¿Adiós a los nacimientos navideños financiados por el Estado en espacios públicos? La Suprema Corte mexicana y el principio de laicidad

14 de Diciembre de 2022
¿Adiós a los nacimientos navideños financiados por el Estado en espacios públicos? La Suprema Corte mexicana y el principio de laicidad
Foto Cuartscuro / vía La Jornada

En México un proyecto de sentencia busca prohibir la instalación de nacimientos (pesebres) navideños en espacios públicos y financiados con fondos públicos.

¿Exhibir un nacimiento navideño en espacios públicos y con recursos públicos resulta contrario al principio de laicidad?

Este fue el problema que recientemente le fue planteado a la Suprema Corte de Justicia mexicana. La problemática se originó porque, con motivo de los festejos de fin de año, se colocaron en un Ayuntamiento adornos alusivos a la celebración de la navidad, dentro de ellos el nacimiento, también llamado pesebre o portal en otros países.

Una persona promovió juicio de amparo en su contra alegando que la exhibición de tales adornos resulta contraria al principio de laicidad. El asunto fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte —amparo en revisión 216/2022— en donde uno de los Ministros presentó un proyecto de sentencia, el cual no ha sido aprobado por la Sala, en el que se propuso que, la exhibición de tal nacimiento, resulta contraria al referido principio constitucional.

Lo anterior, por considerar, básicamente, que el Ayuntamiento actúo contra el rol neutral e imparcial que debe adoptar frente a las diversas religiones o convicciones que pueden válidamente profesar dentro del Estado laico. Al colocar, en espacios públicos, símbolos de la religión cristiana, razona ese proyecto de sentencia, puede presumirse que la autoridad buscó el condicionamiento del pensamiento de la persona, así como condicionamiento del despliegue de su personalidad. Incumpliendo así, con la obligación de garantizar a la persona la posibilidad de practicar su laicismo, tanto individualmente como asociado con otras personas, sin que se le impongan imágenes o insignias propias de una religión –en este caso, la cristiana– que no comparte.

Análisis del caso a la luz de precedentes en otros sistemas

A este proyecto de sentencia se le apodó como el Amparo Grinch, el cual ha causado cierta polémica. Con independencia de las posturas que podamos asumir frente a este tipo de casos, parecería errado examinar un símbolo religioso en abstracto o aisladamente. Esto es, prescindiendo de los aspectos culturales, históricos o contextuales en que se exhibe. Al menos, esa es la lección que nos aporta el Derecho Comparado e Internacional.

En efecto, en el caso Lynch v Donelly la Suprema Corte de E.E.U.U. sostuvo que, el hecho de que un Ayuntamiento exhibiera un nacimiento navideño no resulta violatorio del principio de laicidad, pues es un símbolo “pasivo” de una festividad que se ha generalizado en occidente misma que ha dejado de ser estrictamente religiosa para ser partícipe de la cultura secular.

De hecho, razonó la mayoría de la Suprema Corte, aun sin nacimiento, cualquier decoración secular navideña con recursos públicos —las luces o un árbol de navidad— implicaría reconocer, en última instancia, que esta festividad tiene un origen religioso. De ahí que el nacimiento navideño no se traduce en que el Ayuntamiento esté prefiriendo una religión sobre otras, lo cual prohíbe la laicidad estatal, simplemente está reconociendo los orígenes de esta festividad. La Corte sostuvo que sería irónico que el nacimiento, como parte de una tradición que se ha celebrado en occidente en los últimos veinte siglos, se estimara lesiva de la laicidad. En suma, el nacimiento es insuficiente para sostener que existe un respaldo gubernamental de una cierta creencia sobre otras.

Similarmente, en el caso Lautsi el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la exhibición de crucifijos en escuelas públicas italianas no atenta contra los alumnos no cristianos, pues el crucifijo colgado en una pared es un símbolo esencialmente “pasivo” y este aspecto es relevante para el principio de neutralidad religiosa. Cuánto más si ese símbolo es coherente con la tradición e historia del Estado italiano. El hecho de que los alumnos no se identifiquen con la religión católica y estén expuestos a los crucifijos que se encuentren en las aulas del instituto público, no implica una discriminación en su contra. Máxime cuando no se les pretende educar cristianamente.

Por su parte, al resolver la tutela STC6749-2022 la Corte Suprema de Justicia de Colombia sostuvo que en América Latina no es posible separar la identidad cultural de la figura de la «Cruz» y de «Jesucristo». En ese sentido, reconoció los símbolos religiosos como parte de la tradición cultural y del pluralismo social. De ahí que los elementos que representan un dogma teológico no siempre tienen la suficiente fuerza para influir en las personas que entran en contacto con ellas y por lo mismo, no vulnera el derecho a la libertad religiosa.

En esa medida, el símbolo religioso, como expresión cultural, no es más que un lema pasivo o neutro que no identifica una determinada fe. La cruz que pende en una de las paredes de la Corte Constitucional se concluyó, encarna no una creencia, sino la identidad histórica y cultural del país.

¿Exhibir el nacimiento navideño constituye una manifestación inequívoca del respaldo estatal a una creencia o, más bien, es un símbolo pasivo que atañe a una festividad que ha formado parte de la tradición y cultura mexicana?

Un símbolo pasivo con connotaciones religiosas no resulta, en automático, contrario a la laicidad. Los aspectos culturales, históricos o contextuales en el que se exhibe deberían orientar la resolución de estos casos. Como lo ha razonado la Suprema Corte de Canadá “[l]a neutralidad no significa laicidad total ni requiere que el Estado se abstenga de celebrar y preservar su herencia religiosa”.

La laicidad es una afirmación de un Estado liberal que aspira al pluralismo ideológico, espiritual y religioso, no sólo protegiéndolo, sino promoviendo esas libertades y asegurando su adecuado desenvolvimiento. Lo que la Constitución exige, fundamentalmente, es imparcialidad y no inacción estatal en tratándose de las libertades religiosas.

Esto implica aceptar ciertos “puntos de toque” entre el Estado y las creencias religiosas, dentro de ellas, la posibilidad de reconocer y preservar aquellas festividades que forman parte de su tradición cultural. El principio de laicismo activo –modelo reconocido por el Estado mexicano– no exige una separación absoluta de iglesia y Estado. Demanda inclusión, no sólo mera tolerancia de todas las religiones y, sobre todo, prohíbe la hostilidad hacia cualquiera.

Un enfoque absolutista de la laicidad resultaría contrario al pluralismo, la libertad religiosa y al reconocimiento de aquellos aspectos históricos y culturales identitarios del país que tienen connotaciones religiosas. Tan es así que en México se han declarado, como patrimonio cultural inmaterial, a diversas peregrinaciones y fiestas patronalescelebraciones de vírgenes y santos—, así como a las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, lo cual genera, conforme con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la obligación estatal de conservar, proteger, fomentar, enriquecer y difundir estas festividades religiosas.

Analizar un símbolo religioso, sin tomar en cuenta lo anterior, es oscurecer la laicidad para llevarla hacia la hostilidad religiosa –en contrariedad al laicismo activo–. En suma, existen buenas razones para entender al principio de laicidad de forma menos “Grinch”, es decir, de manera más armónica y coherente con el pluralismo subyacente al constitucionalismo mexicano.

Citación académica sugerida: Muñoz Acevedo, Isidro: ¿Adiós a los nacimientos navideños financiados por el Estado en espacios públicos? La Suprema Corte mexicana y el principio de laicidad. Agenda Estado de Derecho; 2022/12/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-suprema-corte-mexicana-y-el-principio-de-laicidad/

Palabras clave: México; navidad; nacimientos; laicidad; neutralidad religiosa; Corte Suprema

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ACERCA DEL AUTOR
Isidro Muñoz Acevedo

Maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Nueva York –NYU–, Maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana –UP–, así como Doctor en Derecho por parte de esta última universidad, en donde obtuvo el grado con mención honorífica. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –México–. Recientemente, fue designado como Magistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.