Los hitos de la principal estrategia para prevenir la tortura son parte de una historia muy reciente. Solo han transcurrido veinte años desde la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), dieciséis años de su ratificación por parte del Estado de Chile, y cinco años desde la promulgación de la Ley 21.154 que crea al Comité para la Prevención contra la Tortura (CPT).

El Protocolo Facultativo, que propone un sistema internacional de visitas a lugares de privación de libertad, abordó especialmente las definiciones de conceptos centrales como la privación de libertad (art. 4.2) y el lugar de privación de libertad (art. 4.1), ya que éstos permitirían fijar el ámbito de acción de sus dos órganos: el Subcomité para la Prevención de la Tortura – en sus visitas a nivel global- y de los Mecanismos Nacionales -a nivel local. Específicamente se consagra que una persona está privada de libertad cuando ve interrumpido su derecho al libre desplazamiento y define como lugar de privación de libertad a cualquier mueble o inmueble, público o privado (funcionando con la autorización expresa o tácita del Estado) donde se encontraren personas privadas de libertad.

El OPCAT y las leyes nacionales han otorgado una gran importancia al “espacio físico”, como ámbito del monitoreo. Esto se explicó -y se continúa analizando- por la dificultad estructural que existe para controlar o supervigilar a las “instituciones totales” y a las dinámicas de aislamiento de la sociedad que experimentan las personas que residen allí, tal y como lo documentó el sociólogo Erving Goffman en la década del 60´. Fue así como la cárcel, la unidad policial, el hospital psiquiátrico, el centro de justicia juvenil y las residencias de protección de derechos de la infancia han sido el ámbito donde mayormente, en estos veinte años, se ha desarrollado el trabajo de monitoreo de los mecanismos nacionales. Más recientemente, algunos mecanismos han integrado en su mandato a: i) establecimientos de larga estadía de personas mayores; ii) centros de detención de personas migrantes, iii) residencias sanitarias, entre otras. Siendo clave -en todos ellos- el estado de privación de libertad.

En el ámbito de la prevención de la tortura en la custodia policial, las consecuencias de esta definición han tenido claras proyecciones. En Chile, como en otros lugares del mundo, el trabajo de monitoreo, sobre todo en las primeras horas de la detención, ha estado centrado en la unidad policial y en recomendaciones para construir o fortalecer salvaguardas o medidas de protección, exclusivamente de responsabilidad de las policías.

En los tres años de trabajo que el Área de Función Policial del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile ha realizado con las policías, el cual se ha traducido en la visita a más de noventa unidades policiales en distintas regiones del país, se han constatado avances significativos en materia de construcción e implementación de salvaguardas para elevar los estándares de seguridad y dignidad de las personas en detención. Hasta ahora, esas mejoras han tenido un carácter excepcional y una aplicación solo a nivel local, por lo mismo, el gran desafío será mantener en el tiempo dichas mejoras y que las instituciones policiales las estandaricen a nivel nacional.

Al mismo tiempo, se ha advertido –como lo han hecho distintos reportes nacionales e internacionales- que la mayoría de los factores de riesgo de tortura ocurren en otros momentos de las primeras horas de la detención (traslados, constatación de lesiones, traspaso de la custodia entre las policías y el servicio penitenciario en los tribunales, entre otros).

Finalmente, sobre este punto, se ha observado que algunos territorios se han transformado en ecosistemas más seguros para las personas imputadas en sus primeras horas de detención, por ejemplo cuando la Defensoría Penal Pública ha dispuesto que sus defensores se constituyan en las comisarías para que se entrevisten con las personas imputadas. Lo mismo sucede si los fiscales del Ministerio Público se coordinan en forma ágil y eficaz con las policías a cargo de los procedimientos, o cuando estas últimas lo hacen con las autoridades de salud para que el trámite de constatación de lesiones se realice en forma rápida y exhaustiva. Puede sumarse como símil de estas ventajas toda vez que los jueces de garantía, en la audiencia de control de detención, velan con celo que cada uno de estos intervinientes haya cumplido con sus obligaciones respectivas.

Estos hallazgos, es decir, la necesidad de salir de la unidad y de incluir a todos los actores del sistema penal en el trabajo preventivo, en cuanto a la forma de concebir el ámbito de acción del monitoreo preventivo propuesto por el OPCAT, nos lleva a una reflexión aún mayor. En un mundo donde las formas binarias de ver la vida (bueno/malo-amigo/enemigo-nacional/extranjero) se imponen y donde la respuesta punitiva como la única forma de resolver problemas sociales prevalece, la prevención de la tortura además de mirar a los lugares de custodia, y a sus históricos y crónicos problemas, debe centrarse también en los contextos de privación de libertad (no necesariamente asociado a un espacio físico, como por ejemplo un control de identidad), en el sistema de justicia y sus operadores y en la función misma de seguridad.

Aceptar esta conclusión, en el ámbito de la prevención del delito y mantenimiento del orden público, nos llevaría a concebir como garantes de la integridad personal y, por lo mismo, como agentes de prevención de la tortura, a todas las instituciones sean estas públicas o privadas y que, de alguna manera, contribuyen en la coproducción de la seguridad. Militares -que pese a lo desaconsejable de la medida- participan en tareas de control del orden público, equipos de seguridad municipal, empresas de seguridad privada, fabricantes de armas y equipos conexos, desde ya las policías, el Ministerio Público, las defensas públicas o privadas, el Poder Judicial, todos esos órganos y agentes tienen el gran desafío de reconocer el rol que les cabe en la protección de la integridad personal de las personas privadas de libertad.

Esta forma integrada de comprender a los lugares de privación de libertad como parte de un sistema y expandir la responsabilidad en la protección de la integridad personal a un mayor número de actores, creo que sería una de la claves para mejorar el rendimiento de los Estados en la difícil tarea de prevenir la tortura y los malos tratos, convirtiendo a los contextos y lugares de privación de libertad en espacios más seguros, contribuyendo a hacer más eficiente la gestión de la seguridad.