Antes de contestar estas preguntas, debemos indicar que en inglés existen dos vocablos para conceptos distintos: Neurolaw y Neurorights. En nuestra lengua castellana solo existe una traducción que es neuroderechos, lo cual ha dificultado la necesaria distinción entre ambos términos en inglés. Neuroderecho, como traducción de neurolaw, no es más que una nueva disciplina emergente donde las reglas, conceptos, concepciones y principios jurídicos son explicados desde una matriz relacionada con las neurociencias, a modo heurístico. Por su parte, Neurorights  se traduce como neuroderechos, con “s” final, entendiendo que se trata de nuevos derechos humanos emergentes como consecuencia del acelerado desarrollo y en ocasiones disruptivo uso de las neurotecnologías.

Hecha esta distinción semántica-conceptual, se debe indicar que lo que buscan tanto la Ley Nº 21.383 ya en vigor y el proyecto de ley todavía pendiente de sanción es resguardar los derechos fundamentales del uso inadecuado de neurotecnologías directas (como por ejemplo la interface máquina-cerebro), sin perjuicio de las indirectas, dentro de las cuales podríamos incluir las transformaciones presentadas por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien  ha anunciado toda una experiencia de Inteligencia Artificial a través del Metaverso, el cual podría ocasionar daños la neuroplasticidad, sobre todo la infantil. Es decir, se pueden producir afectaciones en el desarrollo crítico de los niños, niñas y adolescentes, por modificaciones negativas en el sistema nervioso central que alteren la continuidad psicológica o autenticidad (a menos que sea deseable terapéuticamente), o bien alteraciones en la capacidad de discernimiento, libre albedrío y autonomía del sujeto o bien debido a intromisiones en la privacidad mental. Se agrega una categoría denominada neurodatos, que en definitiva para el legislador merece una protección operativa distinta de los demás datos, sobre todo aquellos del grupo de datos sensibles que protegen la privacidad. Es por esta razón que la Ley de reforma constitucional habla de “resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

La reforma a la Carta Fundamental tiene varias implicancias, entre las cuales se destacan: toda persona que pruebe ser dañada en su actividad cerebral, independientemente del agente causal, podrá impetrar las acciones constitucionales para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado. La consagración constitucional permite además despejar dudas interpretativas acerca de los nuevos derechos (neuroderechos) consagrados constitucionalmente, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial. Asimismo, esta reforma podrá orientar la tarea del legislador tanto en la ley que se encuentra pendiente como en otros cuerpos legales convergentes, por ejemplo el proyecto de ley de regulación de Plataformas Digitales si se convierte en ley. Podrá también unificar criterios jurisprudenciales, sobre todo debido a que los neuroderechos son una construcción muy reciente y emergente, en la que todavía no se han considerado todas las implicaciones desde el punto de vista de los derechos humanos.

Por otro lado, la reforma implica una clara señal de protección a los usuarios de neurotecnologías lúdicas, es decir, aquellas neurotecnologías no terapéuticas que los usuarios utilizan como neuromejora cognitiva (por ejemplo, la práctica de las smart drugs o neuroenhancement), lo que significa que la investigación científica del sistema nervioso central en seres humanos, así como la innovación neurotecnológica podría impactarse de alguna manera por la regulación protectora de derechos humanos emergentes, que al positivizarlos en la Carta Magna se les otorga un carácter de fundamentales.

La reforma constituye además un mensaje de que en Chile existe consenso en proteger a la dignidad de la persona frente al uso malicioso o negligente de neurotecnologías. No se pretende desincentivar la innovación tecnológica ni la investigación neurocientífica, sino que ellas se realicen con pleno respeto a los derechos fundamentales y de manera informada a la población en relación con sus efectos, riesgos y beneficios. Así entonces, queda claro que desde los productores hasta quienes implanten neurotecnologías en usuarios, consumidores o pacientes deberán considerar fuertemente el riesgo de dichas intervenciones con las consecuentes responsabilidades que establecerá la ley.