¿Por qué pedir más tiempo para la verdad en Colombia?
14 de Septiembre de 2021
El tiempo de la Comisión de la Verdad se agota ya que la pandemia limitó su capacidad. Varios sectores piden que su tiempo sea interpretado como material y no nominal.
La Comisión de la Verdad (CEV), creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado de Colombia y las FARC-EP– llegó en 2019 al municipio de Granada, en el departamento de Antioquia. Durante varios meses, como parte del programa “territorios por la verdad”, la CEV escuchó a las víctimas. Las primeras semanas, cargadas de la desconfianza que ha caracterizado su relación con el Estado, las víctimas llegaron de a pocos. Sin embargo, esas primeras víctimas sintieron que la escucha era auténtica y los espacios respetuosos. Pronto, las voces de las primeras empezaron a llenar de esperanza y muchas otras se acercaron a los ejercicios citados por la Comisión. Como ha reconocido Gloria Ramírez, representante de la organización de víctimas Asovida, este proceso permitió que se encontraran en espacios comunitarios propicios para construir confianza, lo cual fue importante para contar su verdad, procesar el duelo y empezar a sanar.
Aunque la potencia dignificadora y comunitaria de estos espacios se replicó en varias regiones del país, la pandemia la ha disipado. El trabajo de la CEV se ha visto gravemente afectado por las cargas que la virtualidad y el distanciamiento han impuesto desde el inicio de la pandemia. En medio de las restricciones y en una carrera contra el reloj –dado que el mandato de la Comisión finaliza, en principio, en noviembre de este año– la verdad de las víctimas se fue quedando sin tiempo y espacios. Es por esto que varias organizaciones de víctimas, con el acompañamiento del Programa PAISS de la Universidad de los Andes y de Dejusticia –organización a la que me encuentro vinculada–, en una demanda solicitamos a la Corte Constitucional que, dentro del ámbito de sus atribuciones, le dé más tiempo a la Comisión para esclarecer la verdad.
Estos procesos de escucha con las víctimas que la CEV ha impulsado son fundamentales en un país como Colombia, fracturado por las heridas de la guerra. Sin embargo, la llegada de la pandemia obligó a la Comisión a suspenderlos de manera transitoria y luego a transformarlos para ajustarlos a la virtualidad. La presencia física en las regiones y los encuentros comunitarios dieron paso a reuniones en plataformas virtuales. Muchas víctimas le apostaron a conectarse y participar. Pero para muchas otras, a las que la comisión no había alcanzado a llegar, la construcción de confianza era una tarea pendiente en la que la virtualidad no ha sido la mejor aliada.
Además de los límites de la virtualidad para generar espacios seguros de escucha, el trabajo en pandemia ha tenido que enfrentarse a un reto fundamental: la brecha digital. Colombia es un país con enormes problemas de conectividad, en especial en aquellos territorios en los que las víctimas se cuentan por miles. Ausencia de equipos adecuados, mala calidad de la señal o incluso ausencia de esta hacen parte de la realidad que muchas víctimas enfrentan en su cotidianidad. Así, aunque quisieran conectarse, los nuevos espacios virtuales no logran sustituir plenamente los presenciales.
Esta nueva realidad virtual ha retrasado el trabajo de la CEV. La Comisión ha tenido que invertir tiempo considerable en ajustar sus metodologías y dinámicas de trabajo. También ha llegado a menos territorios y ha escuchado a menos víctimas. La CEV solo funcionó en condiciones de normalidad durante el 40% de su mandato. Estas demoras y límites no son menores frente a la enorme misión que tiene la CEV: esclarecer la verdad sobre lo ocurrido en 52 años de conflicto armado en 3 años.
El 21 de julio de 2021, la Corporación Personas con Capacidades Diversas (PERCADI), la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida (ASOVIDA), y los nodos de Antioquia, Pacífico, Caribe y Sur Oriente de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, acompañados por el Programa PAISS de la Universidad de los Andes y Dejusticia, presentaron una acción pública de inconstitucionalidad.
La demanda busca que la Corte Constitucional analice si los efectos que ha tenido la pandemia sobre el trabajo de la CEV han sido tan intensos como para vulnerar el derecho a la verdad y el cumplimiento de buena fe del acuerdo final de paz (AFP). La acción demuestra que sí y, en consecuencia, pide a la Corte que interprete las normas demandadas (partes de los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017) para asegurar que el término de la CEV sea efectivo y no solo nominal. Es decir, no pretende que la Corte establezca un nuevo término, sino que garantice que los 3 años de trabajo que establece la Constitución sean reales y efectivos.
Aunque la mayoría de las intervenciones ante la Corte Constitucional van en el mismo sentido de la demanda, el Ministerio de Justicia y Presidencia afirman en su intervención que esta desconoce la cosa juzgada. De acuerdo con dicha intervención, en la Sentencia C-017 de 2018, la Corte Constitucional concluyó que el término de 3 años se ajustaba a la Constitución, entre otras razones, porque no era desproporcionadamente corto en comparación con la experiencia comparada. Por tanto, habría cosa juzgada y la Corte no debería pronunciarse de fondo.
Sin embargo, en este caso opera la cosa juzgada aparente. Aunque ya se había pronunciado sobre este tema, la Corte también estableció en las sentencias C-174 de 2017 y C-017 de 2018 que respecto de los decretos-ley promulgados para implementar el AFP puede operar la cosa juzgada aparente. Esto le permite a la Corte volver a pronunciarse cuando existan problemas de inconstitucionalidad objetivos y trascendentales que no hubiera estudiado. Esta es una posibilidad absolutamente excepcional que se configura en este caso. De hecho, el auto que admite la demanda reconoce la existencia de esta figura, pues la pandemia habría generado un problema trascendental de constitucionalidad que la Corte no pudo prever ni analizar en su momento.
Le corresponde ahora a la Corte decidir si, como argumentó la demanda, la pandemia ha afectado desproporcionadamente el derecho a la verdad y el deber de cumplir de buena fe los acuerdos de paz.
Una decisión favorable a esta demanda no tendría por qué afectar el periodo de otras instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Estado. Sin duda, la Comisión es la institución creada en virtud del AFP más afectada por la pandemia, pues es la única con un término tan corto. Además, aunque otros funcionarios del Estado pueden también tener periodos cortos, estos representan instituciones que tienen vocación de permanencia y cuyas funciones seguirán cumpliéndose incluso después de que dichos funcionarios dejen el cargo. La CEV va a desaparecer y por eso es clave que su legado se vea fortalecido.
Dada su enorme contribución a la garantía de los derechos de las víctimas y a la paz y su corto tiempo de funcionamiento, es deseable que la Corte decida el caso usando la figura de la urgencia nacional. Esto le permitiría fallar antes de noviembre de este año, cuando la CEV debe emitir su informe final. Solo así la Comisión podrá tener más tiempo para escuchar a las víctimas, ampliar su trabajo regional y contribuir a la convivencia en el país.
Citación académica sugerida: Guzmán Rodríguez, Diana ¿Por qué pedir más tiempo para la verdad en Colombia? Agenda Estado de Derecho. 2021/09/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/por-que-pedir-mas-tiempo-para-la-verdad-en-colombia/
Palabras clave: Colombia, Comisión de la Verdad, ampliación del término
Subdirectora de Dejusticia y profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
