Colombia adelanta nuevas negociaciones con grupos armados al margen de la ley y estructuras criminales de alto impacto, en búsqueda de la “Paz Total” ¿Qué retos y oportunidades surgen?
El gobierno de Colombia anunció y dio inicio a la implementación de su política de “Paz total”. La propuesta parte del reconocimiento de que, a pesar de la histórica firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el país sigue en guerra. Según el CICR, se libran seis conflictos armados en los que participan el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la parte de las antiguas FARC no acogidas al Acuerdo de Paz, la “Segunda Marquetalia” y los Comandos de la Frontera – EB.
Para avanzar en su estrategia, el Gobierno reanudó las conversaciones con el ELN y aprobó la Ley 2272 de 2022, llamada de “Paz total”, que modificó la ley de orden público. Allí se define la “Paz total” como una política de Estado, que incluye (i) el cumplimiento de los acuerdos de paz ya suscritos, (ii) los procesos de negociación con grupos armados organizados de carácter político y (iii) las conversaciones para el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, con diferentes niveles de organización y sin carácter político. En la ley se destaca que los procesos serán participativos, se basarán en el respeto de los derechos de las víctimas y contarán con garantías de no repetición.
La apuesta es difícil. Para lograrla, el Estado y toda la sociedad deben navegar en contra de la inercia de una guerra que parece eterna. Al tiempo, la apuesta es indispensable ya que un país mejor es necesariamente un país sin guerra. Ese fue el llamado central de la Comisión de la Verdad en su Convocatoria a la Paz Grande. A continuación, se plantean tres reflexiones sobre este camino que se ha empezado a recorrer.
La propuesta del Gobierno reconoce una verdad inocultable y es que en la actualidad los conflictos armados de Colombia no son exclusivamente políticos. Es interesante que sea un gobierno de izquierda, liderado por un presidente que hizo parte de una guerrilla política, el que lo reconozca. Hoy hay campo para la izquierda en el poder político. Esta realidad le quita argumentos a quienes siguen defendiendo que la apertura política solo se lograría con las armas; armas que, por contrario, han violentado y restringido la democracia.
La Comisión de la Verdad planteó que la guerra consiste en una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de la tierra, el control del territorio y las rentas; y que en esa disputa el narcotráfico es protagonista y se convirtió en uno de sus principales factores de persistencia (págs. 88 y 312).
El gobierno acierta en buscar la cesación del conflicto armado no solo con los grupos armados políticos, sino también con otros grupos no políticos que, como lo ha documentado la Comisión de la Verdad, disputan el territorio, el poder y el dinero de las rentas ilegales, principalmente del narcotráfico. Sin embargo, el desmantelamiento esas estructuras armadas organizadas es insuficiente ya que, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad, la solución de esta violencia implica reconocer que el narcotráfico hace parte de un entramado de corrupción a gran escala y al más alto nivel, pues ha estado imbricado con la economía y el poder desde los años setenta (pág. 324).
Las negociaciones son un paso crucial, pero hay que profundizar en la comprensión del problema para evolucionar a la no repetición. Como lo propuso también la Comisión de la Verdad, es necesario acabar con el enfoque prohibicionista, transitar a la regulación legal estricta y promover un mecanismo de verdad y judicialización audaz y novedoso que se encargue de los delitos de actores armados y, sobre todo, de los casos de civiles pertenecientes a sectores políticos y económicos; que cuenten con condiciones reforzadas para su independencia y autonomía, sin perjuicio de los incentivos que pueda ofrecer a quienes se acojan a él en un proceso de sometimiento (recomendaciones 28 y 36).
La Ley de Paz Total se anticipa a calificar los contenidos de los acuerdos de paz o los términos para el sometimiento de grupos armados al margen de la ley a los que se llegue como “política de Estado”. Esto significa que serán vinculantes para “las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público” (art. 2.b). Esto no parece muy sólido constitucionalmente. Durante el proceso de implementación normativa del Acuerdo de Paz con las FARC, la Corte Constitucional (C-630/17, 2.2.1) recordó que las negociaciones y suscripción de acuerdos humanitarios y de paz son de competencia exclusiva del Presidente de la República y, como tal, solo obligan al Gobierno y no tienen efectos vinculantes de carácter general.
Para que lo acordado se convierta en una política de Estado, los contenidos deben ser adoptados normativamente por el Congreso de la República y el Gobierno. Los contenidos negociados, incluyendo los términos para el sometimiento, deben ingresar al sistema jurídico en las condiciones procedimentales y sustantivas permitidas por la Constitución. No tuvieron mucho éxito en la Corte las posturas que pretendieron que el Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP alcanzara su obligatoriedad general por el hecho de ser un acuerdo humanitario, o que ingresara directamente al bloque de constitucionalidad por desarrollar derechos fundamentales. Así lo sostuvo la Corte en la Sentencias C-379 de 2016, C-699 de 2016, C-171 de 2017 y C-630 de 2017. La paz es un principio, un deber, un derecho y un objetivo constitucional que, sin embargo, solo se materializa y potencia a través de los canales de la deliberación democrática.
Políticamente tampoco es conveniente anticipar una supuesta obligatoriedad general de lo que se negocie. Una de las lecciones que dejó el proceso con las FARC, y particularmente el plebiscito, es que un acuerdo no se impone por el hecho de invocar la bandera de la paz como un valor incuestionable. El contenido de la paz se construye con la participación de las víctimas y de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los más críticos. El Gobierno ha dado pasos interesantes en este sentido al vincular a las negociaciones a sectores cercanos a la oposición cuya vocación, en principio, es la de cuestionar estos procesos. También ha anunciado que la Paz total se edifica a través de amplios procesos participativos. Eso está bien. La paz no debería consistir en la imposición de un grupo sobre otro, aún si este grupo está en el poder o cuenta con las mayorías. La paz es un manto que se teje incluyendo las voces de todos los sectores de la sociedad.
Por último, lo más importante, los derechos de las víctimas. Colombia lleva décadas de procesos de negociación de paz. Hasta los años ochenta e inclusive los 90, estos procesos se adelantaron a través del modelo del delito político que considera amnistiable la toma de armas contra el Estado cuando está fundada en razones políticas. Sin embargo, desde los noventa y especialmente con la adopción del Estatuto de Roma en este siglo, los derechos de las víctimas son el principal límite a la negociación política y está prohibida la amnistía de crímenes graves. En este marco, en la primera década de este siglo se puso en marcha el proceso de justicia y paz que ha judicializado los delitos del las Autodefensas Unidas de Colombia y, en el proceso con las FARC, se puso en marcha la JEP.
Los acuerdos a los que se lleguen deben tomar muy en serio los derechos de las víctimas, aprovechar la experiencia e institucionalidad con la que ya cuenta Colombia y asumir los retos que persisten. Mientras que para la violencia del narcotráfico y la corrupción a gran escala, como se dijo, es recomendable crear un mecanismo específico; para la judicialización de los delitos del ELN se podría ampliar la competencia de la JEP. Proponer un nuevo mecanismo podría ser costoso y demorado; dificultaría y alargaría el proceso de negociación e implementación de lo que se acuerde. Asimismo, adicionaría complejidad al ya sofisticado sistema de justicia transicional colombiano. Resulta mejor aprovechar la capacidad instalada de la JEP y reforzar lo que sea necesario.
En la JEP se ha podido observar a los comandantes de las FARC y a mandos militares reconociendo su responsabilidad por los crímenes más graves. Estos pasos que contribuyen a la reconciliación política deben solidificarse garantizando sanciones oportunas que, a la vez que sean restaurativas, deben cumplir el estándar de sanción efectiva. También es importante fortalecer el proceso de reparación de víctimas que, aunque ha sido un esfuerzo descomunal del Estado, sigue siendo insuficiente para la mayoría de las víctimas.
Ya se ha entendido que es necesaria la apertura democrática para que los antiguos guerrilleros, como delincuentes políticos, tengan un campo en la política a través de las curules en el Congreso. Resulta igualmente importante aproximarse a la sanción efectiva de los hechos según su gravedad y fortalecer la reparación a las víctimas. Es el siguiente paso en el proceso en la JEP y un mensaje que no se puede olvidar en las negociaciones para la PAZ GRANDE. Así el proceso será más creíble y sostenible para las víctimas y para la sociedad. Después de todo, el objetivo es que cese la guerra, pero también que el daño sea reconocido y los hechos sean rechazados según su gravedad para que no se repitan, para que la paz integre a quienes han participado en el conflicto dándoles una nueva oportunidad, a las víctimas reconociendo su daño y su sufrimiento, y que la sociedad en general camine sobre bases sólidas de justicia y no repetición.
Citación académica sugerida: Marín, Iris. La Paz Grande: audaz, democrática y para las víctimas. Agenda Estado de Derecho. 2023/02/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-paz-grande-audaz-democratica-y-para-las-victimas/
Palabras clave: Paz, Colombia, víctimas
Abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es magistrada auxiliar de la Sala Especial de Seguimiento de desplazados de la Corte Constitucional. Fue asesora a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, de la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz y magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue directora de reparación y subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Ha trabajado con organizaciones de derechos humanos, ONU-MUJERES, organismos de cooperación internacional y con la Comisión de la Verdad de Ecuador. Ha sido profesora de género, de teorías de la justicia, de justicia transicional, de derecho a la reparación y de Derecho Constitucional en distintas universidades colombianas y ha colaborado con la Universidad de Essex en temas de reparaciones y justicia transicional. Autora de publicaciones sobre derechos de las víctimas y justicia transicional, derechos humanos e igualdad de género.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
