15 de Diciembre de 2022
Los retos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la tercera década del Siglo XXI (Parte I)
El Equipo Editorial de Agenda Estado de Derecho conversó con destacadas personas para identificar los desafíos y oportunidades que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de cara al 2023.
Para el portal Agenda Estado de Derecho es esencial reflexionar y servir de tribuna de voces expertas que conocen el sistema interamericano para que tanto critica, como propositivamente reflexionen sobre los aspectos positivos y negativos de lo que está pasando con la supranacionalidad en la región.
En América Latina y el Caribe, la desigualdad, la discriminación, la pobreza, las graves violaciones a los derechos humanos y los ataques a la institucionalidad democrática y a los postulados al Estado Social y Democrático de Derecho, afectan a diversos países del continente, con un impacto diferenciado en aquellos grupos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.
Es necesario reflexionar sobre qué debe y que puede hacer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y, en concreto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para expandir lo más posible su área de influencia, con miras a una mayor protección, garantía y efectividad de los derechos humanos de cada uno de los habitantes de la región.
Los entrevistados coinciden en cuestiones de fondo y forma que pueden y deben ser mejoradas tales como: la carga de trabajo y atraso procesal, la politización y falta de imparcialidad, el rol de la academia que debe ser menos abstracta y más concreta así como útil a los problemas reales y en general en la importancia de reaccionar de una forma innovadora a los desafíos del Siglo XXI.
Para comprender cuáles son los retos y oportunidades que actualmente afronta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), entrevistamos a cuatro especialistas. Aquí sus perfiles:
Creo que a nivel de la CIDH hay retos externos e internos. A nivel externo, creo que tenemos contextos cada vez más complejos, restrictivos, con tendencias autoritarias en muchos países, no importando si son de derecha o de izquierda.
Entonces, uno de los retos que tiene la CIDH se relaciona con cómo mantenerse relevante, como un actor al que le hagan caso en este tipo de contextos y cómo reaccionar sin generar una especie de backlash, donde muchas veces ocurre que reacciona y la respuesta del Estado es bastante fuerte y lo que genera es, de alguna manera, la pérdida de legitimidad.
Un segundo reto es el hecho de generar una relación con los Estados, de manera que entiendan el rol que juega la CIDH y, sobre todo, que cumplan con las recomendaciones.
Es muy importante que los Estados confíen en el criterio de la CIDH, le pidan ayuda cuando así sea necesario y, sobre todo, que se comprometan a cumplir con las recomendaciones.
A nivel interno en la CIDH hay otros retos. Uno, es el retraso procesal que sigue siendo un desafío. Si bien ha habido avances, el retraso procesal sigue siendo importante. Estamos hablando de un universo enorme de casos que la CIDH tiene que dar respuesta. Asimismo, los Estados también deberían entender que la CIDH necesita suficientes recursos para poder acabar con ese retraso procesal, y no me refiero al retraso procesal solo de las peticiones, sino también de las medidas cautelares.
Por ejemplo, el último informe de la CIDH señalaba que más de la mitad de las medidas cautelares otorgadas en el 2021, tardaron más de 6 meses en otorgarse. Esto es preocupante, sobre todo cuando las medidas cautelares se dan frente a situaciones de riesgo y de urgencia.
En este punto, creo que vamos a coincidir varios de los involucrados en litigios ante el Sistema Interamericano. Yo destacaría, como primer punto, la imparcialidad política, sobre todo de la CIDH. Creo que es muy generalizada la idea de que la CIDH es un órgano que tiene la suficiente legitimidad e imparcialidad como para poder juzgar a los Estados y decidir los casos en el ámbito del sistema de peticiones y casos.
Sin embargo, en los últimos años, se ha podido evidenciar que han existido respuestas diferenciadas y dispares respecto a algunos países y a algunos casos que podrían tener cierta relevancia política. Esto obedece a que, naturalmente, como los comisionados son elegidos por los Estados, y todavía no hay un mecanismo idóneo como para elegirlos exclusivamente con base a sus méritos, naturalmente existen ciertos intereses de por medio, tanto de aquellos miembros de la CIDH como de los funcionarios que éstos eligen, quienes priorizan algunos casos por sobre otros, principalmente por cuestiones políticas.
El segundo tema, donde también creo que todos vamos a coincidir, es la carga de trabajo y atraso procesal de la CIDH. Esta situación tiene diferentes bases y creo que la doctora Silvia Serrano, quien es experta en este tema, ha hecho aportes interesantes en esta materia, sobre todo poniendo el enfoque más allá de la implementación, agregando la necesidad de mayor aporte económico de los Estados, por ejemplo.
Como tercer punto, pero ahora relacionado con la Corte IDH, encontramos la falta de ejecución e implementación efectiva de los fallos a nivel nacional, lo que constituye un problema estructural. La supervisión de los fallos es extensa, abarca años, incluso décadas.
Hay retos en distintos niveles. Un primer reto que enfrenta es la existencia de ideologías de distintos sectores —populismos y autoritarismos—, que no tienen concepciones vanguardistas y que no ven en la tradición de derechos humanos la posibilidad de dar respuesta a los desafíos que tiene la región.
Latinoamérica es una región en que hay serios problemas de inclusión y de discriminación por distintas razones. Es el hemisferio más desigual del mundo, con profundos desafíos en temas de corrupción, de cuestionamiento institucional de la separación de poderes y del valor del Estado de Derecho. En consecuencia, lo que es central ahora, es tener una aproximación de derechos humanos y democracia para enfrentar estos desafíos, de esta manera se debe buscar acentuar el valor de los derechos civiles y políticos, y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Un segundo desafío es de carácter organizacional. Por ejemplo, actualmente la CIDH está viendo casos que fueron presentados entre el 2000 y el 2003, justamente cuando existe una queja sobre el retardo en la administración y el acceso a la justicia. No es posible que casos que se presentan ante la CIDH y que, además, han pasado por el trámite interno, tengan este nivel retardo. Además, se debe tener en cuenta que, desde un punto de vista político, esta dilación puede afectar la legitimidad misma del sistema.
Creo que el gran reto histórico, y el que debiese ser afrontado con prioridad, es el atraso procesal y cómo lograr que la justicia sea cada vez más cercana a las víctimas. Aunque el SIDH ha ido tomando medidas para tratar de simplificar los procesos, estos siguen teniendo grandes desafíos en ese sentido. Por ejemplo, representar un caso hoy en día en el SIDH nos presenta diferentes dudas para quienes litigamos, en cuanto a si efectivamente se va a tomar una decisión en un tiempo razonable, qué implicancias hay en términos de reparación a las víctimas que estamos representando, cuánto se va a demorar el Estado en implementar la sentencia en sede interna, etc.
Un segundo reto es la composición de la CIDH. Creo que, hasta ahora, hemos tenido la suerte de tener una Comisión fundada en los derechos humanos, dispuesta a crear nuevos estándares con el fin de ampliar su protección. Sin embargo, a nivel regional, estamos viendo como personas con lente conservador y con una agenda abiertamente antiderechos, han llegado a ser parte de la CIDH. Este aumento es minoría, pero aquella no deja de presentarnos un problema enorme con relación al alcance de los derechos. Si bien no están influyendo en la toma de decisiones, ya que seguimos teniendo una
mayoría que está dispuesta a crear avances en diferentes temáticas, sí están dejando algunos precedentes jurídicos en sus votos disidentes e, inclusive, en sus posiciones públicas que pueden llegar a ser muy problemáticas, puesto que pueden impulsar agendas regresivas con mayor fuerza.
Finalmente, creo que valdría la pena para la CIDH, comenzar a involucrarse más activamente en los temas que, de alguna manera, están creando rupturas en los movimientos de derechos humanos. De esta manera, la CIDH debería tener posicionamientos claros a nivel de estándares frente a estas temáticas.
Por ejemplo, los derechos de las personas trans, el acceso a técnicas de reproducción asistida, el trabajo sexual, etc. Creo que, poco a poco, se han ido esbozando algunas conversaciones alrededor de estos temas, pero necesitamos seguir fortaleciendo estándares en ese sentido.
En relación con los Estados, el rol es fundamental. Aquí se debe hacer un llamado para que entiendan el rol del Sistema Interamericano y se comprometan con su verdadero fortalecimiento, sobre todo en términos de su financiamiento. Por otra parte, tienen que comprometerse con la elección de las personas más capacitadas en el marco de las elecciones de los miembros de la CIDH y la Corte IDH. Y, finalmente, diría que los Estados tienen que comprometerse a cumplir con las decisiones, como una forma de avanzar hacia el respeto efectivo de los derechos humanos.
Respecto a la sociedad civil, su rol también es esencial. Ha de seguir utilizando el sistema, dándolo a conocer y difundiendo sus decisiones,
ya que, si la sociedad civil se desencanta, vamos a estar, de alguna manera, debilitando el propio sistema.
En relación con la academia, me parece que tiene un rol igualmente fundamental, a través de la generación de propuestas para abordar los diferentes desafíos, poniendo al servicio de los órganos del SIDH los recursos que tienen, por ejemplo, en investigaciones.
Asimismo, puede ejercer veeduría en algunos de los diferentes procesos y, también, ayudar en la difusión de sus decisiones para que el sistema tenga mayor legitimidad y se fortalezca.
Creo que, respecto a los Estados, Bolivia —tengo entendido—no aporta con un solo dólar y muchos de los proyectos están sustentados por países europeos. Ese es el primer punto, hacerse responsables con algo que han aceptado como Estados, de los cuales son parte y que, en muchas ocasiones, son beneficiados. El segundo punto, es la no injerencia, es decir, no intentar influir sobre estos órganos a partir de la imposición de que ingresen ciertos funcionarios o mediante una injerencia agresiva, que son las críticas destructivas. Y, por último, la implementación interna del control de convencionalidad porque, a pesar de que todos conocemos el Sistema Interamericano, todavía es un tabú en el ámbito interno para los jueces.
Desde el ámbito de la sociedad civil, pienso que lo que ayudaría mucho es la crítica constructiva, es decir, muchas organizaciones de la sociedad civil se inhiben de realizar este tipo de discursos, precisamente por el miedo a que tanta crítica pueda dañar al Sistema Interamericano y que esto pueda aprovechar a los Estados para erosionar su falta de efectividad.
En el ámbito de la academia, creo que se puede contribuir a partir de sus investigaciones aplicables, es decir, los investigadores aterrizan en aspectos que pueden ser muy abstractos, pero en el caso del Sistema Interamericano se requiere concretizarlo. Debe haber una conexión entre los abogados, los jueces internos y los resultados académicos, para así expandir la justicia internacional.
Para responder a esta pregunta, hay que partir mencionando que estos sistemas los crearon los Estados democráticos, cuestión que hay que valorarla y reconocerla. Ha sido un gran logro de los Estados crear la posibilidad de acción a nivel internacional, incluso, contra ellos mismos.
Ahora bien, ¿cuál es el rol de los Estados? Mantener el apoyo al sistema, cooperando con la supervisión y monitoreo de la CIDH y de la Corte IDH, así como también ocupar su mayor esfuerzo para dar pleno cumplimiento a las decisiones que se adoptan por estos mismos órganos.
Respecto a la sociedad civil, esta juega un rol muy importante, al enriquecer los procesos de toma de decisiones de los órganos del SIDH. Así, gracias a la sociedad civil se asegura que las víctimas tengan un rol central, no solo en la presentación del caso, sino también en el ámbito de la reparación integral de las mismas. Además, cumplen el rol de ayudar activamente a conocer la realidad concreta de los países en los cuales trabajan, lo que es de suma importancia para las diversas funciones que desarrollan los órganos del SIDH. En definitiva, la sociedad civil es una fuente de voluntariado de información y de denuncia.
Con relación a la academia, esta juega un rol crítico, de observación de los procedimientos, y de pensamiento pluralista y diverso en el SIDH. En este sentido, ha hecho aportes muy significativos, por ejemplo, en términos de repensar los sistemas de supervisión. Así, la contribución de las universidades fue fundamental para la creación de la noción de reparación integral, al ver que la reparación no es solo un tema de daño directo e indirecto que afecta al individuo, sino que también se requiere de la implementación de otro tipo de medidas, como las de no repetición.
Uno de los grandes retrasos que tenemos en el SIDH se debe a la falta de voluntad política de los Estados, en términos de asumir las recomendaciones que hace la CIDH y la Corte IDH. Esto lo vemos no solo en el sistema de peticiones individuales, sino que también a
través de los informes temáticos, de los informes país y de las visitas in loco. Hay un sinnúmero de recomendaciones que se emiten y que buscan apoyar al Estado, con el fin de ampliar sus obligaciones en términos de derechos humanos. Sin embargo, ha habido una reticencia de muchos Estados de incorporar esas recomendaciones. De esta manera, creo que, sin lugar a duda, tienen que ampliar su compromiso político en retomar estos aspectos y, en ese sentido, en poder iniciar un proceso de adecuación de su legislación interna a los estándares interamericanos. Aquello, permitiría que lo contencioso a nivel interamericano disminuya, ya que tendríamos un Estado políticamente viable que está haciendo un control de convencionalidad en el ámbito nacional. A fin de cuentas, esto contribuiría de gran manera al fortalecimiento del sistema.
Con relación a la sociedad civil, aquella debe continuar haciendo el importante trabajo que ha estado haciendo hasta ahora. La sociedad civil no solo contribuye con ideas y propuestas para fortalecer el SIDH, sino que también es la encargada de documentar y entregar la información necesaria ante los diversos contextos de crisis de derechos humanos que se dan en nuestra región. De esta manera, se logra que se escuchen las voces de los territorios y de sus habitantes. Además del trabajo programático, somos quienes políticamente sentamos a los comisionados y les decimos en qué están fallando, además somos quienes incidimos ante organismos como la OEA para que, en la Asamblea General, se elijan a las personas más idóneas. Asimismo, hacemos crítica pública y presión al sistema, con el fin de fortalecerlo y mejorarlo. Sin la sociedad civil, el sistema no se sostendría.
La academia también tiene un rol fundamental desde diferentes aristas. Primero, en poder aterrizar lo que se va adelantando en el SIDH, de tal forma que nuestros profesionales salgan a la vida laboral con una visión integral y completa sobre los estándares de derechos humanos. Segundo, la academia también puede, a través de sus desarrollos teóricos sobre una temática concreta, incidir en cómo la CIDH está tratando uno u otros temas.
En relación con los logros, hay que destacar que hay una clara voluntad de disminuir el retraso procesal. Aquello lo vemos en los números: aumentaron los informes de admisibilidad, los informes de fondo y los casos que fueron presentados ante la Corte IDH. Aunque, como dije previamente, eso no es suficiente.
También señalaría que, pese al impacto de la pandemia, la CIDH se ha mantenido vigente y presente. A través de diversos mecanismos ha retomado las visitas de trabajo a los diferentes países, lo que es muy importante, porque esto acerca a los gobiernos y, también a las personas, al trabajo de la CIDH.
Dentro de los logros a destacar en el 2022, creo que está el acceso o interacción con las víctimas, la sociedad civil y los Estados. Esto ha sido absolutamente relevante, sobre todo por parte de la Corte Interamericana, pero también por la Comisión Interamericana. En este sentido, es destacable la opinión consultiva sobre la reelección presidencial indefinida, no porque sea solo sobre Bolivia, sino porque es aplicable para contextos como el de Nicaragua y Venezuela. Asimismo, se hace una fuerte unión entre democracia y derechos humanos, lo que se debe destacar frente a un contexto político hostil en el ámbito regional.
Ahora bien, queda por mejorar, en el ámbito de la Corte IDH, la falta de solidez argumentativa en las sentencias, en lo que se refiere a su consistencia y fundamentación. Es decir, hay algunas contradicciones entre sentencias anteriores con algunas nuevas, lo que puede llegar a afectar la legitimidad de la Corte IDH.
El continuar siendo un espacio donde se mantengan los valores de la dignidad humana. Justamente, cuando hay violaciones de derechos humanos, se genera una situación cultural en que hay una distorsión del sentido común y, después, retroactivamente, las sociedades dicen, ¿cómo fue posible que nos calláramos frente a las desapariciones, torturas, discriminaciones por razones de distinto tipo? Entonces, la existencia de un ámbito de racionalidad, que permita expresarse de acuerdo con los valores de la dignidad con respecto a las víctimas es un valor tremendo e inigualable en el ámbito del SIDH.
Por otro lado, desde el punto de vista del hemisferio, me parece que ha sido importante la reacción del sistema, por ejemplo, a las violaciones masivas y sistemáticas que han tenido lugar en Nicaragua. Esto es relevante, sobre todo en el marco de las luchas contra ciertas narrativas provenientes de este tipo de regímenes, basadas en que los líderes son quienes dicen ser los verdaderos intérpretes de la voluntad popular, siendo vanguardistas a la hora de suplantar su visión personal por la del pueblo.
El SIDH ha avanzado enormemente en el reconocimiento de derechos que antes no habían sido desarrollados en su interior. Uno de esos temas es, sin duda, los derechos reproductivos. Cerrando el 2021 tuvimos la decisión de “Manuela y otros vs. El Salvador”, fallo relevante frente a los derechos de las mujeres. Allí se logró que la Corte IDH haga un lineamiento de política pública, al decir que el secreto médico profesional existe en el ámbito de la atención de la salud sexual y reproductiva, estando protegido por la Convención Americana.
Recientemente, la Opinión Consultiva sobre enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad es otro gran avance de la Corte IDH en este año, sobre todo en lo que se refiere a las mujeres privadas de libertad y sus necesidades en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, es la primera vez que la Corte IDH reconoce que la violencia obstétrica es una violencia basada en género y que debe ser cubierta por Convención de Belém do Pará.
Por otro lado, el SIDH ha avanzado enormemente en documentar las violaciones de derechos humanos, sobre todo en el ámbito de las protestas sociales, tanto en Chile como en Colombia. El simple hecho de haber visitado esos países en momentos críticos, así como también de haber documentado las violaciones, fue vital para contrarrestar lo que estaba pasando durante los estallidos sociales de ambos países.
Además, tenemos el acuerdo de solución amistosa en el caso F.S. sobre Chile, cuyo acto de reconocimiento de responsabilidad se realizó este 2022. Este caso, nos ha abierto la puerta para estar sentadas con los ministerios de Chile, creando políticas públicas para establecer lineamientos en salud materna de calidad para personas que viven con VIH. En este sentido, esto ha sido histórico.
Primero, la elección de cuatro comisionados o comisionadas en la Comisión Interamericana es uno de los grandes desafíos, porque significa un cambio fundamental de la mayoría de la CIDH, lo que puede significar un giro importante.
Segundo, el retraso procesal lo reitero, porque el universo de casos que tiene la Comisión es enorme y aquí hay un claro fallo al acceso a la justicia internacional.
Tercero, cómo reaccionar de manera innovadora ante los nuevos temas y desafíos que se dan en nuestro continente. Lo anterior, teniendo como norte siempre la protección de los derechos humanos y de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad.
La imparcialidad de ambos órganos, la capacidad de respuesta rápida y la implementación del derecho internacional en el derecho interno.
Por un lado, el retraso procesal en el sistema de peticiones individuales. Es necesario que el SIDH responda mucha más rápido, teniendo en cuenta las necesidades que plantea para las víctimas una violación a sus derechos humanos. Este es un tema central para mantener la legitimidad del sistema. Por otro lado, se debe mostrar la relevancia de los derechos humanos en el ámbito de los retos que enfrentan diariamente las diferentes sociedades de nuestra región, por ejemplo, en materia de seguridad. En este sentido, es fundamental buscar posibilidades reales de avance.
Aunado a lo anterior, existen muchísimos otros retos, sobre todo en materia de discriminación en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, que deben ser enfrentados por el SIDH. Los desafíos que se plantean no son fáciles, pero nunca nada ha sido fácil. Por esta razón, es central que haya acción y así demostrar la relevancia de los derechos humanos para enfrentar los desafíos de nuestro continente.
Primero, el SIDH tiene que establecer un estándar que diga que el delito aborto es contrario a la Convención Americana. No podemos seguir construyendo estándares en torno a un modelo de causales, cuando el delito de aborto sigue estando regulado en los códigos penales. Esto no funciona. Un servicio de salud no puede estar regulado por el Código Penal. El SIDH tiene la potestad de dar ese paso, de hacer un análisis frente a los derechos de la Convención Americana. Esto puede ser resuelto en un próximo asunto que verá la Corte IDH, el caso “Beatriz y otros vs. El Salvador”.
Segundo, necesitamos un estándar interamericano sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre el parto. La Corte IDH lo puede hacer en el caso “Eulogia Guzmán y su hijo Sergio vs. Perú” que estamos litigando desde el Centro de Derechos Reproductivos. En este contexto, nosotras queremos que una mujer pueda decidir cómo, cuándo, con quién y de qué manera lleva a cabo su parto. Esta situación debe depender de la mujer y no del profesional que la atienda, porque no hay un momento en que la mujer se vea más despojada de su autonomía reproductiva y de su cuerpo, que en el momento del parto.
Tercero, la Corte IDH ha de dar un paso relevante en reconocer cómo el uso de tóxicos, a diferentes niveles, puede tener un efecto en la salud reproductiva humana. Y, de esta manera, que bajo el principio de precaución, necesitamos regular el uso de tóxicos que tienen un impacto diferenciado en la salud de las mujeres y, específicamente, en la salud reproductiva, más allá de los efectos que tienen en la salud humana en general.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Los retos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la tercera década del Siglo XXI (Parte I). Agenda Estado de Derecho. 2022/ 12/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-retos-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos-en-la-tercera-decada-del-siglo-xxi-parte-i/
Palabras clave:Derechos humanos, Sistema interamericano de derechos humanos, CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
