El 26 de agosto de 2022, la Corte IDH llevó a cabo la audiencia pública del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs. México. En la audiencia, el señor Daniel García Rodríguez habló de los efectos negativos de la prolongada estancia en prisión sin sentencia para él y para su familia. También se presentaron argumentos contundentes contra la prisión preventiva oficiosa.

Aunque todavía se espera la sentencia en el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz, siguiendo la jurisprudencia anterior de la Corte IDH, –la cual es vinculante para todas las autoridades judiciales mexicanas–, la prisión preventiva oficiosa tal como está prevista en México es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) porque evita que la prisión preventiva se aplique excepcionalmente. Sin embargo, el problema al que se enfrenta la SCJN y la Corte IDH es que esa figura está prevista en la Constitución de México.

El problema se explica a la luz de las llamadas restricciones constitucionales. A partir de la reforma constitucional de 2011, la SCJN interpretó en la Contradicción de Tesis 293/2011 que las normas de derechos humanos de fuente internacional y nacional constituían un parámetro de control de regularidad constitucional, –también conocido como bloque de constitucionalidad–, y que las normas de derechos humanos no se relacionaban entre sí en términos jerárquicos. Sin embargo, concluyó que si había una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de derechos, prevalecía ésta. Ello genera que cuando existen normas constitucionales que violan derechos humanos, la SCJN se enfrente a este obstáculo.

Para abordar el problema, dos proyectos de sentencia de la Suprema Corte propusieron inaplicar el artículo 19 de la Constitución por ser incompatible con los artículos 7 y 8 de la CADH, pero no fueron aprobados pese a que la mayoría de      los integrantes del Pleno de la SCJN consideran que esta figura viola derechos humanos. El obstáculo fue que aprobar los proyectos hubiera implicado dejar sin efectos una parte de un artículo de la Constitución o revisar la doctrina de la SCJN sobre las restricciones constitucionales.

Un primer asunto del ministro Luis María Aguilar, proponía resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019. Después de ser discutido por el Pleno de la SCJN en septiembre de 2022, el ministro retiró el proyecto debido a que no había un consenso necesario (8 votos) para aprobarlo. Meses después, presentó un proyecto nuevo que proponía realizar una interpretación conforme de la Constitución y afirmar que la prisión oficiosa no significaba prisión automática.

La nueva propuesta tampoco fue aprobada pero la Suprema Corte resolvió el caso afirmando que el Congreso está impedido de aumentar la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa de la Constitución por medio de leyes secundarias sin una justificación robusta. La consecuencia fue declarar inconstitucional la inclusión de tres delitos fiscales en la lista de la      prisión preventiva oficiosa.

Un segundo asunto, el amparo en revisión 355/2021 fue presentado por la ministra Norma Lucía Piña, recientemente nombrada presidenta de la SCJN. Ese asunto también proponía declarar inconvencional a la prisión preventiva oficiosa, pero fue retirado y se encuentra pendiente de resolución.