Neuroderechos: de la novedad a la reconceptualización
19 de Julio de 2022
El éxito a largo plazo de los neuroderechos dependerá de nuestra habilidad para reconceptualizar las garantías preexistentes y actualizarlas sobre la base de significados robustos.
Desde que en 2017 se publicara un importante artículo de Ienca y Andorno, seguido de la mediática propuesta de la NeuroRights Foundation, han sucedido muchos hechos relevantes para América Latina en cuestión de neuroderechos: una reforma constitucional en Chile, proyectos de ley en Argentina y Brasil, y sendas declaraciones del Parlatino y el Comité Jurídico Interamericano. En el caso chileno, la modificación de su Carta Fundamental establece que “el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas” y que se deberá “resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.
¿Qué son los neuroderechos? En esencia, se trataría de garantías específicamente diseñadas para afrontar desafíos éticos de gran calado relacionados con el avance de la neurotecnología, y que tienen que ver con posibles afectaciones a derechos fundamentales de las personas. Aunque inicialmente había notable entusiasmo con la posibilidad de desarrollar derechos de novo, el tiempo parece estar dando la razón a las voces que advertían que los bienes a proteger (privacidad, identidad, libertad de pensamiento, no discriminación…) siguen siendo los mismos por mucho que puedan necesitar una actualización a la luz de las novedades disruptivas de la neurotecnología. Estamos en un momento en el que incluso la NeuroRights Foundation parece haber asumido que la implantación debe pasar por una reconceptualización más que por una generación de derechos, como parece desprenderse de su reciente informe.
La reconceptualización debe exhibir los componentes axiológico-dogmáticos afines a las diversas tradiciones jurídicas, que en el caso de América Latina beben del derecho positivizado de procedencia continental europea. Analizar cuestiones tales como lagunas, inconsistencias, contradicciones y redundancias normativas es una tarea imprescindible que, por cierto, ha deparado innumerables discusiones en el ámbito de la ciencia del derecho a lo largo de su inmensa historia.
En pos de dicha tarea, la perspectiva semiótica y semántica de los conceptos se nos antoja un estadio inicial básico. Resulta prioritario trabajar en una taxonomía etimológica de los conceptos en liza, así como someterlos a juicios de resistencia semántica propios del lenguaje jurídico. En este segmento, mucho han de aportar los saberes vinculados al estudio del lenguaje, todos los cuales se hallan inextricablemente vinculados a la noción de mente. La propia idea de reconceptualizar parte de la noción de concepto, entendido semióticamente como una representación mental de un significante. Reconceptualizar derechos conllevará, así, actualizar sus representaciones mentales. Para ello, deberemos juzgar nuevamente los significantes.
Será menester ir en búsqueda de un adecuado equilibrio entre la necesidad real de neologizar y la no menos importante de evitar superposiciones de conceptos y, con ellos, de normas. Acudir al viejo principio de Ockham para no suponer más entidades que las estrictamente necesarias parece lo más prudente. La resistencia semántica pasará, de este modo, por evitar tenores ambiguos, imprecisos o vagos, tarea propia de la filosofía analítica que proponemos desempeñar desde el saber neurojurídico.
La tarea a la que aludimos deberá afrontar el análisis de diversos conceptos ciertamente complejos. Rommelfanger, Pustilnik y Salles destacaban acertadamente hace escasos meses que, si bien en la última versión del proyecto de ley chileno se ha prescindido finalmente de conceptos como “identidad” y “continuidad psicológica”, aún permanecen otros igualmente imprecisos como “integridad mental”, con difícil interpretación para los tribunales. Las autoras resaltaban además el hecho de que el proyecto se focaliza en las neurotecnologías directamente relacionadas con el cerebro y deja fuera aquellas que conectan con el sistema nervioso periférico.
Ligthart, por su parte, argumenta elocuentemente que el significado y alcance precisos de la noción de “pensamiento”, que aparece por ejemplo en el Artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, siguen siendo poco claros. Bublitz advierte vaguedad también en el concepto de privacidad, del que destaca su vínculo con el derecho a la personalidad, que abarca pretensiones de no interferir en el cuerpo y la mente (integridad física y mental) y de desarrollar libremente las propias capacidades.
Todas estas advertencias vienen a robustecer una idea expuesta recientemente por el propio Bublitz: antes de establecer categórica y urgentemente una regulación carente de estos impostergables pasos dogmáticos, debería hacerse un llamado a la discusión académica en la que, según nuestra propuesta, los neurojuristas tienen mucho que aportar. Una de sus contribuciones más importantes consistiría en dilucidar si los nuevos derechos aportan algún valor ético y legal añadido que no venga dado ya por derechos bien asentados como la intimidad, la libertad de pensamiento o la no discriminación, por poner solo tres ejemplos. Igualmente importante es resaltar que no cabe ignorar los intereses políticos y lobbistas que pueden influir en el proceso de reconceptualización, opinión que hemos compartido con diversos miembros de la academia en intercambios informales y a la que nos adherimos fuertemente.
Como aportación particular, nos preguntamos por el caso de la continuidad psicológica, definida por Ienca y Andorno como “el requisito crucial de la identidad personal que consiste en sentirse a uno mismo como persistente a lo largo del tiempo como la misma persona”. ¿No debería este concepto tener en cuenta perspectivas antropológico-culturales como las que los latinos e ibéricos tenemos incorporadas en nuestro inconsciente colectivo? Sugerimos con tono recomendablemente propositivo que en la noción de identidad se tenga en cuenta no solo la dimensión psicológica, sino que se incluya una dimensión de pertenencia cultural referente a la autopercepción identitaria.
Esta sugerencia, que ha sido tenida en cuenta en la declaración del Parlatino, tiene impacto en el plano de los derechos supranacionales, cuya amplitud da cabida a las singularidades de las distintas regiones del planeta representadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se trata de continuar estudiando el enorme recorrido axiológico que la cuestión de la identidad ha tenido en nuestra región, con especial fuerza en países como Argentina, donde se implementaron sendas leyes sobre la identidad de género y sobre la identidad de los descendientes de desaparecidos durante la dictadura militar.
No podemos obviar el hecho de que en la identidad de una persona interviene toda una variedad de factores no solo puramente psicológicos, sino también de índole social, ideológica, religiosa y cultural. Es la identidad, en fin, un elemento constitutivo eminentemente dinámico, sujeto a importantes cambios. Esta idea enfatiza el carácter mutable del ser-sí-mismo percibido y relativiza la noción de continuidad, sin negarla. Además, permite incorporar los rasgos que individualizan las diversidades culturales de las personas pasibles de afectaciones neurotecnológicas. Esto puede incluir eventualmente ciertas (así llamadas) “mejoras”, involucrando cuestiones éticas sobre las cuales se discurre actualmente en las extremas ideas post y transhumanistas.
En nuestra concepción, “autopercepción” no refiere a una disposición expectante, sino que involucra el dominio sobre un conjunto de contenidos diversos. Refiere a la autenticidad del ser. Por otro lado, no contempla solo el aspecto subjetivo individual de la identidad, lo que en último extremo puede conducir a visiones relativistas que dificultan la regulación. Al contrario, cabe tener muy en cuenta el rol decisivo de la intersubjetividad en la configuración de la identidad, que implica la pertenencia a una comunidad.
Las dimensiones dinámica e intersubjetiva, que complementan a las de continuidad y subjetividad, resultan de gran importancia si de verdad queremos adoptar un modelo de regulación que incluya la diversidad y contextualización cultural. Y lo son no solo para América Latina, sino también para otras latitudes de nuestro planeta. Sea como fuere, para evitar unidireccionamientos interpretativos, debemos escuchar las opiniones del lector.
Hace cinco siglos, los abusos cometidos hacia los indígenas durante la conquista de América, contraviniendo el mandato al respecto de la corona española, provocaron el advenimiento de debates morales y legales inéditos hasta ese momento en el mundo. Estos debates, con la figura prominente de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, sentaron las bases de lo que, tiempo después, terminaríamos por conocer como derechos humanos. Hoy, los avances neurotecnológicos traen consigo desafíos nuevamente inéditos y, también nuevamente, con América ejerciendo un papel protagonista. Es momento, otra vez, de estar a la altura.
Citación académica sugerida: Muñoz, José Manuel y Marinaro, José Ángel. Neuroderechos: de la novedad a la reconceptualización, Agenda Estado de Derecho, 2022/07/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/neuroderechos-de-la-novedad-a-la-reconceptualizacion/
Palabras clave: América Latina, autopercepción identitaria, continuidad psicológica, neuroderechos
Doctor en Filosofía de la Ciencia y Licenciado en Biología. Es investigador del Grupo Mente-Cerebro en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, así como del Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) creado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (España). Actualmente trabaja como Research Fellow en el Gordon Center for Medical Imaging, perteneciente al Massachusetts General Hospital y la Harvard Medical School (Estados Unidos).
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Matanza (Argentina). Docente e investigador universitario en grado y posgrado en temáticas de neuroderechos, así como asesor honorario de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
