El estatus migratorio irregular, de manera general, tiene la grave consecuencia de que en la percepción de la comunidad local se asocia a la población migrante con la delincuencia. Ya sea porque se sancione penalmente el ingreso irregular al territorio del Estado, sea que haga un uso extensivo de la detención migratoria, que se practiquen de manera masiva deportaciones o que las personas migrantes en situación irregular tengan que vivir en la marginalidad por temor a ser detenidas o deportadas, el resultado es el mismo: se produce una criminalización de quienes se hayan en situación irregular. Esto, a su turno, conduce con frecuencia a la expansión de discursos y actitudes xenófobas.

Si bien la regularización migratoria no evita necesariamente la criminalización, desde luego que la disminuye, en especial al facilitar la integración de la población migrante en la sociedad del país de destino.

Además, los procesos de regularización migratoria son muy importantes en relación con el acceso a los servicios públicos, tales como salud, educación, acceso a la justicia y otros. En muchos países existe un trato diferenciado para las personas migrantes, según se encuentren en situación migratoria regular o irregular. Generalmente, en el caso de las personas con estatus regular, su derecho de acceder a los servicios públicos se halla garantizado en términos similares a la población local. En cambio, quienes se encuentran en situación irregular, usualmente tienen un acceso solo parcial a los servicios públicos (por ejemplo, en muchos países solo pueden acceder a la atención médica de urgencia), lo tienen solamente de hecho y sin garantía legal, o no lo tienen en absoluto.

A lo anterior hay que agregar que las personas con estatus migratorio irregular, a menudo, evitan recurrir a los servicios públicos por temor a ser detenidas o deportadas. Esto puede implicar, por ejemplo, que no denuncien los delitos de los que sean víctimas —a veces muy graves, como la trata de personas u otros—, facilitando la impunidad. O bien, puede tener la consecuencia de que una mujer embarazada no acuda a realizarse controles médicos, incluso cuando sepa que el hospital se los realizaría, por el riesgo de ser detenida o deportada, lo cual puede conducir a que solo vaya al hospital cuando presente una situación de salud grave y a veces irreversible. Asimismo, puede suceder que quienes se encuentran en situación migratoria irregular no envíen a sus hijos o hijas a la escuela, por temor a las consecuencias que ello puede acarrear.

También es significativo el impacto del estatus migratorio en el ámbito laboral. Quienes se hallan en situación irregular, generalmente trabajarán en condiciones informales, con mucho mayores probabilidades de ser explotadas, usualmente sin acceso a la seguridad social y con limitadas posibilidades de llevar a delante reclamos laborales. Tampoco tendrán participación en los sindicatos.

Otro impacto significativo se refiere a la capacidad de las personas migrantes de organizarse en la defensa de sus derechos humanos y ejercer así su derecho a la libertad de asociación. Como señalara la Relatoría en otro informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para las personas en situación migratoria irregular suele resultar riesgoso participar en asociaciones de migrantes, mecanismo clave para la defensa de sus derechos. Esa participación puede exponerlas públicamente y aumentar el peligro de ser detenidas y deportadas.

El informe resalta cómo la contribución de las personas migrantes a las sociedades de destino se fortalece cuando poseen un estatus regular, en términos económicos, sociales y culturales, y constata que para muchos países que los reciben resultan decisivos para su desarrollo económico.