) y Núcleo Milenio Estudios en Discapacidad y Ciudadanía (DISCA).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
