A pesar de que la interpretación del magistrado se ajustó a decisiones de la Corte IDH, la Corte Constitucional colombiana ya se había referido a la constitucionalidad y convencionalidad del peligro para la comunidad como fin de la detención preventiva, y había establecido que no era contrario al estándar interamericano. En una decisión del 2016, la Corte Constitucional analizó si el criterio de peligrosidad del procesado violaba las libertades constitucionales y la Convención Americana, para lo cual se apoyó en la jurisprudencia interamericana y un informe de 1997 de la CIDH sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. 

En primer lugar, la Corte Constitucional destacó que los criterios interpretativos orientadores del Sistema Interamericano no tienen que estar necesariamente en tensión con las normas internas y, por lo tanto, las interpretaciones constitucionales deben ser sistemáticas y deben estar encaminadas a lograr el grado máximo posible de armonía. 

En segundo lugar, reconoció que, en casos como Tibi v. Ecuador, la Corte IDH ha mencionado que del artículo 8.2 de la CADH se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad de un detenido “más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia” (el subrayado es nuestro). 

No obstante, también sostuvo que, en casos como el de Ricardo Canese v. Paraguay, la Corte IDH ha contemplado la probabilidad de ejecución de nuevos delitos, circunstancia ligada a la protección de la comunidad, como justificación para la imposición de la detención preventiva. Por esta razón, para la Corte Constitucional, la falta de un criterio consistente sobre la posibilidad de imponer prisión preventiva hace necesario entender las causales de peligrosidad nacionales como complementarias de los criterios discutidos en el Sistema Interamericano. 

Finalmente, la Corte Constitucional concluyó que la causal de justificación de la prisión preventiva con base en la protección de la comunidad era compatible con la jurisprudencia de la Corte IDH y los pronunciamientos de la CIDH, ya que era complementaria de la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso y evitar que obstruyera la justicia

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica sobre qué interpretación es más o menos adecuada, el problema práctico que surge son las diferencias entre jueces domésticos sobre cómo interpretar las tesis de la Corte IDH y de la CIDH y la pregunta sobre qué debe hacer un juez nacional cuando, en su criterio, las interpretaciones que su superior jerárquico ha hecho del estándar interamericano no están acordes con su propia interpretación de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

Un riesgo para la aplicación del control de convencionalidad es que estos splits interpretativos se resuelvan con fundamento en criterios jerárquicos internos, ya que puede desincentivar que jueces y juezas de distintos niveles cumplan un papel activo en la aplicación de los estándares internacionales hasta tanto no existan lineamientos claros de las altas cortes sobre cómo interpretar la jurisprudencia y la doctrina interamericanas. 

Además, las diferencias interpretativas pueden surgir no sólo entre diversos niveles jerárquicos, sino también al mismo nivel, haciendo aún más confuso el control de convencionalidad por parte de juezas de menor rango. Un ejemplo son las diferencias interpretativas entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, dos altas cortes de igual jerarquía, acerca de las limitaciones a los derechos políticos originadas por procesos disciplinarios no judiciales. Antes de que la Corte IDH resolviera el caso Petro v. Colombia, ambas cortes sostenían distintas interpretaciones sobre el caso López Mendoza v. Venezuela y las exigencias del Sistema Interamericano en torno a las consecuencias legales de las sanciones impuestas por órganos disciplinarios fuera de un proceso penal. 

Por un lado, el Consejo de Estado anulaba las limitaciones a los derechos políticos de los funcionarios públicos sancionados mediante procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación, un órgano administrativo de control. Por otro lado, la Corte Constitucional seguía defendiendo la competencia disciplinaria a partir de una “lectura armónica” de la CADH y la constitución nacional, concluyendo que las autoridades administrativas también tienen competencia para limitar los derechos políticos.