En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (en adelante, SIDH), el derecho a un medio ambiente sano (en lo sucesivo, DMAS) es incorporado en la categoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante, DESCA), tutelados por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Estableciendo las obligaciones relativas al cumplimiento de los DESCA, el Protocolo de San Salvador (en adelante, PSS), establece en  su artículo 11 que los Estados, como el Perú, están obligados a promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Además de las disposiciones del PSS, el artículo 19 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que dichos pueblos “tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos”, lo cual sirve como referencia normativa directa en materia de regulación ambiental dentro del SIDH.

Al emitir su Opinión Consultiva 23/17 (2017), la Corte IDH reconoció el DMAS como derecho autónomo, lo cual protege los componentes del medio ambiente, incluyendo el agua, el aire, el suelo y otros, como intereses jurídicos en sí mismos. Siendo uno de los principales indicadores de la salud del medio ambiente, la calidad del aire se mide, como establece la Organización de los Estados Americanos, sobre todo, por la concentración de dióxido de carbono y otros contaminantes en el aire al que se ve expuesta la población, los niveles de mortalidad infantil a causa de enfermedades respiratorias, y el porcentaje de internaciones hospitalarias por infecciones respiratorias.

El DMAS también se encuentra ampliamente reconocido en el derecho peruano. La vigente Constitución del Perú, en su artículo 89, reconoce, de conformidad con el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la existencia legal y la personalidad jurídica de las “comunidades campesinas y nativas”, (léase pueblos indígenas). En su más reciente sentencia sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas, el Tribunal Constitucional peruano (en adelante, TC), en línea con una serie de sentencias recientemente emitidas de la Corte IDH, establece que el legislador, en atención al principio de igualdad ante la ley, debe implementar políticas públicas para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por las comunidades indígenas.      

Muy al contrario, la reciente sentencia del TC supone un grave retroceso en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas al negarles su derecho a la CPLI, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exigido en el Perú desde el año 1995. Según el TC, la CPLI “no puede ser considerada como un derecho fundamental”, no solo así denegando la obligación del Gobierno peruano de consultar previamente con las comunidades nativas que pueden resultar afectadas con motivo de la exploración de los recursos naturales, sino también alejándose de los estándares previamente establecidos a lo largo de sus sentencias anteriores, determinando el rango constitucional del Convenio 169 de la OIT y su obligatoria aplicación por todas las entidades estatales.

No obstante ello, cabe recordar que en el exhaustivo catálogo de derechos fundamentales de la Constitución peruana, se reconoce, en el artículo 2 inc. 22 que toda persona tiene derecho a un ambiente saludable. Como lo ha interpretado el TC, este derecho comprende el goce y preservación de “un ambiente equilibrado y adecuado”, imponiendo al Estados obligaciones “de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute”. Art. 67 de la Constitución peruana, que en conjunto con el art. 66, art. 68 y art. 69 establecen la denominada “Constitución Ecológica”, destaca que el Estado determina la política nacional del ambiente. Desarrollando los alcances de las disposiciones constitucionales contenidas en la Constitución Ecológica, la Ley General del Ambiente de Perú busca la adecuada exploración de los recursos naturales en consonancia con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Además, establece la prevención, protección y recuperación del ambiente. Así, se evidencia que, a través de la Constitución peruana, no solamente se consagra el derecho fundamental a un ambiente saludable, sino también las facultades y obligaciones del Estado para proteger dicho medio ambiente.

En los últimos ocho años de extracción de cobre en la mina de Las Bambas se ha evidenciado que el Estado peruano no ha implementado medidas efectivas para prevenir daños ambientales ni para proteger a las comunidades campesinas e indígenas que habitan en la zona de influencia del megaproyecto contra la degradación del medio ambiente, lo cual ha causado daños irreparables en dichas comunidades. La contaminación del aire ocasionada por la emanación de polvo, afecta una amplia gama de sus DDHH, incluyendo su derecho a la vida, la salud, al agua, a la alimentación y un medio ambiente saludable y sostenible.

El caso de las Bambas, siendo uno de los 70 proyectos de exploración minera en el Perú, pone de manifiesto las consecuencias nefastas de la denegación del Gobierno peruano de cumplir con su obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas y  comunidades nativas para obtener su consentimiento sobre los proyectos extractivos. A pesar del considerable marco nacional, interamericano y internacional en el ámbito del DMAS y derechos indígenas, los 16 pueblos que están en la zona de influencia de Las Bambas, ven su derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado, entre muchos otros, violados diariamente, evidenciando la debilidad estatal y la necesidad de alcanzar una mayor efectividad de este marco normativo. Es imprescindible abandonar un enfoque exclusivamente economicista, trabajando en cambio genuinamente con las comunidades indígenas, las cuales constituyen un 24,5% de la población del Perú.