Ahora que sí nos ven: apuntes sobre la libertad de expresión y la nueva ley de equidad en los servicios de comunicación en Argentina

15 de Julio de 2021
Ahora que sí nos ven: apuntes sobre la libertad de expresión y la nueva ley de equidad en los servicios de comunicación en Argentina

En Argentina se continúa avanzando en la aprobación de leyes inclusivas en materia de igualdad y libertad de expresión de mujeres y personas LGBTIQ+.

La demanda por la visibilidad, la participación y la necesidad de que las voces que nos narran las historias y el mundo sean diversas, llevó recientemente a la sanción de una nueva Ley que busca promover la equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina.

El proyecto, impulsado también por organizaciones feministas, es un nuevo hito legislativo en materia de igualdad. La norma establece un piso mínimo para la participación de las mujeres y personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación públicos, y establece un sistema de promoción para aquellos de carácter privado. Así, se trata de una norma en materia de igualdad superadora de una tradicional perspectiva binaria y sin enfoque de diversidad.

En este sentido, la norma se inscribe y amplía el espíritu que motivó normas de importante trascendencia en materia de igualdad de género en Argentina, como la Ley de cupo femenino (1991) y la Ley de paridad (2018).

Esto es importante en un país en que los medios concentran un gran poder y tienen una influencia profunda en las decisiones diarias en materia de políticas públicas, como es el caso de Argentina. Además, es fundamental considerando que en el país sólo el 27% de las noticias son escritas o transmitidas por mujeres.  

También, es de absoluta relevancia, por las características de los medios de comunicación en términos de reproducción de estereotipos negativos y discriminatorios hacia las mujeres y diversidades, en un contexto en el que sólo el 29% de las noticias trataron sobre mujeres. Se trata, en definitiva, de una forma de reparación para ciertos grupos afectados por sus históricas formas de ser representados en los mismos medios que ahora deberán incluirlos.

La norma no sólo contempla la participación de mujeres y personas LGBTIQ+ en los medios como personas visibles, sino que establece la relevancia de su participación en todos los espacios de toma de decisiones. También prevé un cupo de personas transgénero, travestis e intersex en un porcentaje nunca menor al 1% en los medios públicos. Resta aún analizar cómo se llevará adelante, consideración que posiblemente será incluida en una eventual reglamentación, y que podría replicar el sistema de registro que estableció el Decreto N°721/2020 de cupo laboral travesti-trans en la Administración Pública Nacional de Argentina.

Para el caso de los medios privados, se establece un régimen de promoción de la equidad. En ambos ámbitos (público y privado) se considera a la participación desde una perspectiva integral: el enfoque de género y diversidades debe atravesar los procesos de selección; se deben llevar adelante capacitaciones en la materia, crear políticas de inclusión y de distribución de las tareas de cuidado, también se debe contemplar la elaboración de protocolos de violencia por motivos de género, entre otras.

Desde ya, la participación de mujeres y personas LGBTIQ+ en los medios no garantiza la inclusión de un enfoque de género y diversidad. Sabemos que ser una mujer o persona LGBTIQ+ no implica, necesariamente, la incorporación de la perspectiva de género.  Pero es un avance. En este sentido, también permite y deja abierta la pregunta sobre cuáles son esas mujeres y diversidades que serán tomadas en cuenta para cumplir con las disposiciones de la Ley, desde un enfoque interseccional que considere a las múltiples opresiones que atraviesan a estos grupos de manera diferenciada.

Perspectivas democráticas e igualitarias de la libertad de expresión

La Ley no sólo es un importante avance en materia de igualdad y participación. Es también parte de la consolidación y la consagración legislativa de una particular forma de entender a la libertad de expresión. Una forma de comprender el derecho a expresarse que lo considera como parte fundamental de nuestra práctica democrática, de nuestro debate público. Y que toma en cuenta que, para que esta deliberación sea realmente democrática, se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad.

Si bien el derecho a expresarse libremente fue originalmente comprendido y receptado como un derecho individual que nos permitía decir aquello que queríamos sin interferencia (principalmente del Estado), los avances en materia de derechos humanos dieron lugar a una importante transformación. Por ejemplo, la consideración del derecho a la reunión y protesta hace ya tiempo que es considerado una pieza fundamental de este derecho.

En ese camino, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ocupó, ya en 1985, de elaborar una noción democrática, amplia y abierta. La Opinión Consultiva OC- 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas desarrolló el “estándar democrático” de la libertad de expresión, que comprende dos dimensiones: el derecho individual a participar del debate público, pero también el derecho colectivo o social a escuchar aquello que los demás tienen para decir. Esta circulación de información y opiniones es un elemento fundamental para un debate público robusto.

La transformación de este derecho, de aquél que protegía la autoexpresión a aquel tendiente a la autodeterminación colectiva trae implícita una demanda de igualdad. En efecto, de un Estado “enemigo” del derecho a la libertad de expresión, se pasó a ser garante de que el “recurso escaso” de la expresión y la participación democrática sea igualitaria y equitativamente distribuida a lo largo de la sociedad.

Ello responde a que, si la libertad de expresión es un prerrequisito democrático, de nada nos sirve un debate público en que sólo algunas personas puedan participar. De esta forma, el reconocimiento de las condiciones de desigualdad estructural que le impide a ciertos grupos influir en el debate público y en la toma de decisiones públicas, establece en cabeza de los Estados, la obligación de garantizar su participación y su derecho a la libre expresión.

Sin embargo, muchas veces para garantizar el derecho a expresarse de grupos vulnerables, es preciso establecer ciertas regulaciones que restrinjan el funcionamiento del “libre mercado de la libertad de expresión” y, en consecuencia, el derecho a expresarse de quienes se encuentran en una situación privilegiada para participar. La vocación democrática e igualitaria del derecho a la libertad de expresión, tal como es comprendida desde la Opinión Consultiva OC-5/85, nos obliga a garantizar el derecho de los grupos más vulnerables para que puedan participar en el debate público y, en consecuencia, en la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan a todos/as.

La sanción de esta Ley es, entonces, un camino en esta dirección: una forma de permitir la expresión de quienes históricamente han sido excluidas/os de espacios de discusión y participación democrática tan importantes como los medios de comunicación. Es la manifestación de una tensión paradójica entre la libertad de expresión de estas personas y la libertad de expresión de quienes se encuentran en una situación de privilegio para hablar y participar del debate público. Una tensión que debe resolverse, inequívocamente, sobre la base de la igualdad entendida de forma robusta.

Reflexión final

Las críticas a esta nueva norma no tardarán en escucharse. Los avances en materia de derechos humanos siempre presentan resistencias. Para este caso, resulta esencial trabajar en la importancia de desmontar la presunta “neutralidad” y “objetividad” que sustenta los criterios de mérito para el acceso a ciertos espacios de participación públicos: la expertise, experiencia y grado de formación vehiculizan formas invisibilizadas de discriminación y desigualdad porque no logran comprender, en su totalidad, las estructuras de desigualdad que afectan el acceso de ciertos grupos a espacios públicos y de debate.

Las cuotas, los pisos mínimos para la participación -incluso cuando puedan implicar medidas antipáticas para quienes están en posiciones privilegiadas para expresarse- son medidas que han demostrado su idoneidad para avanzar hacia espacios más igualitarios.

Así también, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión debe estar atravesado por un enfoque de género y derechos humanos que corra el velo del “libre mercado de ideas”, responda a una perspectiva robusta de la igualdad y lleve adelante las medidas afirmativas para garantizarla. Ello es no sólo un deber y un compromiso internacionalmente asumido, sino también un deber ético de los Estados y los medios de comunicación. 

Citación académica sugerida: Schuster, Andrea. Ahora que si nos ven: apuntes sobre la libertad de expresión y la nueva Ley de equidad en los servicios de comunicación en Argentina. Agenda Estado de Derecho, 2021/07/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/libertad-de-expresion-y-la-nueva-ley-de-equidad-en-los-servicios-de-comunicacion-en-argentina/

Palabras clave: Argentina; diversidad; género; libertad de expresión; LGBTIQ+; medios de comunicación.

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ACERCA DE LA AUTORA
Andrea Fernanda Schuster

Estudiante de Abogacía (Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires). Integrante del proyecto de investigación acreditado por la Facultad de Derecho de la UBA DCT2030 «La enseñanza del derecho con perspectiva de género. Reflexiones sobre las aulas», dirigido por Liliana Ronconi y María de los Ángeles Ramallo. 

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