Gracias al fenómeno de las luchas sociales, el concepto de sujeto de derecho vive una  transformación fundamental, pues mientras aún en algunos ordenamientos jurídicos se entiende  que solo las personas físicas y jurídicas pueden ser consideradas sujetos de derechos, ya existen  legislaciones y jurisprudenciasdonde el debate ha cambiado, y la naturaleza es considerada como sujeto de derecho.

Sin embargo, con respecto a las GF, la situación presenta ciertos desafíos, pues desde la base de los instrumentos jurídicamente vinculantes de la actualidad, se ha reconocido de forma  textual el derecho a un ambiente sano para las GF, como sucede en nuestra región con el Acuerdo de Escazú. No obstante, no se establece un marco concreto para garantizar esta protección, por lo que estos textos prevalecen como enfoques generales llenos de ambigüedades, ignorando por completo la vulnerabilidad de este grupo y la responsabilidad misma que se le confiere a los Estados.

Si bien, ya sea como sujetos de derecho u objeto de protección, diversas críticas han  obstaculizado el avance hacia su tutela, como ha sido el argumento de que no se conocen los  intereses de estas generaciones, por lo que no es posible representarlas; lo cierto es que el  derecho a un ambiente sano es una precondición para garantizar la vida y la integridad. En ese  sentido, no es cuestionable el interés de las GF, en recibirlo. 

De igual modo, otra crítica que ralentiza su protección desde un enfoque regional, se relaciona con quienes alegan que esta protección debe ser un cambio dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, partiendo de que el cambio climático no conoce fronteras. Por lo tanto,  las GF de todo el mundo sufrirán las consecuencias. Y aunque esta afirmación es parcialmente correcta, el caso es que incluso dentro de las GF existe desigualdad, pues dependiendo del territorio en el que nazcan tienen mayor o menor posibilidad de ser significativamente afectadas dentro del futuro próximo. 

En el caso de la región de Latinoamérica y el Caribe, a pesar de no ser altamente responsable  por esta emergencia, es una de las más vulnerables, así como la tercera menos financiada para  mitigar y adaptarse a los cambios, por lo que, independientemente de los avances en el sistema  universal, es imperativo que el SIDH desarrolle sus propios estándares, pues para Latinoamérica y el Caribe el tiempo se acaba pronto. 

A nivel normativo, conforme con el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que todos los seres  humanos están protegidos por el principio de no discriminación, en ese sentido, surge la siguiente pregunta: ¿La no discriminación también ampara el marco temporal que divide al grupo de seres humanos que nacerán en el futuro? Si bien no existe un marco jurídico que aporte una respuesta a esta cuestionante, no es menos cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya se ha pronunciado sobre la necesidad de protección de las GF. Dentro de la OC-23/17, la Corte IDH reconoció el deber de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las GF (párr. 59).

Bajo esta realidad, se prevé un sentido de protección hacia las generaciones del porvenir, y un  ejemplo clave para esto sería pensar en qué pasaría en un litigio donde una comunidad demanda a un Estado por no impedir la contaminación de un territorio que, bajo la evidencia, se ha visto que provocará un impacto serio en la salud de las GF de la zona. Pues parecería cuesta arriba no pensar que la actuación del Estado es contraria a las normativas del SIDH, desde el principio  de equidad intergeneracional.

En ese sentido, pareciera que el factor temporal no puede ser una causa de discriminación para  reconocer la necesidad de protección de ciertos derechos humanos en la población futura. En  consecuencia, no protegerlas sería incompatible con los estándares internacionales de derecho  ambiental y derechos humanos. Entonces, aunque las GF no puedan encajar de forma exacta  como un grupo sujeto de derecho, son un grupo objeto de protección al derecho de un medio  ambiente sano, para el SIDH. 

Sobre la base de esta afirmación, el SIDH tiene un gran camino para hacer efectiva la  protección de las GF, y grandes oportunidades para iniciar a construirlo, como es la reciente solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Para esto deberá responder a preguntas como: ¿cómo lograr esta protección con la celeridad que se necesita?, ¿cuál es la postura que deben tomar los Estados?, ¿cuáles son sus exactas obligaciones? Por ser estas las cuestiones que definirán una protección efectiva.