Cuando este 5 de febrero conmemoremos los 104 años de la Constitución mexicana asistiremos a muy conocidos lugares comunes. Se recordará que ha sido reformada en más de 700 ocasiones. Que en el papel tiene un procedimiento rígido de modificación pero que ha demostrado una flexibilidad permanente. Se dirá que su reformismo es negativo porque muchas materias que se elevan a rango constitucional pudieron reservarse a leyes o reglamentos. Se asegurará que sus múltiples reformas responden a las preferencias de la clase política de turno y que no han contribuido a la justicia social.

Algunas de estas afirmaciones tienen un sustento inobjetable. Pero respecto al dinámico proceso de reformas que le caracteriza conviene detenernos en las implicaciones materiales que conlleva. A ese análisis nos conduce un concepto empírico de Constitución, como el que recuerda Dieter Grimm.

La Constitución mexicana del 2021 no es la Constitución posrevolucionaria de 1917. No sólo porque su contenido es diametralmente otro o porque multiplica por más de tres veces la extensión del texto promulgado en Querétaro. No lo es porque la Constitución actual contiene pactos institucionales de otro país. Otro México.

Solemos asociar las Constituciones con las fechas en que fueron concertadas. Pero la Constitución del 5 de febrero de 1917 dejó de existir. Hoy existe una prolija Constitución de 2021 a la que, en efecto, entre otras muchas cosas, le caracteriza la inestabilidad textual.

Nuestra teoría constitucional no responde adecuadamente al principio de completa estabilidad. Le sustituye otro, caracterizado por su contrario, la inestabilidad normativa en nombre de lentos y, a veces, titubeantes objetivos democráticos. En ocasiones, no hay duda, en ese camino se han filtrado puntuales regresiones autoritarias.

La Constitución mexicana de hoy es aquella que el poder reformador nos dice que es, y cada vez con mayor afianzamiento, también lo que los altos tribunales del Poder Judicial de la Federación nos dicen que es.

Los procesos políticos y jurídicos que le han dado forma a lo largo de una centuria indican que una Constitución como la nuestra no puede explicarse a partir de cánones del constitucionalismo ortodoxo. De hecho, ya la Constitución de 1917 rompía las ortodoxias establecidas en su época con la modelación de un embrionario Estado social, que sirvió como arquetipo para otras Constituciones a escala global.

Los Estados Unidos de América han decido confiar a su Tribunal Supremo la modernización histórica de una Constitución que es más de lo doble de antigua que la nuestra. Con frecuencia, a este hecho se atribuye que no tenga más de treinta enmiendas en 230 años. En los Estados Unidos Mexicanos, hemos decidido confiar las transformaciones de nuestros consensos políticos precisamente al órgano competente para su reforma. Este escenario se ha vuelto especialmente relevante tras la experiencia de nuestro particular régimen autoritario, que solo empezó a ceder hacia finales de los años setenta.

En otras palabras, por mucho tiempo, la mecánica del sistema no ha confiado las transformaciones constitucionales al Poder Judicial. Así visto, el modelo mexicano puede ser la antítesis del norteamericano.

Ha sido tan solo en las últimas dos décadas que la Suprema Corte ha jugado un rol cada vez más presente, aunque todavía insuficiente, en el proceso de “constitucionalización” de la vida pública y social. Su jurisprudencia más reciente ya ha podido demostrar que la retórica política inicial que precede a las reformas, no necesariamente les vicia de ineficacia jurídica. Sus sentencias, de hecho, han concretizado disposiciones que en principio se leían como ofertas propagandísticas de los partidos.

La Constitución es el recipiente de nuestros acuerdos políticos. Personifica la dinámica que hemos elegido para solventar el conflicto político y social. El costo que hemos pagado por ello es dotarnos de un rompecabezas normativo. El resultado (salvo puntuales excepciones, que sin duda son, por ello mismo, importantes) es un ordenamiento que, en el papel, contiene principios y valores que se esperarían de un régimen democrático de punta.

Consagra “derechos humanos”. Establece pautas de interpretación para las normas que los contienen. No concede márgenes a las autoridades: les ordena seguir las directrices hermenéuticas de la interpretación conforme y la mayor protección para las personas. Señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Reitera hasta el cansancio la condición jurídica superlativa del derecho internacional de los derechos humanos. Enaltece el principio de igualdad y la no discriminación como base de la dignidad humana. Establece cláusulas específicas de no discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad. Dedica un copioso precepto al sistema del Estado pluricultural basado en grupos y pueblos indígenas. Nada de esto nació de decisiones judiciales. Son decisiones políticas constitucionalizadas.

También establece múltiples controles inter orgánicos entre los poderes de la Unión, e involucra en ellos a órganos autónomos. En la última década, ha incorporado mecanismos de democracia semi directa, que habilitan la participación popular. Así, emergió la posibilidad de iniciativas ciudadanas de ley, las consultas populares y, desde el 2019, el voto popular para la revocación del mandato del presidente de la República y de gobernadores de los Estados.

Es verdad que, junto a todo ello, tenemos una Constitución que no elimina sus restricciones frente al derecho internacional, reconoce el arraigo de personas por sospechas ministeriales, desconoce un recurso judicial efectivo a determinaciones terminales de órganos administrativos (Consejo de la Judicatura), así como impide la reincorporación de miembros de seguridad pública pese a demostrar su inocencia en procedimientos sancionadores. Mantiene la prohibición de la expresión política en medios de comunicación que hoy ni siquiera son los más importantes en la interacción social (radio y televisión). También prevé supuestos de prisiones preventivas oficiosas que dudosamente respetan la presunción de inocencia.

Con todo y estos problemas, la Constitución centenaria no debería producir desasosiego solo por su compleja redacción, su deficiente técnica o su imparable reformismo. Ni siquiera por su construcción asistémica. Es finalmente el reflejo de renovados pactos institucionales procesados por mecanismos jurídicos establecidos a lo largo de una complicada transición democrática.

El reformismo no es el verdadero problema de la Constitución. En cambio, sí lo es el hecho de no que terminamos de encontrar las fórmulas para resolver su incompleta normatividad. Que carezcamos de soluciones a una cultura popular que parece mostrarse cómoda o desinteresada ante casos de ineficacia jurídica de su norma máxima. Que se muestra indiferente ante la manipulación discursiva de su texto desde las tribunas políticas.

Una cultura que normaliza el desconocimiento del trabajo que ha realizado el Poder Judicial para garantizar su cumplimiento. Que piensa que la Constitución y su jurisprudencia no sirven de nada para conseguir una sociedad más igualitaria, enfrentar la violencia, la grave inseguridad pública, o los impactos indecibles de la pandemia que en estos momentos padecemos.

La Constitución que nos hemos dado es producto de procesos de ensayo y error propios de un minado trayecto democrático. En nuestra particular teoría constitucional mexicana, lo ordinario es que la Constitución funcione como objeto normativo en constante revisión. La aspiración por su estabilidad está en función de una interacción de decisiones entre los poderes representativos y el Poder Judicial, que no puede seguir siendo ajena a la deliberación ciudadana.

Los operadores jurídicos no tienen impedido buscar la congruencia de la Constitución consigo misma, o jugar un papel armonizador de los consensos heredados desde distintos modelos y realidades históricas. Tienen la responsabilidad de actualizarlos con unidad sistémica. En fin, están llamados a hacer valer su marco normativo para enfrentar y gestionar las inmensas y crecientes crisis —sanitaria, social, económica y política— que, 104 años después, nos asolan.