21 de Octubre de 2022
Populismo digital en Brasil: reacciones judiciales, segunda entrega
Presentación del especial para AED sobre las reacciones estatales y de la iniciativa privada para contener las negativas consecuencias del populismo digital en Brasil.
En el contexto brasileño del combate al populismo digital, el poder judicial ha tomado una posición prevalente. Ello se explica debido a las constantes críticas del actual mandatario del país Jair Bolsonaro al poder judicial y al sistema de votación electrónica.
En el ejercicio de su función de garante de la Constitución y de sus principios democráticos, la incitación por parte del Presidente de la República para que no se respeten las decisiones judiciales generó enfrentamientos entre el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo. Las críticas hacía la legitimidad del Poder Judicial, propias de la narrativa del populismo digital, han puesto a prueba las decisiones judiciales, especialmente las del Supremo Tribunal Federal (STF).
En algunos casos, el Presidente Bolsonaro plantea ofensas de contenido personal a los miembros del poder judicial brasileño y amenaza su libre actuación. Las redes sociales han sido un canal directo para que el presidente y sus colaboradores puedan deslegitimar la actuación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral (TSE). Según investigación de la Pontificia Universidad Católica del Rio de Janeiro PUC-RIO en Youtube los videos con críticas y ofensas dirigidas hacia los miembros de los tribunales han aumentado 723% desde septiembre de 2021.
Fuente: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política (COMP) – PUC-Rio
Los contenidos de estos ataques suelen ir dirigidos a promover el cierre del Tribunal Constitucional, la desinformación sobre la confiabilidad y seguridad de las urnas electrónicas y sobre la legitimidad del resultado de las elecciones de octubre de 2022.
Es posible observar una reacción del poder judicial al reafirmar en sus decisiones la importancia de las instituciones democráticas y del respeto a los resultados de las elecciones. En esta segunda fase del especial “Populismo Digital en Brasil: las Respuestas Estatales y Privadas” se aborda la actuación de esta rama, ante el avance del populismo digital en Brasil, especialmente por medio de la identificación de decisiones o medidas judiciales impulsadas por el STF y el TSE -desde el 2018- relacionados con el tema y sus fenómenos conexos como la desinformación.
En esta ocasión también se hará énfasis a la iniciativa de la justicia electoral para frenar la desinformación en el contexto electoral. Es importante aclarar que gran parte de los hallazgos de esta investigación son de acciones o investigaciones judiciales todavía en curso, pero que reflejan importantes decisiones preliminares en su interior y pueden apuntar hacia un camino para la salvaguarda de los valores constitucionales y democráticos.
“Esa investigación fue abierta con la finalidad de verificar (…) la existencia de esquemas de inversión y divulgación masiva en las redes sociales, con el objetivo de dañar o exponer a peligros de lesión la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho”
“O objetivo deste inquérito (…) é a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito.”
En marzo de 2019, el STF anunció la apertura de una investigación para investigar ataques y amenazas contra los magistrados de la Corte. La medida ha sido criticada al iniciarse sin la participación del Ministerio Público. La medida fue ratificada por el pleno de la Corte –ADPF 572– con base en el art. 43 del reglamento interno de la Corte, que permite al presidente de la Corte la apertura de investigación respecto de una infracción criminal que ocurra en la sede o la dependencia del Tribunal, desde que las presuntas víctimas sean magistrados de la corte o persona que esté bajo su jurisdicción.
Aunque la investigación inicial no estaba dirigida hacía el Presidente de la República, en agosto de 2021, por decisión del ministro Alexandre de Moraes y a pedido del TSE, este fue incluido en la investigación. En el fundamento de la decisión se argumentó la existencia de una asociación criminal que se dedica a la difusión de desinformación, ataques ofensivos a diversas personas, autoridades e instituciones, incluido el STF, con manifiesto contenido de odio, subversión al orden y aliento a la ruptura de la normalidad institucional y democrática.
Esta estructura criminal se conoce en portugués como “Gabinete do Ódio”. La notitia criminis remitida por el TSE en contra del Presidente de la República, en un análisis inicial, señala que tanto la conducta denunciada como su posterior divulgación a través de las redes sociales son similares al modus operandi previamente detallado que revelan la existencia de una verdadera organización criminal, con un fuerte desempeño digital y con centros de producción, publicación, financiamiento y política, con el claro propósito de atacar las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho.
A continuación, se listan las principales medidas adoptadas en el contexto de esa investigación.
Decisión: mandado27maio.p
Tras la noticia de que los investigados – colaboradores del presidente Jair Bolsonaro- estaban haciendo uso de la tecnología VPN (red privada virtual) para esquivar las restricciones judiciales, que sólo se aplicaban al acceso de las cuentas en Brasil, el STF determinó que las empresas de tecnología deberían realizar un bloqueo global de las cuentas.
Aunque Facebook ha resistido cumplir inicialmente con la decisión, alegando que se trataba de una medida sin precedentes, cedió a la presión después de que el magistrado Alexandre de Moraes se manifestó sobre la posibilidad de responsabilidad penal de los funcionarios de la empresa en Brasil en virtud del incumplimiento de decisión judicial, lo que es crimen en Brasil.
En enero de 2021, el diputado federal Daniel Silveira fue arrestado por un delito flagrante contra la seguridad nacional, hoy renombrado en Brasil como un crimen contra la democracia, al realizar una live en sus redes sociales donde amenazó a los magistrados del STF e incitó la violencia contra el libre funcionamiento de la institución. Él señaló en un vídeo subido a YouTube lo siguiente:
“Cuantas veces yo imaginé ustedes (magistrados do STF) recibiendo una paliza en las calles… (…) Yo también me voy a perseguirlos, (…) sé bien donde viven y lo que hacen” (traducción propia )
“Quantas vezes eu imaginei você e todos os membros e todos os integrantes desta corte na rua levando uma surra (…). Eu também vou perseguir vocês, (…) sei muito bem com quem vocês andam, o que vocês fazem.
“La Constitución Federal no permite la propagación de ideas contrarias al orden constitucional y al Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III y IV), ni la realización de manifestaciones en las redes sociales tendientes a quebrantar el Estado de Derecho…” (traducción propia) –
“A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à Ordem Constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito”
En 2022, el STF condenó a Silveira a ocho años y nueve meses de cárcel. Al día siguiente, el presidente Jair Bolsonaro anunció el indulto en favor de Daniel Silveira. Recientemente, el Tribunal Regional Electoral del Río de Janeiro decidió que, aunque la decisión de Bolsonaro extinguió su pena privativa de libertad, Silveira no puede ser elegido a ninguna función pública por medio de las elecciones generales de 2022.
En julio de 2021, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó la apertura de una nueva investigación para determinar la existencia de grupos especializados en difundir desinformación y atentar contra la democracia. En la investigación que sigue en curso, el magistrado ha determinado una serie de otras medidas con el objetivo de combatir la desinformación digital, incluyendo nuevos mandatos de arresto, solicitudes para remoción de cuentas y posts en plataformas digitales, suspensión de plataformas sociales en el país y la actuación en contra de empresarios.
Con motivo de la investigación de las milicias digitales, el STF ordenó la suspensión del uso de la red social Telegram en todo territorio brasileño. La decisión estuvo basada en el hecho de que la empresa no tenía representantes en el STF para contestar las demandas judiciales. Tras el bloqueo, que duró poco más de un día, la empresa designó un representante legal en Brasil.
El TSE es la Corte más alta de la Justicia Electoral, el cual desempeña un papel fundamental en la construcción y el ejercicio de la democracia brasileña. Además de la función jurisdiccional y su competencia de investigar delitos electorales, supervisa la propaganda electoral y las supuestas irregularidades en el registro de los candidatos. El Tribunal desempeña una importante función administrativa, asumiendo la administración ejecutiva, operativa y normativa del proceso electoral. La Corte está compuesta por 7 ministros: tres del STF, dos del STJ y dos abogados.
Con la proximidad de las elecciones generales de 2022, los ataques a la fiabilidad de las urnas electrónicas -realizados tanto por medio de las redes sociales cuanto de manera oficial por el presidente de la República- han escalado sustancialmente. Los ataques ponen en jaque la seguridad de las urnas electrónicas, que conducen las elecciones brasileñas desde hace más de 25 años sin cualquier sospecha de fraude. En el ámbito de sus competencias, el TSE ha desarrollado importantes medidas judiciales y administrativas con la intención de proteger la integridad del sistema electoral.
Acciones de investigación judicial sobre las elecciones de 2018 (Ações de Investigação Judicial Eleitoral – AIJEs 0601968-80 e 0601771-28
En 2021, el TSE decidió por unanimidad archivar dos Acciones de Investigación Judicial Electoral (AIJE) que pedían la anulación de las credenciales y la consecuente inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por ocho años del presidente de la República, Jair Bolsonaro y el vicepresidente Hamilton Mourão, por abuso del poder económico y uso indebido de medios de comunicación en la campaña electoral de 2018.
La acusación tenía relación con el envío masivo de mensajes por WhatsApp durante la campaña electoral, así como de uso fraudulento del nombre y documentos de identificación de personas mayores para registrar los chips de celulares utilizados para garantizar el envío masivo.
Aunque ambos funcionarios públicos no fueron condenados, la decisión del TSE fue importante para establecer una nueva tesis según la cual: …el uso de aplicaciones de mensajería instantánea digital para promover envíos masivos que contengan desinformación y falsedades en perjuicio de los opositores y en beneficio de los candidato puede constituir abuso del poder económico y abuso de los medios de comunicación, en los términos del artículo 22 de la Ley 64/1990, en función de la real gravedad de la conducta, que se examinará en cada caso concreto (traducción propia).
La tesis debe orientar los juicios de acciones que involucren el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería en futuras campañas electorales.
Recurso Ordinario Electoral (Recurso Ordinário Eleitoral 0603975-98 – 11550)
En octubre de 2021, por seis votos a uno, el Pleno del TSE inhabilitó al diputado estatal por Paraná, electo de manera popular en 2018, Fernando Destito Francischini, por difundir desinformación contra el sistema de voto electrónico.
La decisión condenó al diputado por el uso indebido de los medios de comunicación, además del abuso de poder (tipo de crimen electoral) previsto en el artículo 22 de la Ley Complementaria N. 64/1990. El motivo de la inhabilitación de Francischini por el TSE se debió a que el día de la primera vuelta de las elecciones de 2018 se hizo una transmisión en vivo por Facebook en donde se difundió noticias falsas sobre el sistema de voto electrónico.
En 2022 la segunda sala del STF restableció la eficacia de la decisión del TSE que casó el mandato del diputado. Por mayoría, el colegiado denegó el referéndum a la medida cautelar concedida por el ministro Nunes Marques (ponente) en la Tutela Provisional Antecedente (TPA) 39, que había suspendido la decisión de la Corte Electoral.
Decisiones: corregedor-do-tse-determina-que-plataformas-digitais-suspendam-repasses-financeiros-a-paginas-que-propagam-desinformacao/tse-envia-noticia-crime-contra-bolsonaro-ao-stf-por-divulgacao-de-investigacao-da-pf-09082021/ministro-do-tse-manda-remover-videos-da-reuniao-de-bolsonaro-com-embaixadores
El Tribunal elaborará un informe final con los resultados de las acciones de desarrollo y el balance de las iniciativas implementadas en el marco del Programa. El documento se publicará en agosto de 2023.
El 15 de febrero de 2022, el TSE firmó un acuerdo con ocho plataformas digitales (Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube, LinkedIn, Kwai e Spotify). La novedad es la inclusión de Kwai, una red social para compartir videos cortos.
En mayo de 2022, Telegram se sumó al acuerdo con el Tribunal. En el acuerdo, Telegram declaró la intención de apoyar la creación de un canal oficial del TSE en la plataforma para difundir información oficial sobre las elecciones, esto incluyó el apoyo del equipo técnico de Telegram para el desarrollo de un robot para responder las dudas de los usuarios sobre las elecciones, así como el desarrollo de una nueva funcionalidad en la plataforma para etiquetar contenido con desinformación.
Las medidas relatadas en esa segunda fase del proyecto Populismo Digital en Brasil ponen en evidencia que, aunque de manera incipiente, el Poder Judicial de Brasil busca proponer algunas respuestas al uso de las redes sociales y de la estructura de Internet para la propagación de discursos populistas de carácter antidemocrático y sus fenómenos conexos como la desinformación.
El tema es novedoso y hasta ahora empiezan a surgir debates jurisprudenciales que buscan afrontar el uso nocivo de Internet para poner en riesgo el sistema democrático y el funcionamiento de las instituciones democráticas. En Brasil gran parte del discurso populista en el ambiente digital viene siendo difundido por colaboradores del actual presidente Jair Bolsonaro y algunas veces por la propia estructura del gobierno.
Las decisiones judiciales apuntan en esta dirección y casi siempre están directamente relacionadas al actual presidente o su círculo más cercano de colaboradores. Lo que parece evidente es la necesidad de unir esfuerzos entre el Poder Judicial, la sociedad civil y el sector privado -especialmente las plataformas digitales- para ofrecer un camino que pueda presentar algún resultado real.
Evidentemente el Poder Judicial de Brasil -especialmente su más alta corte- está expuesta a un constante escrutinio público en razón de sus decisiones. Lo que tal vez es prematuro de afirmar es el real impacto que estas decisiones van a tener en la confianza de la población en el sistema de justicia.
Según los datos de la encuesta realizada por el Instituto DataFolha, la confianza pública en el STF no parece sufrir una fuerte alteración a pesar de la permanente movilización del actual Presidente en contra de los ministros y de las decisiones de la corte. La misma investigación apunta a un crecimiento en relación a la confianza en el sistema de votación electrónica con relación a mayo de 2021.
Fuente: Datafolha
En los siguientes meses, con la intensidad de la campaña presidencial y la proximidad de la fecha de las elecciones generales, este escenario puede cambiar. No obstante, lo que es indudable es proteger el sistema democrático en el país.
Diagramación y producción de gráficas:
Palabras clave: Populismo digital, Brasil, Populismo
Citación académica sugerida: Walter de Santana, Anna Luisa & Archegas, João Gabriel. Populismo Digital en Brasil: las respuestas estatales y privadas. Agenda Estado de Derecho, 2022/08/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/populismo-digital-en-brasil-reacciones-judiciales-segunda-entrega/
Consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil, con estancia doctoral en la Universidad de los Andes, Colombia. Magíster en Derecho del Estado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas.
Estudiante de la graduación en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. Investigador en la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, donde investiga las relaciones entre democracia, empresas y derechos humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
