No decimos nada nuevo al afirmar que ninguna sociedad se encuentra prevenida para una catástrofe y mucho menos para la potencial extinción de la vida. Todos los esfuerzos de las sociedades modernas se encuentran orientados más bien, hacia la búsqueda del desarrollo y la prosperidad, suponiendo que más allá de los acontecimientos vitales que escapan a nuestro control, la vida habrá de continuar.

Precisamente por ello, el ámbito temporal que ha prolongado la pandemia de la Covid-19 ha desvelado que el derecho tampoco se encuentra preparado para enfrentar con prontitud y eficacia este tipo de situaciones extremas derivadas de emergencias sanitarias, ni tampoco las que provienen de cataclismos naturales, calamidades públicas o conflagraciones armadas.

Los órdenes constitucionales de América Latina contienen unas pocas disposiciones para que desde sus gobiernos se pueda enfrentar este tipo de situaciones, inicialmente a través de declaratorias que autorizan una acción más libre y discrecional de la autoridad mediante la suspensión de derechos y garantías, o bajo la previsión de instancia específicas en quienes recae la rectoría de las decisiones sanitarias en caso de una pandemia como la que estamos sufriendo.

Rápidamente ha quedado de manifiesto que el derecho se ha visto rebasado, tal y como ha sucedido también con los ordenamientos de muchos países, por su franca incapacidad para afrontar a escala nacional una emergencia de proporciones mundiales que en muy poco tiempo nos enseñó su poder para transitar por todas las fronteras, con sus muros divisorios incluidos.

Ha quedado claro que, en distintos países de la región, sus ordenamientos ni siquiera contienen las previsiones para ordenar internamente una respuesta articulada jurídicamente, soportada financieramente, pero sobre todo cohesionada políticamente para que las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales sean puntualmente acatadas e implementadas por todas las autoridades a nivel regional y local, sin excepción.

En esta crisis distintos gobiernos nacionales como el de Brasil, México, Perú, Colombia tardaron en reaccionar integralmente frente a la emergencia sanitaria, a pesar de haber visto lo que sucedía en el entorno europeo, y dicha inacción impulsó a miles de ciudadanos a tomar sus propias precauciones para que luego, distintas autoridades judiciales, universidades públicas y privadas, empresas nacionales y transnacionales hicieran lo propio con medidas regularmente bien orientadas, sin dejar de señalar que, en ocasiones, fueron los gobiernos sub nacionales los que impulsaron medidas ante la pasividad de las autoridades federales, tal y como ocurrió en San Paulo y Rio de Janeiro, en Brasil, o en Jalisco y Quintana Roo en México.

No faltaron también, aquellos gobiernos que por protagonismo o ignorancia llegaron al extremo de ordenar cuarentenas domiciliarias estrictas o toques de queda, autorizando a militares y policías a detener a quienes no la respetaran, como sucedió en El Salvador y El Ecuador, o de convocar a marchas de apoyo, sin respetar el aislamiento, como aconteció en Nicaragua. Ha sido, sin duda, la crónica de una emergencia desarticulada política y jurídicamente.

Es evidente que el derecho “de” y “ante” la emergencia ha quedado completamente desfasado, y que no está siendo una herramienta útil para estructurar la acción gubernamental, ni para promover la paz social dentro de la vorágine y desesperación no solo de una nación, un continente, sino del mundo entero, renunciando así a su propósito esencial de articular una ruta de navegación para salir bien librados de la tempestad.

Ningún país, por desarrollado que sea, tiene las herramientas para enfrentar una pandemia de esta envergadura desde su aislamiento nacional o, incluso, desde su poderío multinacional -la Unión Europea-, y semejante constatación debería obligar a las naciones a impulsar nuevos acuerdos con vocación mundial para establecer estructuras globales con capacidades más especializadas en pandemias, visto que estamos destinados a convivir con ellas.  

Y las naciones deben hacer lo propio hacia adentro, pues lo que no puede suceder en este tipo de emergencias, es que un federalismo desvertebrado o un centralismo exacerbado conduzca al olvido, la parálisis o la sobrerreacción, como dramáticamente se ha atestiguado ante la falta de suministros esenciales, ni que las diferencias políticas profundicen la desunión y llamen al rompimiento de los lazos de solidaridad al interior y entre los propios países, tal y como se advierte en las diferencias que los presidentes Trump, López Obrador y Bolsonaro han tenido con gobernadores y alcaldes de oposición, y en las constantes insinuaciones de Trump sobre los riesgos de México para los ciudadanos de EEUU.  

Ante este panorama, no parece existir otra salida que impulsar un nuevo derecho “de” y “ante” las emergencias, de alcance universal, impulsado desde el seno de la ONU, que por su propia naturaleza tenga una dimensión multinivel, para que tenga la posibilidad de ofrecer respuestas con vocación mundial, en donde la revisión de los alcances de la OMS se reflexionen nuevamente, propiciando, a su vez, el impulso de nuevos mecanismos rectores de alcance regional y nacional, orientados al reforzamiento de los sistemas de salud y, en específico, de los instrumentos de atención de las emergencias sanitarias, los cuales permitan la generación de respuestas articuladas conforme a las exigencias y necesidades de cada gobierno local.

Finalmente, no debe pasar desapercibida la necesidad de rescatar el valor del Estado de derecho. No debemos olvidar que cualquier emergencia, por su propia naturaleza, libera los condicionamientos, exacerba la discrecionalidad, acelera la toma de decisiones, modula los controles y posterga las responsabilidades. Y precisamente por eso, necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social, para tenerlo de aliado, como la voz de la razón dentro del concierto de las decisiones improvisadas, políticamente interesadas y potencialmente devastadoras.

Para ello, apenas salgamos de la pandemia del COVID será necesaria una gran convocatoria entre las naciones del orbe, en la que se definan cuáles son las reformas necesarias, a nivel internacional o nacional para atender eficazmente las situaciones de emergencia de carácter global, a efecto de proveer sus instituciones rectoras,  protocolos de actuación, fondos financieros y personal especializado para atender de la mejor manera posible las emergencias sanitarias que inexorablemente acontecerán en el futuro.