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Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, falleció en mayo de este año. ¿Por qué su rol de defensora de derechos humanos cobra especial relevancia en la actualidad?
Nuevos conceptos, expresiones y concepciones han nutrido progresivamente el lenguaje de los derechos humanos, haciendo más operativa su adecuada defensa. Si bien estos conceptos son reflejo de las respuestas con que la humanidad ha reaccionado al enfrentar diversas y continuas formas de ataques a sus garantías más esenciales, erradamente parecen ingresar dogmáticamente al área de los derechos humanos, proponiendo debates de carácter teórico, lejanos a la realidad de su origen.
La persistente contienda por la justicia y la verdad ha marcado la historia reciente del Cono Sur, que sufrió desde el origen de las diversas dictaduras civil-militares que atentaron contra sus democracias, la desaparición forzada de personas, caracterizada por la crueldad estatal perpetrada sin límites temporales, ya que su carácter permanente persiste azotando a las víctimas hasta la actualidad. Dicha situación también ha estado marcada por la ausencia de límites territoriales, tal como lo evidencia el Plan Cóndor, con una determinada selectividad, ya que las víctimas se caracterizaban por ser jóvenes opositores y opositoras a los regímenes de facto. Aunado a ello, tales regímenes dotaron su marco criminal de poderosas salvaguardas de impunidad.
La represión estatal sembró en América del Sur un terror expresado en una forma que como sociedades nos era desconocida. Contra la desaparición forzada de personas opositoras y contra este cruel escenario se alzó la búsqueda, una búsqueda persistente y marcada por un poderío femenino. Se trata de la poderosa figura de diversas mujeres que iniciaron hidalgamente, y sin referente alguno, la búsqueda de personas desaparecidas. Ellas denunciaban las atrocidades, clamaron por verdad y justicia, oponiéndose al negacionismo, al olvido y a la impunidad, lucha que mantuvieron presente no solo en las dictaduras, sino también en los procesos transicionales.
Aunque la desaparición forzada era una acción estatal desconocida, que ni siquiera se encontraba descrita en los códigos penales de nuestra región, las mujeres buscadoras con absoluta claridad se levantaron desafiantes en la búsqueda de sus familiares y de quienes integraban sus comunidades. Son abuelas, madres, compañeras, amigas, hijas, hermanas y nietas.
En los primeros casos, la emergencia y realidad de la búsqueda precedió incluso a la comprensión del concepto de desaparición forzada. Ante la inhumanidad de las acciones estatales, diversas figuras femeninas transformaron su dolor y resistencia en una activa búsqueda, valiente e implacable, la búsqueda de la respuesta, al ¿dónde están? De igual forma se organizaron para hacer frente a los ataques en su contra y en contra de la verdad, instaurando la exigencia de memoria, verdad y justicia.
Se trató no solo de mujeres sobrevivientes de la desaparición, muchas de ellas también sobrevivieron a detenciones y torturas, aun así continuaron con la búsqueda, muchas tras ser liberadas del secuestro priorizaron para que sus relatos fueran destinados a dar los nombres de quienes habían escuchado o visto en los recintos de desaparición y torturas, antes de abocarse a describir los crímenes que sufrieron sus propios cuerpos.
Al tiempo que lideraban y fortalecían los procesos de construcción de las primeras organizaciones defensoras de los derechos humanos en la región, su capacidad de organizarse les permitió hacer frente a la violencia sistémica y estatal que enfrentaban. Las organizaciones empoderaban, a nivel nacional e internacional, sus voces, y les daban un marco de resguardo, al tiempo que también les permitían generar un marco colectivo de colaboración para seguir al cuidado de sus familias. Las mujeres buscadoras lideraron jornadas de protesta, crearon alianzas, se transformaron en un poderoso símbolo que las trascendía a ellas mismas en pro de hacer más potente la búsqueda. Lo que no impidió que, tanto ellas como sus organizaciones, fueran hostigadas y atacadas, se vieran expuestas a ser investigadas y judicializadas penalmente por la labor que realizaban y realizan hasta nuestros días, situación que evidencia el continuo riesgo en el que las personas defensoras se enfrentan en el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos.
Nora Morales de Cortiñas fue una de las miles de madres a quien la detención y desaparición de su hijo Gustavo, de 24 años, le cambió la vida para siempre. De ama de casa, pasó a liderar la mayor organización de mujeres defensoras de los derechos humanos en Argentina, las Madres de Plaza de Mayo. Norita, como se le conocía, entendió tempranamente que la lucha por verdad y justicia exigía asumir que los miles de hombres y mujeres desaparecidos forzadamente por la dictadura civil-militar eran hijos e hijas de todas las madres que hasta el presente les buscan.
Vivió en carne propia, junto a las demás madres y abuelas, los amedrentamientos y la violencia dictatorial durante esta búsqueda incansable. Luego, en democracia, la lucha continuó, no solo por encontrar a sus familiares, sino por vencer el manto de impunidad y los amarres judiciales que con entereza debieron sortear. En una entrevista de 2011, decía que el mayor aprendizaje que les dejó este andar fue comprender que esta búsqueda era colectiva, no individual, y así se fueron transformando en las madres, abuelas, amigas y hermanas de todos y todas a quienes la dictadura les despojó de sus familiares y seres queridos.
Norita, una de las tantas mujeres buscadoras, murió el 30 de mayo de este año, sin saber el destino final de su hijo Gustavo. “A nosotros no nos bastan ni los monumentos, ni los actos, ni los monolitos, ni los parques, nosotros seguimos extrañándolos. Los desaparecidos no se reemplazan con nadie, pero nuestra lucha no hubiera sido posible sin la ayuda y la compañía del pueblo trabajador”, señalaba.
En esta persistente búsqueda, el tiempo también ha sido implacable con sus cuerpos, la impunidad biológica ha logrado que muchas mueran sin conocer el destino de sus familiares, que otras pierdan la memoria o la razón, fatigadas por la edad y las consecuencias de interminables batallas, de ahí la importancia que la memoria pueda seguir presente en sus comunidades y en la elaboración y contenidos de los conceptos que fortalecen los derechos humanos, como el de personas defensoras, recordando que su contenido y evolución se ha configurado gracias a las experiencias de sofisticada y poderosa lucha de quienes, desde la práctica, precedieron el concepto, marcando para siempre su concepción.
Citación académica sugerida: Fernández, Karinna. Buscadoras: la poderosa defensa de los derechos humanos, Agenda Estado de Derecho 2024/07/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-poderosa-defensa-de-los-derechos-humanos/
Palabras clave: Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Dictaduras, Defensores de derechos humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.