A la espera de la opinión consultiva interamericana sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos

14 de Septiembre de 2023
A la espera de la opinión consultiva interamericana sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos
Crédito foto: Revosprosper

¿Qué aportes al derecho internacional podría brindar la próxima opinión consultiva de la Corte IDH sobre emergencia climática y derechos humanos?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el blog de Ámbito Jurídico .

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A principios de este año, Colombia y Chile solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, constituyéndose en un hecho histórico para la lucha contra el cambio climático en la región. De forma paralela, en marzo del presente año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático, conforme con la iniciativa promovida por la República de Vanuatu. Ambas solicitudes de Opiniones Consultivas son fundamentales para establecer las bases legales de la justicia climática, así como para aclarar las obligaciones de los Estados en materia de mitigación y adaptación. (Recomendado: La solicitud de opinión consultiva sobre la emergencia climática: una oportunidad para que la Corte IDH aclare el deber de mitigar).

En este marco, el objetivo principal de la solicitud presentada a la Corte IDH consiste en consultarle a la Corte cuáles son las obligaciones de los Estados que hacen parte de la Convención Americana para hacerle frente a la emergencia climática, teniendo especialmente en cuenta las afectaciones diferenciadas que dicha emergencia tiene sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales, la protección de la naturaleza y la supervivencia.

Dicha solicitud se realiza conforme a la función consultiva de la Corte Interamericana, frente a la cual se encuentran facultados para solicitar opiniones consultivas todos los Estados miembros de la OEA y los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte ejerce dos competencias principales en el ejercicio de su función consultiva: en primer lugar, analiza la compatibilidad de normas internas con la Convención Americana; en segundo lugar, se encarga de la interpretación de la Convención o de otros tratados de derechos humanos en los Estados Americanos. Se trata de una función similar a la que tiene la Corte Internacional de Justicia en el sistema de las Naciones Unidas, pero en este caso es a escala regional.

En este contexto, el informe publicado el 9 de agosto de 2021, por el Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), se ha convertido en una alerta roja para la comunidad internacional. Los datos son preocupantes y reflejan que la amenaza del calentamiento global es inminente. En particular, en el Informe se considera “muy probable” un calentamiento superior a los 2°C a mediano plazo (2041-2060) en un escenario de emisiones muy altas; y es probable incluso que la barrera de los 1, 5 °C se supere a corto plazo (2021-2040) aunque se dé un escenario de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. La situación crítica se evidencia además en el uso del término “emergencia climática” de manera cada vez más frecuente por parte de la comunidad internacional, los políticos e incluso la ciudadanía.

Además, se ha reconocido que los impactos del cambio climático exacerban las desigualdades, aumentan la pobreza y afectan de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, tales como niños, niñas, mujeres o pueblos indígenas. A esto se suma el hecho de que el IPCC ya ha reconocido también que el cambio climático tiene impactos diferenciados en las diversas regiones del planeta, y que América Latina es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático, a pesar de ser una de las regiones que menos ha contribuido con la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata sin duda de una problemática de justicia climática, pues los países que menos han contribuido al cambio climático son los más afectados, por lo que en virtud del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países industrializados tienen una responsabilidad histórica frente a los países en vía de desarrollo.

En efecto, los tratados han empezado a reconocer y desarrollar el nexo entre cambio climático y derechos humanos ya que, al respecto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que el cambio climático crea una amenaza inmediata y de gran alcance para la población y las comunidades de todo el mundo y tiene repercusiones sobre el pleno disfrute de los derechos humanos.

En el 2021, mediante una decisión histórica, el Consejo de derechos humanos declaró el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano y exhortó a los Estados a trabajar en conjunto para implementarlo. En el 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal.

Cabe destacar que América Latina ha sido pionera en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mediante la labor de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). Esto se evidencia en el temprano reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, el cual fue plasmado en el Protocolo de San Salvador en 1988. Así mismo, el Sistema Interamericano reconoció la existencia de una relación innegable entre la protección del ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-2317.

En efecto, en el seno del Sistema Interamericano se ha desarrollado el alcance de los derechos humanos en la emergencia climática, mediante la aprobación por unanimidad en la Comisión Interamericana de la Resolución 3/21Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos”, en la cual se reconoce la centralidad del enfoque de derechos humanos en la construcción de instrumentos, políticas y planes de lucha contra el cambio climático; los derechos humanos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en materia ambiental y climática, como por ejemplo las mujeres y los migrantes; los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades tribales, afrodescendientes y campesinas; los derechos de las personas defensoras de la tierra y la naturaleza; los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. Así mismo, la Corte Interamericana, en el caso Nuestra Tierra contra Argentina, reconoció por primera vez la responsabilidad de un Estado por la vulneración a los derechos a un ambiente sano, al agua y a la alimentación.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Opinión consultiva en cuestión, Chile y Colombia le formularon al órgano jurisdiccional una serie de preguntas estructuradas alrededor de seis temas principales, a saber:

1. Deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculados frente a la emergencia climática.

2. Preservación del derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos.

3. Obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática.

4. Procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática.

5. Protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática.

6. Responsabilidades compartidas y diferenciadas de los Estados frente a la emergencia climática.

En conclusión, como se pudo visualizar en las cuestiones elevadas ante la Corte Interamericana, este futuro pronunciamiento es susceptible de revolucionar el alcance de las obligaciones estatales en el contexto de la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos, constituyéndose en un aporte fundamental del Sistema Interamericano en la escala global.

Citación académica sugerida: Schembri Peña, Angela. A la espera de la opinión consultiva interamericana sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2023/09/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/opinion-consultiva-interamericana-sobre-emergencia-climatica-y-derechos-humanos/

Palabras claves: América Latina, emergencia climática, derechos humanos

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ACERCA DE LA AUTORA
Ángela Schembri Peña.

Abogada magister en Derecho especialista en Derecho Ambiental, candidata a doctora en la Universidad Javeriana en cotutela con la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cónsul Honoraria de Malta en Colombia. Parte del Consejo Directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI)

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.