La Privacidad de tu Pack

20 de Octubre del 2020
La Privacidad de tu Pack

Las redes sociales digitales han reconfigurado drásticamente la forma como nos comunicamos con los demás. Desde hace más de quince años, hemos aprendido a compartir nuestros momentos, gustos o preferencias a través de Facebook, Instagram o WhatsApp, así como de otras redes sociales. Cada una de estas plataformas nos permite presentarnos al mundo de formas variadas, distintas a veces, unas de otras. Hay quienes comparten fotografías personales como las de sus mascotas, alimentos favoritos o sitios predilectos; otros, únicamente las del trabajo. Unos postean mensajes inspiradores; el resto, logros personales o profesionales. La gran singularidad de las plataformas digitales es que nos permiten elegir qué parte de nuestra vida les mostramos a los demás.

¿Qué sucede, sin embargo, cuándo queremos compartir imágenes, situaciones o predilecciones mucho más íntimas; de esas que sólo nos atrevemos a comunicar a unos cuantos —los menos, tal vez— como podrían ser las fotos donde aparecemos desnudos? Porque sí, la gente se toma fotografías sin ropa. La pregunta sería entonces: ¿con quién compartirías tu ‘pack’?

Compartir el ‘pack’ no es una actividad exclusiva de veinteañeros. El intercambio de ‘nudes’ se encuentra también presente en todo el rango de edades. Esto obedece al hecho de que nos permite presentarnos a otros tal cual somos, esto es, ‘al natural’. Para que este momento suceda, sin embargo, debe haberse construido antes un interés privado mutuo, normalmente, de tipo sexual. El intercambio de ‘packs’ o ‘nudes’ nos da acceso a un erotismo inigualable que nos ayuda a la realización personal.

Compartir el ‘pack’ a través de plataformas digitales se ha convertido en una práctica común en los últimos años. Su popularidad comenzó precisamente con el advenimiento de los smartphones y sus cámaras de alta resolución, las cuales comenzaron a tomar fotografías que, al quedar almacenadas en el propio dispositivo, eran más fáciles de compartir. Los servicios de mensajería instantánea —primero el BlackBerry Messenger y luego el WhatsApp— hicieron que el intercambio de este material se intensificara. Si bien esto maravilló a muchos al principio, también nos presentó los riesgos y peligros que conlleva este tipo de prácticas.

Muchos suponen que cuando una persona intercambia fotografías donde aparece desnuda ha renunciado por completo a su privacidad. Argumentan que ha sido ella —y sólo ella— quien decidió tomarse esas fotos y compartirlas con alguien más. Algunos, incluso, censuran la acción con extrema dureza, especialmente, cuando las fotografías se filtran y empiezan a circular. Suelen decir frases como: “para qué anda haciendo eso”, o “se lo merecía”, o “eso le pasa por andarse tomando esas fotos”. Ignoran que, con sus críticas, muchas veces revictimizan a esas personas, lastimando aún más su dignidad.

El punto de partida de quienes hacen este tipo de comentarios es un entendimiento incompleto de la privacidad. Aunque para la gran mayoría este vocablo evoca el deseo de estar solos, no podemos dejar de mencionar su otro significado, ese que implica la necesidad de compartir con los demás información sobre nosotros mismos. Esta noción fue articulada originalmente por Alan Westin en 1967. Este jurista y politólogo norteamericano entendió que la privacidad es “el derecho que los individuos, grupos o instituciones tienen a determinar, para ellos mismos, cuándo, cómo y hasta qué punto su información personal es comunicada a los demás”. Así entendida, la privacidad nos confiere el control sobre nuestra información personal, incluso después de haberla divulgado. El problema, no obstante, es que en la era digital, dicho control es más difícil de reivindicar, especialmente, cuando alguien más lo ha asumido de forma indebida.

Compartir el ‘pack’ es perfectamente compatible con el ejercicio de la privacidad. No hay nada de extraño que una persona desee compartir su cuerpo con alguien más. De hecho, lo hacemos de forma cotidiana. Nosotros ejercemos el control de esta actividad precisamente al decidir cuándo lo hacemos, con quién, y bajo qué circunstancias. El problema, no obstante, es que cuando alguien ‘comparte’ su cuerpo a través de fotografías enviadas por WhatsApp, el control se vuelve más difícil de reivindicar. Mientras que en el mundo off-line el control lo reasumimos de forma inmediata, por ejemplo, volviéndonos a vestir, tapándonos el cuerpo con las manos, o bien, abandonando la habitación, en el mundo digital el control sobre nuestras fotografías prácticamente se desvanece, sometiéndonos al poder de quien ya cuenta con ellas. Esto no quiere decir que hayamos perdido dicho control. Lo seguimos teniendo. Sólo que ahora necesitamos de mecanismos jurídicos para reivindicarlo.

Durante mucho tiempo, la única vía para compensar el daño causado por la difusión de imágenes con contenido sexual eran las acciones de indemnización por daño moral previstas en la legislación civil. Se trata de un remedio que sólo les ofrece a las víctimas reparaciones, esto es, compensaciones económicas, pues el daño psicológico que se les inflige por la difusión no autorizada de ese material es prácticamente irreparable. Este remedio legal, no obstante, en sí mismo, no es lo suficientemente poderoso como para desincentivar este tipo de prácticas. De igual modo, las dificultades que usualmente enfrentan las víctimas para probar el daño moral, al menos bajo la legislación mexicana, les dan pocos alicientes para acudir a los tribunales a intentar reivindicar el control sobre sus ‘packs’.

En este sentido, cobra importancia la reciente adopción en México de laLey Olimpia, la cual no es una ley como tal, sino una serie de reformas a los códigos penales de las entidades federativas del país. Dichas reformas han tipificado la divulgación de imágenes, videos o audios con contenido sexual en aquellos casos en que no se cuente con el consentimiento de quien aparece en ellas. Las sanciones incluyen penas que van de entre 1 a 8 años de prisión, así como multas económicas que podrían ascender hasta  un monto de $173,760MXN, el equivalente a $US 8,274 DLS, dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

Sin lugar a dudas, la creación de tipos penales que sancionen la divulgación de imágenes o videos con contenido sexual, sin el consentimiento de quien aparece en ellos, viene a hacerles justicia a una gran cantidad de personas que no sólo vieron invadida su privacidad, sino lastimada su dignidad  frente a este tipo de prácticas.  Estas medidas legales reafirman la idea de que el ‘pack’ de una persona se inscribe dentro del ejercicio de su propia privacidad. Nadie más puede quitárselo. Aún a pesar de que el mundo digital nos presente desafíos que parecen insuperables. 

Citación académica sugerida: García Ricci, Diego: La Privacidad de tu Pack, 2020/10/20, https://agendaestadodederecho.com/la-privacidad-de-tu-pack

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Diego García Ricci

Abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en derecho por la Universidad de Toronto, Canadá. Es, además, profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.