Nuevas tecnologías que afectan la vida humana se desarrollan y aplican antes de la necesaria reflexión. La prudencia y la responsabilidad son ineludibles, también en la política.
Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y Diálogo Político
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Conecta a la región con los grandes debates geoestratégicos en el mundo. Construye una ventana de difusión de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina. DIÁLOGO POLÍTICO es parte del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina (KAS Partidos)
Hay cada vez más investigaciones que están revolucionando nuestro conocimiento sobre el cerebro humano. Estas investigaciones han dado lugar en los últimos años a un área multidisciplinar llamada neurociencias. De estas han surgido nuevas disciplinas como la neurofisiología, la neurolingüística, la neuropsicología, la neurogenética, dentro del campo científico, que han cambiado radicalmente lo que sabíamos sobre los procesos mentales, las emociones y el aprendizaje.
Junto con las neurociencias han aparecido las nuevas neurotecnologías. Con un desarrollo imparable, abren un horizonte de posibilidades impensables hasta hace poco tiempo para la medicina, pero también de riesgos para la libertad y el respeto de la dignidad humana. Así, se está planificando el desarrollo de dispositivos para decodificar la información de nuestro cerebro, descifrar el código neuronal, amplificar nuestros sentidos, modificar nuestros recuerdos o crear cyborgs.
Los debates en bioética y las agendas políticas en estos temas se complejizan para establecer los límites entre las posibilidades para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y los abusos y manipulaciones que pueden hacerse con las personas hasta niveles solo vistos en el cine de ciencia ficción.
La evolución de la neurociencia y, en paralelo, de la neurotecnología es imparable. Por un lado, las nuevas tecnologías de intervención sobre el cerebro permiten solucionar problemas de visión, de audición, de memoria y se está trabajando sobre enfermedades neurodegenerativas.
Pero, al mismo tiempo, se pretende impulsar desde el ámbito militar un modem cerebral que se implantaría en el cráneo del soldado para ampliar capacidades cognitivas buscando crear un supersoldado, junto a otras herramientas de superación de capacidades físicas.
El proyecto Neuralink, de Elon Musk, va más lejos. Pretende desarrollar una interfaz cerebro-máquina (bidireccional) que no solo estimulará el cerebro, sino que podrá recibir e interpretar información proveniente de la mente humana. Hecha la conexión se podrán identificar emociones, pero también inducirlas y crear estados de ánimo. Algunos llegan a especular con que se podrá leer el pensamiento de una persona, penetrar en su memoria y controlarla. Y no estamos hablando de una novela de ficción, sino de proyectos reales.
¿Qué pasaría con el análisis de esta información por medio de técnicas de big data para el marketing o las campañas electorales? ¿Cómo afectaría a los fundamentos de los sistemas democráticos que presuponen la deliberación pública y racional entre personas mentalmente libres?
Aunque algunos estudios actuales de neuropolítica ponen en cuestión algunos presupuestos racionalistas heredados de la Ilustración y atienden más al peso de las emociones y los marcos mentales para la aceptación de los hechos [Lakkof, G. (2008) The Political Mind. Nueva York: Viking.], la modificación del cerebro, más allá de lo que podamos saber sobre su funcionamiento, nos llevaría a posibles escenarios no imaginados por los teóricos de la neuropolítica. Lo que hemos visto con el manejo y análisis de datos y el poder de las redes sociales es insignificante en comparación con los desafíos que implicarían estos proyectos en materia de libertades y protección de derechos.
Aunque suene a ciencia ficción, en las próximas décadas veremos dispositivos capaces de decodificar la información de nuestro cerebro y de modificar nuestra memoria y nuestra percepción de la realidad.
En este escenario entran en juego los debates ante los límites éticos y jurídicos. Se está pensando sobre un nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos llamado neuroderechos, como algo imprescindible para proteger nuestra privacidad mental y la dignidad de toda persona. En esta línea existe una comunidad internacional de neurocientíficos que han creado una fundación para desarrollar un código deontológico para científicos implicados en neurotecnología y para el reconocimiento internacional de neuroderechos.
La regulación internacional debería establecer tanto principios fundamentales de protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales como una regulación que permita el avance en cuestiones de salud, pero poner límites al mejoramiento humano con fines transhumanistas o que pongan en peligro la privacidad y la libertad de las personas.
Por diversas cuestiones referidas a la manipulación biotecnológica es que está surgiendo un nuevo sector dentro del derecho internacional especializado en bioética, por la necesidad de abordar los riesgos ligados a los nuevos desarrollos que afectan la vida en su sentido más amplio, no solo a los seres humanos. No se centra tanto en las relaciones entre los Estados, sino en la protección de la humanidad como comunidad de destino común. Algunas normativas comienzan a anticipar los riesgos y se adoptan antes de que los intereses políticos y económicos impidan el consenso en torno a principios y criterios de actuación.
En setiembre de 2021, en Chile se legislaron neuroderechos, anticipándose a problemas futuros que surjan debido a los progresos de la neurotecnología, y se ha vuelto una referencia para la reflexión internacional y futuras regulaciones. La ley chilena establece que «el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y que se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica».
Los cinco neuroderechos que quieren sumarse como nuevos derechos para proteger nuestros cerebros son:
1. Identidad personal: no alterar el sentido del yo bajo ninguna circunstancia.
2. Libre albedrío: las personas tomarán las decisiones libremente, sin manipulación neurotecnológica.
3. Privacidad mental: No se podrán utilizar datos de la actividad cerebral sin el consentimiento de las personas.
4. Protección contra sesgos: No se podrá discriminar a las personas a partir de datos obtenidos por neurotecnologías.
5. Acceso equitativo: las mejores de capacidades cerebrales deben ser accesibles a todos.
Si bien el concepto de neuroderechos no me parece muy convincente ni adecuado, porque los derechos no son del cerebro ni de las neuronas, sino de la persona, el objetivo de estas propuestas de nuevos derechos lo que hacen es buscar que se respete y se protejan derechos y libertades fundamentales que se derivan de la dignidad humana y que parecen estar en riesgo ante proyectos transhumanistas.
A su vez, esta iniciativa chilena intenta aplicar el principio de precaución y de responsabilidad intergeneracional, (Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.) entendiendo que podemos afectar no solo a las nuevas generaciones, sino a la especie humana en sus derechos fundamentales.
El problema con las nuevas tecnologías es que van desarrollándose y aplicándose antes de que exista la debida reflexión y discernimiento que permitan la correspondiente prudencia y precaución para evitar graves consecuencias para la vida humana. Si bien el entusiasmo en las ciencias biomédicas permite soñar una mejor calidad de vida para las personas más afectadas por discapacidades severas o enfermedades degenerativas, no es superfluo el impacto negativo que pueden tener estos proyectos sobre las personas, la convivencia social, la libertad de los individuos y, por ello, sobre la democracia tal como la conocemos. Un nuevo desafío de responsabilidad política que requiere un profundo y serio discernimiento multidisciplinario.
Citación académica sugerida: Pastorino, Miguel. Neurotecnología y neuroderechos, Agenda Estado de Derecho, 15/03/2022. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/neurotecnologia-y-neuroderechos/
Palabras clave: Neuroderechos, Neurociencias
Licenciado en Filosofía y Magíster en Dirección de Comunicación (Universidad de Montevideo, Uruguay). Doctorando en Filosofía (Universidad Católica Argentina). Ha realizado estudios en psicología, teología y ciencias de la religión. Profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
