El Dictamen del Comité CEDAW conforme al artículo 7, párrafo 3 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación núm. 173/2021, se refiere a la denuncia hacia el Estado de Suiza (artículos 1 a 3, 15 y 16 de la CEDAW). La demandante, de nacionalidad iraní, alegó ante el Comité que correría un riesgo inminente de ser objeto de discriminación por razón de género, muerte y tortura en la República Islámica de Irán si se rechazaba su solicitud de asilo y era deportada por parte del Estado de Suiza. En octubre de 2015, la autora y su familia salieron de Iraq con pasaportes falsos a través de Turquía y, en 2016, llegaron a Suiza. En diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Migración de Suiza rechazó la solicitud de asilo de la demandante y su familia. El 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo Federal desestimó su recurso. Por su parte, el Estado rechazó la solicitud de asilo de la demandante y su familia, ya que entendió que los riesgos y violencia de género no emanan de las autoridades iraníes, sino de particulares. Específicamente sufría amenazas de crímenes de honor por estar relacionada sentimentalmente con un hombre de origen kurdo. Además, Suiza señaló que el Estado de Irán podía brindar la asistencia y protección que la demandante requería y que podía reubicarse junto a su familia en Irán, en otra ciudad de ese mismo país, en donde no sufriera persecución y violencia. En otras palabras, que no era susceptible de recibir asilo. En el presente caso, el Comité concluyó que el Estado de Suiza no tuvo suficientemente en cuenta el riesgo real, personal y previsible de que la autora sufriera formas graves de violencia de género, en caso de ser devuelta a la República Islámica de Irán.

En cuanto a lo establecido por la Corte IDH en relación con el derecho a asilo, en su Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018, señaló que todas las modalidades de asilo podrían estar incluidas bajo la protección del artículo 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). La Corte ha definido como un componente integral del derecho a buscar y recibir asilo, la obligación a cargo del Estado de no devolver de ningún modo a una persona a un territorio en el cual sufra riesgo de persecución. Específicamente, sobre discriminación en razón de género en condición de persona refugiada, en el Caso I.V. Vs. Bolivia, de 30 de noviembre de 2016, la Corte IDH sostuvo que existen múltiples formas de discriminación que afectan el goce y ejercicio de derechos humanos por parte de algunos grupos de mujeres, como I.V., con base en la intersección de diversos factores como su condición de migrante (en este caso, I.V. tenía condición de refugiada).

La Convención de Belém do Pará, en particular, aborda directamente la violencia contra las mujeres y obliga a los Estados partes tomar medidas efectivas para prevenirla y sancionar a los perpetradores. Establece en su artículo 9, que los Estados tengan especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. 

Tanto en el caso analizado en el Dictamen del Comité, como en reiterada jurisprudencia de la Corte, se establece que los Estados tienen la obligación de observar las situaciones de riesgo real, inmediato e inminente. Así, por ejemplo, en el Caso Yarce y otras Vs. Colombia, el criterio del Tribunal para evaluar el surgimiento de la responsabilidad del Estado por faltar al deber de garantía fue verificar que al momento de los hechos existía una situación de riesgo real para la víctima, que las autoridades tenían o debían tener conocimiento del riesgo. Pese a ello, no adoptaron medidas dentro de sus facultades para prevenir o evitar el riesgo.

Aunque tanto la CEDAW como el SIDH comparten el objetivo de eliminar la violencia y la discriminación de género, existen diferencias en sus enfoques. La CEDAW se centra en la igualdad de género en todos los aspectos de la vida, mientras que la Convención de Belém do Pará se enfoca específicamente en la violencia contra las mujeres. No obstante, ambos sistemas apuntan y condenan los patrones de violencia y discriminación contra las mujeres, especialmente contra aquellas que sufren discriminación dentro de alguna categoría diferenciada.

Asimismo, es posible identificar en este diálogo entre sistemas que, tanto el Comité CEDAW como jurisprudencia de la Corte (Ver, por ejemplo, Casos Campo Algodonero, Atala Riffo y Gonzales Lluy), han establecido que la discriminación en contra de la mujer está relacionada con otros factores, como la raza, el origen étnico u otras condiciones. En este sentido, la discriminación que puede sufrir una solicitante de asilo, exige una especial atención por parte de los Estados otorgantes para proteger adecuadamente los derechos humanos de esta población vulnerable.

Al respecto también, la Corte IDH ha considerado en el Caso Nadege  Dorzema  y  otros  Vs.  República  Dominicana, que el  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos (DIDH) no  solo  prohíbe  políticas  y  prácticas  deliberadamente  discriminatorias,  sino  también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria. En este sentido, una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y  casos  de  discriminación  indirecta  reflejada  en  el  impacto  desproporcionado  de  normas,  acciones, políticas o en otras medidas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables. (Ver Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana). En el caso de análisis del presente artículo, cabe identificar que el Comité CEDAW coincide en la posición de la Corte IDH, puesto que determinó que existió un trato discriminatorio, en el tanto discriminación de género, en el ejercicio del derecho de asilo de la solicitante.