¿Para qué nos sirve la Convención Interamericana de Adultos Mayores?

22 de Febrero de 2023
¿Para qué nos sirve la Convención Interamericana de Adultos Mayores?
Foto de Matt Bennett en Unsplash

En 2015 fue aprobada la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿cuál es su importancia para la región?

Todos lo sabemos. Con el tiempo, todas las personas envejecemos. Esto lo confirman los datos para nuestra región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2010 y 2030, en América Latina y el Caribe, la cantidad de personas mayores se duplicará de 58,57 millones a 119,67 millones, y en 2050 la región contará con 195,87 millones de personas mayores. Ese incremento significa que, en 2050, el porcentaje de personas mayores llegará a alrededor del 25% en toda la región. Es por esto que todos debemos estar anotados en la agenda destinada a fortalecer los instrumentos normativos de derechos humanos, y las acciones de política pública, para proteger los derechos de las personas mayores.

La protección normativa de las personas mayores en el Sistema Interamericano

Afortunadamente en nuestro hemisferio se dio un desarrollo importante, después de muchos años de dispersión jurídica relativa a los derechos de las personas mayores. En 2015, luego de seis años de negociaciones, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, se aprobó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, el único instrumento interamericano, y el primero a nivel internacional, que cubre la gama de derechos a ser protegidos para las personas mayores, desde los civiles y políticos, hasta los económicos, sociales y culturales.

Según la mencionada Convención Interamericana, persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. Igualmente indica que la edad base a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor, no puede ser mayor a los 65 años. En tal sentido, el objetivo de la Convención – como el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo – es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

La Convención subraya que “la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”. Es importante destacar que la Convención es una de las convenciones más holísticas en el mundo, contemplando casi cada área de la vida de adultos mayores. También funge como mecanismo integrador de los principios y derechos señalados en la serie de instrumentos sobre la materia que ya habían sido producidos a nivel interamericano e internacional (por ejemplo, los Principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad (1991), la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) o la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)).

¿Por qué es importante esta Convención?

Porque en las Américas las personas mayores continúan enfrentando edadismo, referida a la forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación), con respecto a los demás o a nosotros mismos, por razón de la edad. El edadismo se ve reflejado, por ejemplo, en la falta de representación de personas mayores en el cine y televisión, o la discriminación laboral que muchos sufren después de cierta edad por asumirse que no pueden ser dinámicos, o contribuir con nuevas ideas a espacios de trabajo. El hecho es que, lamentablemente en la      región, la edad cronológica puede convertirse con frecuencia en una fuente de vulnerabilidad para el ejercicio de derechos.  La discriminación basada en la edad de las personas continúa siendo una de las prácticas más comunes, y un reto a enfrentar por las personas mayores, situación que se complejiza cuando además de ser personas mayores, también representan otros grupos que históricamente han sufrido discriminación basada en el sexo, identidad o expresión de género, origen étnico-racional, discapacidad, entre otras identidades. Los efectos de esta discriminación por edad, que también es interseccional o múltiple, tienen consecuencias concretas en la vida de las personas mayores: estas se encuentran frecuentemente en una situación de desigualdad sustantiva respecto del ejercicio de los derechos humanos generalmente reconocidos, volviéndolas más vulnerables a las violaciones específicas de esos derechos. Esta Convención, y su implementación, importan porque nos dan las pautas para actuar y para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas, precisamente, a combatir y, ojalá, eliminar esta discriminación, así como también nos permite acercar derechos a las personas mayores.

Más aun, esta Convención representa un cambio de paradigma, de una concepción sobre los derechos del adulto mayor en algunos de los países de la región mayormente basada en un enfoque asistencialista, que prioriza necesidades básicas y urgentes, a un enfoque de derechos e inclusión, que enfatiza una concepción mucho más integral, en la cual la persona mayor es vista como ciudadano o ciudadana con derechos, que contribuye a la sociedad, y cuyas perspectivas y saberes son tan importantes como los del resto de la sociedad.

Conclusiones

La buena noticia es que los países de la región han progresado en el diseño de políticas públicas bajo este enfoque de derechos e inclusión. Un hito importante se dio en 2022, cuando Colombia depositó su firma y ratificación de la Convención en la OEA. Colombia se sumó a ocho países que ya habían firmado y ratificado el instrumento, a saber: Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, y Perú. Adicionalmente, México está considerando en este momento la ratificación del documento, y a partir de ahí corresponderá activar un Comité que haga seguimiento a la implementación de la Convención, tal como el mismo tratado plantea. Sin embargo, más importante será asegurar el pleno cumplimiento de sus contenidos y asegurar que las personas mayores en América Latina no solo gocen de sus derechos en el papel, sino también en su vida cotidiana.

* Las opiniones son personales. No representan las de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Citación académica sugerida: Muñoz-Pogossian, Betilde. ¿Para qué nos sirve la Convención Interamericana de Adultos Mayores? Agenda Estado de Derecho. 2023/02/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/para-que-nos-sirve-la-convencion-interamericana-de-adultos-mayores/

Palabras Clave: envejecimiento, derechos humanos, personas mayores.

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ACERCA DE LA AUTORA
Betilde Muñoz-Pogossian

Directora del Departamento de Inclusión Social, Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.