A lo largo de las dos administraciones que conforman la llamada «Cuarta Transformación» —la de Andrés Manuel López Obrador y la actual de Claudia Sheinbaum Pardo—, el afán reformista ha rozado la obsesión. Bajo la premisa de que solo una reconfiguración constitucional profunda garantizaría la «irreversibilidad» de su proyecto, el oficialismo ha emprendido una embestida legal sin precedentes.

En este periodo, el Congreso de la Unión ha sido el escenario de un desmantelamiento institucional sistemático: desde reformas energéticas regresivas y la militarización del país, hasta el asalto directo al Poder Judicial, la asfixia de la Ley de Amparo y la eliminación de los órganos autónomos que servían de contrapeso. En este inventario de demoliciones, la única pieza que se les ha resistido, hasta ahora, es la electoral. No han logrado aprobar una reforma electoral que transforme el sistema a su gusto.

Resulta paradójico que Morena y sus cuadros dirigentes, tras haber arrasado en las urnas durante los últimos años, sigan operando bajo un espíritu de revancha contra el sistema electoral. Pareciera que su meta no es fortalecer la democracia, sino cobrar una factura pendiente por la derrota de 2006. Desde su llegada al poder, han intentado someter al sistema electoral en múltiples ocasiones: fracasaron en 2019 con foros que nunca llegaron a una propuesta concreta; fallaron de nuevo en 2023 al no alcanzar la mayoría calificada para un cambio constitucional; y tropezaron con el atropellado «Plan B», un intento de captura administrativa que la Suprema Corte de Justicia terminó declarando inconstitucional por sus evidentes vicios legales.

En febrero de 2024, López Obrador lanzó una ofensiva final con más de 20 iniciativas constitucionales. Tras una jornada electoral que les otorgó una mayoría oficialista absoluta y complaciente, el Congreso procesó estas reformas de forma vertiginosa —y casi ciega— durante el ocaso de un sexenio y el amanecer del otro. Sin embargo, la reforma electoral permaneció como la última frontera sin conquistar.

Una reforma de esta índole toca las reglas más elementales de la competencia política. Por definición, su legitimidad depende del consenso, ya que son los jugadores quienes redactan sus propias reglas. Sin acuerdos transversales, la reforma pierde su carácter democrático para convertirse en una imposición que pone en riesgo no solo la equidad de la contienda, sino la gobernabilidad misma de los próximos mandatos.

Ignorando este principio, en septiembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum reactivó el intento oficialista anunciando la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Lejos de ser un ente plural o técnico, esta comisión se configuró como un club de incondicionales del gobierno. Aunque se disfrazó de ejercicio democrático mediante «foros y encuestas», el proceso fue una simulación: se abandonó cualquier intento de pluralidad y se trabajó bajo un hermetismo absoluto.

El plan de trabajo de dicha Comisión fue tan ambicioso como opaco. A pesar de los supuestos foros nacionales realizados entre septiembre y diciembre de 2025, no existe a la fecha un solo documento público que compile las conclusiones o que dé cuenta de una metodología seria. El desdén por las formas se confirmó cuando la propuesta, prometida para inicios de febrero, se presentó con semanas de retraso, y aún sin texto de la inicaitiva constitucional. Cabe señalar que el tiempo apremia, pues si quieren que la reforma aplique a los procesos electorales de 2027, deben cumplir con el proceso legislativo completo a más tardar a principios de mayo.

Hace unos días, desde la presidencia finalmente se definieron los ejes y temas que abarcará la reforma. Se trata de cuatro ejes temáticos: representación proporcional, costo de las elecciones, fiscalización y mecanismos de democracia directa. Cabe señalar que estamos ante una propuesta nacida en la exclusión, que carece incluso del visto bueno de los aliados del régimen y que ignora olímpicamente a la oposición. La iniciativa de reforma se presentó formalmente, y después de muchos anuncios que se fueron posponiendo, el 4 de marzo.
En cuanto a la representación proporcional, se trata de un cambio en la manera en que se conformarán las listas de los partidos para definir quiénes ocuparán una curul en la Cámara de Diputados conforme a este principio; mientras que en la Cámara de Senadores desaparece la figura de la representación proporcional. Hablamos de una modificación importante en las reglas del juego que, sobre todo, impacta en las determinaciones partidistas sobre las candidaturas y que, sin duda, es incómoda para ellos.

Respecto al costo de las elecciones, la propuesta plantea reducir el financiamiento que reciben los partidos políticos, tanto a nivel local, lo que se plantea es modificar la base para calcular la bolsa a repartir, pero no la forma en que esta se distribuye. El recorte a los recursos que reciben los partidos políticos es del 25%
Sobre la fiscalización electoral, es cierto que la regulación actual es insuficiente y requiere una revisión a fin de tomar nuevas medidas, sobre todo para evitar la injerencia de dinero ilícito en las campañas y los partidos. Y por dinero ilícito no solo me refiero al que proviene de organizaciones criminales, sino también a los recursos públicos cuyo uso con fines electorales ha sido evidente en los últimos procesos. La propuesta eleva a rango constitucional algunas de las facultades de la autoridad para fiscalizar, reforzando muchas de las disposiciones que ya se encuentran en la ley y en los reglamentos de la autoridad electoral.

Finalmente, en cuanto a los mecanismos de democracia directa, la intención señalada es que se adopten en todo el país y que todas las entidades federativas los contemplen. El problema es que parece que se están olvidando del federalismo electoral, principio constitucional que deben atender en la reforma. La propuesta de reforma también plantea que los servidores públicos pueden participar en la promoción de la participación ciudadana en los ejercicio de democracia directa, lo cual es un riesgo pues les abre la puerta para incidir en los resultados de estos ejercicios.
No puedo dejar de señalar los grandes ausentes de la propuesta, los cuales son temas que, a mi juicio, sí requieren formar parte de la reforma electoral. Estos son: regular la sobrerrepresentación en el legislativo, establecer un marco jurídico y de protección para los casos de violencia en las elecciones, regular las coaliciones electorales —las cuales son uno de los principales causantes de la distorsión de la sobrerrepresentación— y, finalmente, hacer que la justicia electoral recobre efectividad. Tampoco se abordan cambios al diseño y regulación de las elecciones judiciales, los cuales son necesarios y urgentes.