¿Quiénes serán los nuevos comisionados de la CIDH?

28 de Octubre de 2021
¿Quiénes serán los nuevos jueces de la Corte IDH?

Las personas candidatas a la CIDH reflexionan sobre los desafíos estructurales de la región y ofrecen propuestas para mejorar la labor del organismo

En la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará entre el 10 y el 12 de noviembre de 2021 en Ciudad de Guatemala, se escogerán a los nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el caso de la CIDH, tres del total de siete miembros terminan su mandato en diciembre de 2021. Para ocupar estas posiciones en enero, se presentaron cinco candidaturas; dos de ellas, de llegar a ganar, serían reelecciones (Antonia Urrejola y Joel Hernández). De acuerdo con el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos de los Estados miembros proponen a los/as candidatos/as, y resultan elegidos quienes obtengan la mayoría de los votos en la Asamblea General. Los/as ganadores/as ocuparán el cargo durante cuatro años, con posibilidad de una reelección. 

Para contribuir con el debate, CEJIL, DPLF, IFEX – ALC, Open Society Justice Initiative, REDLAD, ​​el Robert F. Kennedy Human Rights y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, organizaron un encuentro con los/as candidatos/as para conocer sus ideas sobre la labor de la CIDH en la atención de los desafíos estructurales de la región, las alertas tempranas sobre graves violaciones a los derechos humanos, la escucha a las víctimas y, entre otras cosas, la promoción del diálogo con la sociedad civil.  

Las personas candidatas

¿Cómo cree que la CIDH debe abordar los principales desafíos de la región, de manera que haya un impacto a corto y largo plazo? ¿Qué herramientas se deben usar, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos humanos y financieros que existen en el organismo?

Carlos Bernal

  • La CIDH debe pasar de un enfoque bilateral, adversarial y remedial a un enfoque regional, dialógico y deliberativo, y estructural, preventivo y permanente.
  • La CIDH debe ser líder del diálogo entre varios actores dentro de los propios Estados, entre varios Estados, y entre organizaciones regionales.
  • La CIDH debe funcionar como catalizadora de políticas públicas para generar cambios estructurales y debe incrementar su asistencia técnica.
  • Tres estrategias: fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica; fortalecimiento del componente técnico de las Relatorías Especiales; y generación de sinergias de cooperación técnica multinivel. 

Roberta Clarke

  • Fomentar la participación de las personas más afectadas por los problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación estructural, entre otros. 
  • Continuar el fortalecimiento de canales de interacción con la diversidad de defensores/as de derechos humanos y actores de la sociedad civil. 
  • Activar el diálogo entre los Estados miembro de forma bilateral y en el sistema político regional, y entre los Estados y las personas defensoras de derechos humanos.
  • La CIDH tiene herramientas que debe seguir usando para garantizar la protección de los derechos humanos a escala nacional, entre ellas la investigación y documentación. Se deben encontrar vías para comunicar el contenido de los informes a las poblaciones más vulnerables.
  • Se debe profundizar el contacto con instituciones financieras clave.
  • Se debe mantener el diálogo con actores a escala nacional.

Joel Hernández

  • La CIDH debe seguir afrontando los desafíos estructurales desde dos perspectivas: una preventiva y otra reparadora. 
  • Una estrategia para avanzar en este sentido incluye 5 puntos: a) priorizar los temas más urgentes de la agenda de derechos humanos en el próximo plan estratégico; b) seleccionar las herramientas más adecuadas para atender una situación (visitas de trabajo, visitas in loco, otros mecanismos); c) identificar aliados estratégicos a escala nacional; d) documentar los hechos de la manera más amplia posible; e) entablar un diálogo común con todos los actores involucrados. 

Alexandra Huneeus

  • Se debe asegurar que los departamentos y unidades de la CIDH no compitan por recursos, sino que trabajen de forma mancomunada a favor de la protección de un derecho en particular o de un objetivo concreto, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables y las instituciones democráticas. 
  • La CIDH debe trabajar en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y defensores/as de derechos humanos, como parte de un ecosistema de defensa de derechos humanos. 
  • La CIDH debe liderar, pero también debe seguir a otros actores.

Antonia Urrejola

  • Se debe evaluar el plan estratégico 2017-2021 para construir un debate con los usuarios del sistema y crear el nuevo plan estratégico con prioridades específicas. 
  • La CIDH debe fortalecer su presencia en las crisis democráticas de la región, a través de la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, la reparación integral a las víctimas, y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en los Estados. 
  • Se debe trabajar de manera mancomunada en un debate sobre las políticas fiscales de los Estados y su rol en la protección de los derechos humanos.
  • Encontrar fuentes de financiamiento creativas, seguir exigiendo a los Estados su compromiso con el sistema, y evaluar formas de trabajo menos costosas.
  • Mantener el debate sobre la relación de la CIDH con Estados que no dialogan con la Comisión o no cumplen con las recomendaciones. 
  • Generar espacios permanentes de diálogo y cooperación con los Estados miembros, la asistencia técnica y la creación de relaciones más sólidas con todos los componentes del Estado, no solo el Poder Ejecutivo. 
  • Fortalecer la coordinación y cooperación con los demás organismos de derechos humanos a escala regional e interamericana. 

En el escenario de gobiernos elegidos democráticamente que van adquiriendo tintes autoritarios, ¿cómo puede mejorar la CIDH su rol de alerta temprana? ¿Qué herramientas o mecanismos debe usar para advertir de mejor manera sobre estos riesgos y amenazas?

Antonia Urrejola

  • La CIDH debe refinar el trabajo de las alertas tempranas, considerando las crisis de larga duración en la región. 
  • Continuar el acompañamiento y las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos, a través de los mandatos convencionales y también mecanismos ad hoc cuando sea necesario.
  • Seguir dando prioridad a las visitas e informes de país, y generar mesas de trabajo y de diálogo con los actores nacionales. 
  • Seguir impulsando el funcionamiento de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada. 
  • Mantener el contacto con organizaciones que colaboran habitualmente con el sistema, pero también con organizaciones de base y sociedad civil. 
  • Dar prioridad al rol de la CIDH como espacio de escucha de las víctimas. 

Alexandra Huneeus

  • Profundizar el empoderamiento de actores en el ámbito doméstico y de movimientos sociales, y aumentar las relaciones con países del Caribe, Estados Unidos y Canadá.
  • Crear nuevos estándares que respondan a las nuevas amenazas, sobre todo cuando los riesgos para la institucionalidad en algunos países se esconden bajo medidas de carácter aparentemente legal. 
  • Profundizar las acciones más allá de las alertas tempranas, para proteger los derechos incluso en países donde aparentemente la democracia funciona bien. 

Joel Hernández

  • La CIDH debe continuar su liderazgo en los pronunciamientos cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, de una forma objetiva, responsable, no selectiva y circunscrita a su mandato. 
  • Evaluar el plan estratégico para identificar lo que ha funcionado bien y seguir construyendo sobre esa base. 
  • Desarrollar una política de comunicación para mejorar el impacto de las alertas tempranas. Hacer una mejor difusión de los estándares y de los informes temáticos y de país. 
  • Crear una fuerza de tarea para la atención de crisis: un grupo de especialistas que se encarguen de manera permanente de analizar y anticiparse a las crisis. 

Roberta Clarke

  • La CIDH debe basarse en análisis de las tendencias de gobernanza y derechos humanos, fortalecer las capacidades de actores nacionales, e impulsar la voluntad política para cumplir con las obligaciones. 
  • Fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto con académicos, investigadores y personas defensoras de derechos humanos en toda la región, particularmente en el Caribe. 
  • Continuar la promoción de la universalización, impulsar la creación de instituciones de derechos humanos y garantizar el acceso sin obstáculos a la Comisión. 
  • Fortalecer la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada.
  • Prestar atención a las medidas de discriminación y violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, que pueden llevar a la violencia y la fragmentación social, y abrir la puerta a populismos autoritarios. 
  • Más allá de las alertas tempranas, hay que trabajar para que los Estados respondan de manera oportuna a estas alertas.

Carlos Bernal

  • La CIDH debe dialogar permanentemente y armar con capacidad técnica a los Estados para que haya respuestas efectivas. 
  • La CIDH no debe gobernar por Twitter, sino brindar capacidad técnica a las autoridades para que puedan atender las crisis. 
  • Crear mecanismos permanentes de prevención de vulneraciones, con participación de la sociedad civil, víctimas y organizaciones de los propios Estados que están relacionadas con los derechos humanos. Crear redes. 
  • Desplegar estas redes en los territorios, para que las autoridades locales puedan ejercer su función in situ. Establecer colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para llegar a más lugares y trabajar en la prevención más que en la reacción a violaciones de derechos humanos.

¿Cuáles serían los tres objetivos que la CIDH se debe fijar para superar el atraso procesal y fortalecer el alcance de la protección a través del mecanismo de medidas cautelares? ¿Qué acciones concretas se deberían realizar en los próximos cuatro años para alcanzar estos objetivos?

Joel Hernández

  • Dadas las restricciones financieras, debe haber un esfuerzo para hacer más con los recursos que actualmente existen, y reducir así el rezago procesal. 
  • Alcanzar la meta, que no se logró en el periodo actual, de concluir una petición en un ciclo de 5 años. 
  • Centrar la atención en casos paradigmáticos, que puedan ayudar a los países a avanzar en la solución de problemas estructurales. 
  • Aumentar la eficiencia en el cumplimiento de las decisiones, principalmente de las medidas cautelares. 
  • Para lograr los objetivos, la CIDH tiene que seguir avanzando con las medidas ya aprobadas para reducir el retraso procesal, y también diseñar criterios públicos y sistematizados para seleccionar los casos paradigmáticos. 
  • Trabajar más en el Observatorio de Impacto.

Carlos Bernal

  • Aumentar la eficiencia de la CIDH, a través de la reducción de los tiempos de espera. El plazo de cinco años por petición individual sigue siendo muy largo. 
  • La eficiencia de la Secretaría Ejecutiva también debe estar bajo el escrutinio de los comisionados
  • Cambiar el enfoque que tiene la CIDH sobre la solución amistosa. No solo se debe velar que se lleguen a acuerdos, sino que se debe promover de manera activa. 
  • Elaborar protocolos para la priorización y selección de casos, como el uso de análisis de contexto y casos piloto
  • Usar herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones en la región. 
  • Diseñar mecanismos de adopción e implementación de medidas cautelares en tiempo real, con la participación de los Estados. 

Roberta Clarke

  • No solo es necesario atender el retraso, sino monitorear la implementación de las medidas y recomendaciones. 
  • Además de las medidas para mejorar la eficiencia, a través de herramientas digitales, es prioritario prestar atención al acceso en igualdad de condiciones para grupos afectados por la brecha digital. 
  • Incrementar la diversidad en el personal que trabaja en la CIDH, para impulsar la especialización subregional.
  • Evaluar el impacto del uso de las plataformas digitales en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. 
  • Impulsar la cultura de la rendición de cuentas. 
  • Aumentar la especificidad en las recomendaciones sobre las leyes y procedimientos que deben adoptar los Estados. 

Antonia Urrejola

  • La CIDH debe continuar el camino que ha empezado, con la creación de nuevos modelos de trabajo para facilitar sus funciones. 
  • Impulsar el uso de las tecnologías para crear un sistema moderno que permita el manejo eficiente de tramitación y redacción de informes.
  • Usar de forma eficiente los recursos humanos, con un trabajo que se base en los resultados. 
  • Fortalecer los flujos de aprobación y análisis de documentos por parte del pleno de la Comisión. 
  • Aprender del uso de las tecnologías que se ha hecho durante la pandemia para trabajar de una manera más eficaz. 
  • Consultar a los/as usuarios/as del sistema y a las víctimas sobre cualquier medida que se vaya a implementar. 
  • Continuar garantizando la eficiencia de las medidas cautelares. Insistir para que los Estados puedan reforzar su coordinación interinstitucional a escala nacional, regional y municipal para adoptar las medidas. 
  • Mantener la atención en los enfoques diferenciales de la implementación de medidas. 
  • Abordar y desarrollar estrategias para hacer frente a la desconfianza de los/as solicitantes de medidas cautelares en el Estado, que es el que finalmente debe implementar las medidas.
  • Trabajar en el fortalecimiento de las necesidades de las organizaciones de base para que comprendan los requisitos de las medidas cautelares. 
  • Hacer mayores esfuerzos con las visitas a los territorios en el marco de las medidas cautelares.

Alexandra Huneeus

  • La CIDH debería responder a los casos en el plazo de un año, y ofrecer la decisión final en tres o cuatro años; reducir la cantidad de casos acumulados; y aumentar la transparencia y la capacidad de respuesta en relación con las medidas cautelares. 
  • El retraso procesal y la cantidad de casos pendientes se puede afrontar con los recursos disponibles actualmente y en el marco del mandato de la CIDH.
  • Este debe ser un asunto de máxima prioridad para los comisionados. Se trata de voluntad política para trabajar en las soluciones. 
  • Una vez que se decidan las medidas concretas, se debe adelantar un diálogo con los actores clave (el Estado, las víctimas y sus representantes). 
  • Se debe fomentar la transparencia sobre la forma en la que la Comisión llega a una decisión sobre los casos. 
  • Durante todo el proceso, la Comisión debe priorizar a las víctimas y el acceso a la justicia. 

¿Qué recomendaciones puede hacer para fortalecer el diálogo entre la CIDH y la sociedad civil?

Alexandra Huneeus

  • La CIDH debe trabajar de manera proactiva para ampliar los interlocutores en la sociedad civil, especialmente en países en los que no existe una relación tan sólida, como es el caso de los países del Caribe, Estados Unidos y Canadá. 

Antonia Urrejola

  • La CIDH debe mantener un vínculo fluido con las organizaciones que habitualmente se relacionan con el sistema. Pero también hay que sumar a las organizaciones territoriales que no tienen experiencia en el sistema y/o que se encuentran en territorios aislados. Trabajar, igualmente, para ampliar la conversación en los países del Caribe, Estados Unidos y Canadá. 

Carlos Bernal

  • La CIDH debe mantener abiertas todas las vías posibles de diálogo, escucha y cooperación a escala territorial, nacional y regional. Este diálogo es muy importante no solo por los argumentos y críticas que puede aportar la sociedad civil a la reflexión sobre los derechos humanos, sino por las pruebas que puede ofrecer sobre violaciones a los derechos humanos. Para fortalecer esta relación se pueden usar herramientas digitales y también visitas presenciales, audiencias, etc.

Roberta Clarke

  • La participación de la gente de toda la región es una precondición para el funcionamiento efectivo de la CIDH. No solamente de la gente representada por los Estados, sino también por las organizaciones de la sociedad civil. Se debe continuar el trabajo que se ha venido haciendo en este sentido, pero también se debe garantizar la diversidad de las organizaciones que participan, tanto dentro de los propios países como en la región. Cuando se habla de plataformas digitales, se debe tomar en consideración la brecha digital que afecta a ciertas comunidades. También se debe trabajar activamente para incluir de manera rutinaria a las organizaciones del Caribe. 

Joel Hernández

  • Seguir avanzando como se ha venido haciendo para colaborar de manera más estrecha con la sociedad civil. Poner en práctica los aprendizajes durante la pandemia, especialmente el uso de tecnologías para facilitar el acercamiento. Insistir en la importancia de trabajar más de cerca con las organizaciones de base. Aumentar el número de audiencias regionales que celebra la Comisión.

Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. ¿Quiénes serán los nuevos comisionados de la CIDH?, Agenda Estado de Derecho, 2021/10/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/quienes-seran-los-nuevos-comisionados-de-la-cidh/

Palabras clave: CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionados, Sistema Interamericano

Créditos:, Ariana Guevara, Texto. Diagramación, Paulo Cañón.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.