¿Quién interpreta a la Corte IDH?: la aplicación del control de convencionalidad en el nivel nacional

7 de Julio de 2021
¿Quién interpreta a la Corte IDH?: la aplicación del control de convencionalidad en el nivel nacional
Crédito foto: GoConqr

¿Quién debería ser el intérprete de la jurisprudencia de la Corte IDH en el orden nacional y cómo deberían resolverse los conflictos interpretativos internos? 

El ejercicio del control de convencionalidad por parte de jueces y juezas nacionales es un paso esencial en el cumplimiento efectivo de los estándares interamericanos de derechos humanos en la región. Sin embargo, su aplicación interna ha suscitado distintos retos teóricos y prácticos que requieren solución si se quiere lograr el objetivo de tener jueces y juezas interamericanas en todos los sistemas jurídicos y en todos sus niveles. Uno de estos retos son las divergencias interpretativas entre operadores jurídicos en torno a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) y su posible armonización con las normas y jurisprudencia nacional. 

Una decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá sobre la convencionalidad de un fin de la detención preventiva puso sobre la mesa la pregunta acerca de quién debería ser el intérprete de la jurisprudencia interamericana a nivel nacional y cómo deberían resolverse los conflictos interpretativos internos sobre las decisiones de la Corte IDH.

El peligro para la comunidad como justificación insuficiente de la detención preventiva

El pasado 22 de abril, se realizó una audiencia sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta a un gobernador que enfrenta un proceso penal por la posible comisión de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En una audiencia anterior, la Fiscalía había motivado la solicitud de imposición de la detención en el numeral 2 del artículo 308 Código de Procedimiento Penal, que establece que ésta procede si se puede inferir razonablemente que la persona procesada “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima”. El tribunal, en esa oportunidad, había aceptado ese planteamiento.

En una decisión rigurosa, el magistrado aceptó la solicitud de revocatoria a partir de una interpretación conforme a la Convención Americana y a los estándares desarrollados por su órgano intérprete, la Corte IDH. En este sentido, señaló que el tribunal interamericano, en 2018, fue categórico al establecer que “la privación de libertad del imputado sólo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”. 

Además, agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) ha considerado que la detención previa al juicio basada en fines preventivos como la peligrosidad del procesado para la comunidad es contraria al artículo 7.5 de la Convención Americana y a la presunción de inocencia, además de incongruente con el principio de interpretación pro homine. El asunto no es menor. Para algunos, esta decisión podría cambiar positivamente el futuro de las medidas de aseguramiento en Colombia.

Diferencias interpretativas entre jueces domésticos sobre el precedente interamericano

A pesar de que la interpretación del magistrado se ajustó a decisiones de la Corte IDH, la Corte Constitucional colombiana ya se había referido a la constitucionalidad y convencionalidad del peligro para la comunidad como fin de la detención preventiva, y había establecido que no era contrario al estándar interamericano. En una decisión del 2016, la Corte Constitucional analizó si el criterio de peligrosidad del procesado violaba las libertades constitucionales y la Convención Americana, para lo cual se apoyó en la jurisprudencia interamericana y un informe de 1997 de la CIDH sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. 

En primer lugar, la Corte Constitucional destacó que los criterios interpretativos orientadores del Sistema Interamericano no tienen que estar necesariamente en tensión con las normas internas y, por lo tanto, las interpretaciones constitucionales deben ser sistemáticas y deben estar encaminadas a lograr el grado máximo posible de armonía. 

En segundo lugar, reconoció que, en casos como Tibi v. Ecuador, la Corte IDH ha mencionado que del artículo 8.2 de la CADH se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad de un detenido “más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia (el subrayado es nuestro). 

No obstante, también sostuvo que, en casos como el de Ricardo Canese v. Paraguay, la Corte IDH ha contemplado la probabilidad de ejecución de nuevos delitos, circunstancia ligada a la protección de la comunidad, como justificación para la imposición de la detención preventiva. Por esta razón, para la Corte Constitucional, la falta de un criterio consistente sobre la posibilidad de imponer prisión preventiva hace necesario entender las causales de peligrosidad nacionales como complementarias de los criterios discutidos en el Sistema Interamericano. 

Finalmente, la Corte Constitucional concluyó que la causal de justificación de la prisión preventiva con base en la protección de la comunidad era compatible con la jurisprudencia de la Corte IDH y los pronunciamientos de la CIDH, ya que era complementaria de la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso y evitar que obstruyera la justicia

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica sobre qué interpretación es más o menos adecuada, el problema práctico que surge son las diferencias entre jueces domésticos sobre cómo interpretar las tesis de la Corte IDH y de la CIDH y la pregunta sobre qué debe hacer un juez nacional cuando, en su criterio, las interpretaciones que su superior jerárquico ha hecho del estándar interamericano no están acordes con su propia interpretación de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

Un riesgo para la aplicación del control de convencionalidad es que estos splits interpretativos se resuelvan con fundamento en criterios jerárquicos internos, ya que puede desincentivar que jueces y juezas de distintos niveles cumplan un papel activo en la aplicación de los estándares internacionales hasta tanto no existan lineamientos claros de las altas cortes sobre cómo interpretar la jurisprudencia y la doctrina interamericanas. 

Además, las diferencias interpretativas pueden surgir no sólo entre diversos niveles jerárquicos, sino también al mismo nivel, haciendo aún más confuso el control de convencionalidad por parte de juezas de menor rango. Un ejemplo son las diferencias interpretativas entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, dos altas cortes de igual jerarquía, acerca de las limitaciones a los derechos políticos originadas por procesos disciplinarios no judiciales. Antes de que la Corte IDH resolviera el caso Petro v. Colombia, ambas cortes sostenían distintas interpretaciones sobre el caso López Mendoza v. Venezuela y las exigencias del Sistema Interamericano en torno a las consecuencias legales de las sanciones impuestas por órganos disciplinarios fuera de un proceso penal. 

Por un lado, el Consejo de Estado anulaba las limitaciones a los derechos políticos de los funcionarios públicos sancionados mediante procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación, un órgano administrativo de control. Por otro lado, la Corte Constitucional seguía defendiendo la competencia disciplinaria a partir de una “lectura armónica” de la CADH y la constitución nacional, concluyendo que las autoridades administrativas también tienen competencia para limitar los derechos políticos.

¿Qué hacer para prevenir splits o divergencias interpretativas a futuro?

Resolver divergencias interpretativas sobre cuestiones de derecho no es una tarea fácil. Splits interpretativos como los mencionados no son propios de Colombia y seguirán haciendo presencia en todo el Sistema Interamericano. Sin embargo, un primer paso para abordar este obstáculo en la aplicación del control de convencionalidad es distinguir entre la definición clara de estándares interamericanos y una cultura legal o interpretativa alrededor de ellos. Los lentes cognitivos con que los jueces y juezas se aproximan a la doctrina de la Corte IDH son tan importantes como su contenido jurídico. La promoción de foros de discusión y formación sobre una “cultura legal interamericana” entre jueces y juezas nacionales puede reducir los cortocircuitos entre los distintos niveles jerárquicos domésticos. 

La CIDH y las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un rol fundamental en esta tarea. La Carta de la OEA otorga a la CIDH el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, de ahí que pueda contribuir con la formación de una cultura legal interamericana en todos los niveles. De igual forma, puede hacerlo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, establecido por la Corte IDH en los años 80 para la promoción del entonces incipiente sistema interamericano en la región y el fortalecimiento de estructuras sociales de soporte. También la sociedad civil, y especialmente las organizaciones de derechos humanos, que han sido históricamente gestoras del lenguaje y los marcos de derechos humanos en los ámbitos nacionales, pueden cumplir un importante rol en ese ámbito. Todo ello contribuiría a cambiar los lentes interpretativos de juezas, jueces y fiscales y a promover la incorporación de estándares internacionales en la resolución de sus controversias. 

Qué rasgos tiene —o puede llegar a tener— una cultura legal interamericana tampoco es una pregunta sencilla. Lo cierto es que, mientras se define con claridad quién interpreta a la Corte IDH, es razonable esperar que las juezas y los jueces no se orienten solo por criterios jerárquicos internos, sino que, a partir de una motivación razonable, adopten las decisiones menos restrictivas de los derechos convencionales, más aún cuando se trata de derechos tan sensibles como la libertad personal y los derechos políticos. 

Citación académica sugerida: Martínez, Santiago; Virgüez, Santiago. ¿Quién interpreta a la Corte IDH?: la aplicación del control de convencionalidad en el nivel nacional. Agenda Estado de Derecho, 2021/07/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/quien-interpreta-a-la-corte-idh-aplicacion-del-control/

Palabras clave: Colombia, control de convencionalidad, Corte IDH, detención preventiva.

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ACERCA DE LOS AUTORES
Santiago Martínez Neira

Abogado de la Universidad de Los Andes. Actualmente trabaja como especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha trabajado como consultor en derechos humanos para la Comisión Internacional de Juristas y la Fundación para el Debido Proceso.

Santiago Virgüez-Ruiz

Abogado y Politólogo de la Universidad de Los Andes. Magíster en ciencias jurídicas (JSM) de la Universidad de Stanford. Actualmente es estudiante de PhD en Ciencia Política en la Universidad de Massachusetts Amherst. Ha trabajado como investigador en reforma judicial en Dejusticia.

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