La gobernanza de la conservación: simbiosis entre naturaleza y cultura
7 de Diciembre de 2022
¿Cómo solucionar las tensiones entre la conservación de la naturaleza y los derechos culturales?
En el reciente informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales, Alexandra Xanthaki, se abordan las eventuales tensiones que pueden existir entre la conservación de la naturaleza y los derechos culturales. El informe titulado “Desarrollo y derechos culturales: los principios” recoge un total de 52 contribuciones enviadas por Estados, instituciones nacionales de derechos humanos, expertos académicos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, así como los insumos recopilados durante consultas individualizadas.
El debate en torno a la conservación y la cultura no es nuevo, ya que al menos para América Latina, una región que concentra alrededor del 60% de la biodiversidad mundial, y con una diversidad cultural y étnica importante, en donde los pueblos indígenas representan el 6% de la población latinoamericana y el otro 94% está representado por mestizos, afrodescendientes, blancos y otros, las tensiones entre estos dos aspectos no han terminado de solventarse. Sin embargo, cada vez estamos más de acuerdo en que no podemos seguir pensando que puede existir una conservación exitosa de la naturaleza sin las comunidades.
En el continente americano, el viejo mito de la selva virgen aquella que nunca habría sido explorada por el seres humanos—contribuyó de cierta forma a que, en particular la Amazonía, sea vista como un territorio impenetrable, prácticamente inhabitado y que, por tanto, podía ser susceptible de apropiación como si de una cosa de nadie (res nullius) se tratara. La interacción cultural de los pueblos originarios con su entorno no representaba una modificación de los ciclos de la naturaleza, lo cual erróneamente pudo haber sido interpretado como una prueba de que en ese lugar no habían transitado seres humanos. Esta visión colonialista se impregnó en muchos casos en las intervenciones para la conservación de la naturaleza, dejando de lado a las comunidades indígenas que ya recorrían esta región desde hace miles de años.
El concepto de conservación de la naturaleza ha ido evolucionando hacia formas más integrales, que consideran en particular los derechos culturales como un pilar fundamental para alcanzar sus objetivos. Varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 27), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15), y en nuestra región la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIII), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26), y el Protocolo de San Salvador (artículo 14), reconocen el derecho humano a participar de la vida cultural y a gozar de la misma en todas sus expresiones.
A pesar de su reconocimiento jurídico, los derechos culturales no suelen estar considerados dentro de las estrategias de desarrollo sostenible, como lo están los ejes económico, social y ambiental. Evidencia de que el desarrollo sostenible, enfocado en particular en el provecho económico, es un concepto incompleto y que, por tanto, no garantiza el pleno goce de los derechos humanos.
En este contexto, la conservación a través de parques, áreas protegidas u otros modelos, que incorpore una única visión del desarrollo sostenible, podría representar una amenaza para la protección efectiva de la naturaleza y los derechos culturales, vistos como una fuente de identidad, innovación y creatividad, en especial para las comunidades locales, afrodescendientes y pueblos indígenas.
Existe una incoherencia entre la creación de espacios de conservación de la naturaleza y la prohibición absoluta de actividades humanas, incluyendo la habitación. En concreto, cuando se trata de lugares en los cuales las poblaciones ancestrales realizan su vida, es decir, en donde obtienen refugio, alimento y medicina, celebran ceremonias religiosas y de culto, y donde también se encuentran enterrados sus ancestros.
La destrucción de este patrimonio cultural no sólo afecta la transmisión intergeneracional de conocimientos ancestrales, sino que es un mal negocio para la conservación. Varias investigaciones, como Falling short de la Rainforest Foundation Norway, han demostrado que las comunidades locales y pueblos indígenas con derechos y participación sobre los territorios que habitan son los mejores protectores forestales del mundo.
La amenaza que supone la “conservación fortaleza” es similar a la del acaparamiento de tierras o de la instalación de megaproyectos de desarrollo, ya que las comunidades expulsadas en general no han sido debidamente consultadas o son sacrificadas en favor de un aparente bien común. El derecho a la libre determinación y a la consulta, previa, libre e informada de quienes podrían verse más afectados en sus derechos y modos de vida, se encuentran reconocidos respectivamente en el artículo 1 común del PIDESC y del PIDCP, así como en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Los paisajes deben ser vistos como sistemas simbióticos en que conviven varios seres, por cuanto la diversidad cultural está interconectada a la biodiversidad. El ser humano no es un ente aislado de la naturaleza, por tanto, la solución no está en expulsar a las personas de los espacios de conservación. Para ilustrar, el “buen vivir” o “sumak kawsay” en la región andina pone de manifiesto que es posible proponer un modelo de gobernanza en armonía con la naturaleza, desde lo comunitario y desde el patrimonio vivo. La clave de este tipo de gobernanza reside en la gente y en el trabajo tripartito que se puede desarrollar desde los gobiernos, el sector privado y las comunidades locales, afrodescendientes y pueblos indígenas, a través de un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, dirigido por y para las comunidades.
No hay conservación exitosa sin comunidades, o lo que es lo mismo, no hay conservación de la naturaleza sin cultura. Comprender esta simbiosis es apostar por fortalecer a las comunidades locales, afrodescendientes y pueblos indígenas, que con sus conocimientos pueden multiplicar los resultados de las acciones de conservación. Las áreas protegidas y parques pueden ser una fuente de oportunidades si se gestionan de forma adecuada, tomando en consideración que, al implementar cualquier programa de desarrollo, los primeros en ser consultados y beneficiados deben ser los habitantes de los territorios. De esta manera, se puede asegurar una intervención justa que se aleje de visiones colonialistas y que reduzca las tensiones entre conservación de la naturaleza y cultura, con un enfoque de derechos humanos como garantía continua de éxito.
Citación académica sugerida: Alencastro, Alba Gabriela. La gobernanza de la conservación: simbiosis entre naturaleza y cultura, Agenda Estado de Derecho, 2022/12/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-gobernanza-de-la-conservacion-simbiosis-entre-naturaleza-y-cultura/
Palabras clave: Derechos culturales, conservación, pueblos indígenas, América Latina, Amazonía.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, cuenta con un Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Université de Nantes y un Máster en Gobernanza de Territorios y Desarrollo Local por la Université Paris-Saclay, Francia. Ha trabajado como litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como experta en los campos de la gobernanza ambiental, movilidad humana y género, para instituciones estatales, la sociedad civil y la academia.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
