La Corte, primero, abordó la estrecha interdependencia entre la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, al reiterar que en una sociedad democrática los derechos y las libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada, en la cual cada uno de sus componentes “define, completa y adquiere sentido en función de los otros” (43).

Segundo, recordó los principios de la democracia representativa, los cuales “incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político, las obligaciones de evitar que una persona se perpetúe en el poder, y de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poderes” (84). Adicionalmente, citó la Declaración de Santiago de Chile de 1959, la cual contempla que: “[l]a perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo alguno y con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia” (74).

Tercero, entró en materia al identificar dos temas principales de la primera pregunta: 

A) Si la reelección presidencial es un derecho autónomo; y

B) Si la prohibición de ésta constituye una restricción de los derechos políticos contraria a la Convención Americana. 

De un lado, concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho autónomo porque no existe mención alguna a dicha figura en el sistema interamericano ni en ninguno otro comparable, así como porque la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA imponen restricciones a la reelección presidencial, salvo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Empero, me permito agregar que todos los países con sistemas presidenciales dentro y fuera de la región las han impuesto en algún momento. Del otro, precisó que “los derechos políticos no son absolutos. Su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones” (103).

De esta forma, reiteró: 

1) Las limitaciones deben estar contenidas en una ley general o ser impuestas por vía de una sanción a una persona en particular, en ambos casos conforme al requisito de legalidad. 

2) Las medidas restrictivas deben contar con una finalidad legítima para estar justificadas, como es el aludir a los derechos y libertades de las demás personas o a las justas exigencias de bien común, en una sociedad democrática, ambas contenidas en el artículo 32 de la Convención Americana. Específicamente, para el caso de comento, hizo referencia a que “la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca evitar que una persona se perpetúe en el poder, y, de este modo, asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poderes”; y —en unas cuantas palabras— a la “democracia representativa uno de los principios sobre los cuales se funda el sistema interamericano” (119).

3) Todas las restricciones deben cumplir con el criterio de la proporcionalidad —lato sensu— y en consecuencia con el triple estándar: necesidad, al limitar o restringir un derecho para garantizar otro principio; idoneidad, al ser el medio menos intrusivo para alcanzar tal fin; y, proporcionalidad —strictu sensu, al implicar un sacrificio relativamente menor respecto a los beneficios mayores buscados con la salvaguarda. De esta manera, la Corte concluyó que la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana, la Declaración Americana, y la Carta Democrática Interamericana.

4) El SIDH no impone a los Estados un sistema político, ni una modalidad determinada sobre las limitaciones para ejercer los derechos políticos y recordó que los Estados americanos asumieron la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia dentro de sus países. Por tanto, resulta que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria no solamente a los principios de una democracia representativa sino además a las obligaciones establecidas tanto en la Convención como en la Declaración americana. Al punto que advirtió “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario”, incluso si éste es “electo mediante elecciones populares” (145).