En abril de 2021, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la elaboración de un informe sobre “El Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”. El documento analizará los estándares sobre este derecho, abordará las manifestaciones de la libre determinación y discutirá experiencias y obstáculos de su ejercicio por parte de diversos pueblos de las Américas. Se abrió con ello un espacio para recibir aportes de Estados, organizaciones indígenas, de sociedad civil y otros actores interesados. Se dieron también diversos diálogos con organizaciones, dirigentes y autoridades indígenas, así como con expertos de distintos países para conocer mejor los ejercicios de autonomía en la región. El informe, a publicarse a fines de este año, sería la última entrega durante este mandato de Antonia Urrejola, actual Presidenta de la CIDH, como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien viene liderando el proceso.

La CIDH no es el único organismo internacional clave para los derechos de los pueblos indígenas en el que el derecho a la libre determinación viene cobrando una necesaria mayor centralidad. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU presentó en 2020 un estudio sobre “Autonomías de los pueblos indígenas: experiencias y perspectivas”, y viene generando espacios de diálogo sobre el tema específicamente con pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. La ex Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, dedicó su último informe de 2019 precisamente a este derecho.

Desde hace décadas se ha ido abriendo paso a una multiplicidad y enorme diversidad de ejercicios de autonomías por parte de comunidades y pueblos en la región. Han tenido lugar también importantes procesos de transformación normativa hacia una plurinacionalidad en países como Ecuador y Bolivia. Hay asimismo un rico debate académico sobre estas experiencias y sus implicaciones jurídicas, sociales y políticas. Pero hasta ahora los mecanismos internacionales clave para los derechos de los pueblos indígenas no habían coincidido en darle el protagonismo que tiene el derecho a la libre determinación para la agenda indígena.

El reconocimiento jurídico no está en duda. El derecho a la libre determinación es una de las premisas del Convenio 169 de la OIT y puede decirse que es la expresión más concreta de la superación de la lógica integracionista de su antecesor, el Convenio 107. Hace casi quince años, la Asamblea General de la ONU reconoció expresamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas mediante la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y en 2016 los Estados del continente reiteraron este reconocimiento en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como señala el artículo 3 de ambas Declaraciones, la libre determinación en este contexto se entiende como aquel derecho que les permite a los pueblos indígenas “determina(r) libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Está estrechamente vinculada con la autonomía, que se refiere a las diversas formas de aplicación de la libre determinación por parte de los pueblos indígenas. Pueden ser prácticas, procesos o mecanismos mediante los cuales se da sentido a sus derechos colectivos, ampliamente reconocidos a nivel internacional. No hay, por eso mismo, una sola forma de ejercer este derecho. Por el contrario, pueden ser tan diversas como lo son los pueblos y comunidades indígenas.

A pesar de ello, como señalé en otro breve comentario, se trata de un derecho que ha sido, en general, esquivo en los pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano. Por ejemplo, una mirada a las sentencias de la Corte Interamericana sobre propiedad colectiva permite notar una mayor mención a la “libre determinación” o “autodeterminación” en el caso del pueblo Sarayaku vs. Ecuador. Se trata, no obstante, de referencias a pronunciamientos de otras entidades, más que de la incorporación en la construcción propia de la Corte.

La CIDH, por su parte, en 1983 concluyó en su informe sobre “la situación de derechos humanos de la población Miskito en Nicaragua” que “el estado actual del Derecho Internacional no permite considerar que los grupos étnicos de la zona atlántica de Nicaragua posean un derecho a su autonomía política y libre determinación”. El primer abordaje más expreso se encuentra en su informe de 2013 sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. En pronunciamientos posteriores, la CIDH afirma también que los derechos indígenas “tienen como premisa fundamental el derecho a la libre determinación”, como puede verse en el informe sobre industrias extractivas de 2016 y en el de pueblos panamazónicos de 2019. Aunque son pasos importantes, hasta ahora no se había abordado a profundidad desde una perspectiva regional.

Así las cosas, el informe que viene elaborando la CIDH representa una oportunidad histórica. Es una oportunidad para que, basándose en el reconocimiento internacional de este derecho, pueda reafirmar y renovar los estándares interamericanos ante los grandes retos que siguen enfrentando los pueblos indígenas en nuestra región. Se trata de un ejercicio de diálogo intercultural que permita al derecho internacional de los derechos humanos reflejar o conversar con la cosmovisión de los pueblos originarios y sus sistemas políticos, económicos, culturales y sociales, basados en su derecho propio. Se parte de basar la relación de los Estados con los pueblos indígenas en el reconocimiento a sus formas de expresión de autonomía, con pleno respeto a su diversidad cultural. Ello puede suponer superar legados históricos de discriminación, racismo y colonialismo que por siglos han marcado la vida de los pueblos originarios en nuestro continente. Es una oportunidad también para que, a través de sus recomendaciones y el trabajo que siga, pueda promoverse el fortalecimiento de la legitimidad del Estado desde lo local, reforzando así democracias plenamente inclusivas.