La Paz Grande: audaz, democrática y para las víctimas

26 de Enero de 2023
La Paz Grande: audaz, democrática y para las víctimas
Crédito foto: Yamith Mariño Díaz

Colombia adelanta nuevas negociaciones con grupos armados al margen de la ley y estructuras criminales de alto impacto, en búsqueda de la “Paz Total” ¿Qué retos y oportunidades surgen?

El gobierno de Colombia anunció y dio inicio a la implementación de su política de “Paz total”. La propuesta parte del reconocimiento de que, a pesar de la histórica firma del  Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el país sigue en guerra. Según el CICR, se libran seis conflictos armados en los que participan el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la parte de las antiguas FARC no acogidas al Acuerdo de Paz, la “Segunda Marquetalia” y los Comandos de la Frontera – EB. 

Para avanzar en su estrategia, el Gobierno reanudó las conversaciones con el ELN y aprobó la Ley 2272 de 2022, llamada de “Paz total”, que modificó la ley de orden público. Allí se define la “Paz total” como una política de Estado, que incluye (i) el cumplimiento de los acuerdos de paz ya suscritos, (ii) los procesos de negociación con grupos armados organizados de carácter político y (iii) las conversaciones para el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, con diferentes niveles de organización y sin carácter político. En la ley se destaca que los procesos serán participativos, se basarán en el respeto de los derechos de las víctimas y contarán con garantías de no repetición.

La apuesta es difícil. Para lograrla, el Estado y toda la sociedad deben navegar en contra de la inercia de una guerra que parece eterna. Al tiempo, la apuesta es indispensable ya que un país mejor es necesariamente un país sin guerra. Ese fue el llamado central de la Comisión de la Verdad en su Convocatoria a la Paz Grande. A continuación, se plantean tres reflexiones sobre este camino que se ha empezado a recorrer.

Un conflicto cada vez menos político y más narcotizado

La propuesta del Gobierno reconoce una verdad inocultable y es que en la actualidad los conflictos armados de Colombia no son exclusivamente políticos. Es interesante que sea un gobierno de izquierda, liderado por un presidente que hizo parte de una guerrilla política, el que lo reconozca. Hoy hay campo para la izquierda en el poder político. Esta realidad le quita argumentos a quienes siguen defendiendo que la apertura política solo se lograría con las armas; armas que, por contrario, han violentado y restringido la democracia.

La Comisión de la Verdad planteó que la guerra consiste en una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de la tierra, el control del territorio y las rentas; y que en esa disputa el narcotráfico es protagonista y se convirtió en uno de sus principales factores de persistencia (págs. 88 y 312).

El gobierno acierta en buscar la cesación del conflicto armado no solo con los grupos armados políticos, sino también con otros grupos no políticos que, como lo ha documentado la Comisión de la Verdad, disputan el territorio, el poder y el dinero de las rentas ilegales, principalmente del narcotráfico. Sin embargo, el desmantelamiento esas estructuras armadas organizadas es insuficiente ya que, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad, la solución de esta violencia implica reconocer que el narcotráfico hace parte de un entramado de corrupción a gran escala y al más alto nivel, pues ha estado imbricado con la economía y el poder desde los años setenta (pág. 324).

Las negociaciones son un paso crucial, pero hay que profundizar en la comprensión del problema para evolucionar a la no repetición. Como lo propuso también la Comisión de la Verdad, es necesario acabar con el enfoque prohibicionista, transitar a la regulación legal estricta y promover un mecanismo de verdad y judicialización audaz y novedoso que se encargue de los delitos de actores armados y, sobre todo, de los casos de civiles pertenecientes a sectores políticos y económicos; que cuenten con condiciones reforzadas para su independencia  y autonomía, sin perjuicio de los incentivos que pueda ofrecer a quienes se acojan a él en un proceso de sometimiento (recomendaciones 28 y 36).

Construir la paz democráticamente

La Ley de Paz Total se anticipa a calificar los contenidos de los acuerdos de paz o los términos para el sometimiento de grupos armados al margen de la ley  a los que se llegue como “política de Estado”. Esto significa que serán vinculantes para “las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público” (art. 2.b). Esto no parece muy sólido constitucionalmente. Durante el proceso de implementación normativa del Acuerdo de Paz con las FARC, la Corte Constitucional (C-630/17, 2.2.1) recordó que las negociaciones y suscripción de acuerdos humanitarios y de paz son de competencia exclusiva del Presidente de la República y, como tal, solo obligan al Gobierno y no tienen efectos vinculantes de carácter general.

Para que lo acordado se convierta en una política de Estado, los contenidos deben ser adoptados normativamente por el Congreso de la República y el Gobierno. Los contenidos negociados, incluyendo los términos para el sometimiento, deben ingresar al sistema jurídico en las condiciones procedimentales y sustantivas permitidas por la Constitución. No tuvieron mucho éxito en la Corte las posturas que pretendieron que el Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP alcanzara su obligatoriedad general por el hecho de ser un acuerdo humanitario, o que ingresara directamente al bloque de constitucionalidad por desarrollar derechos fundamentales. Así lo sostuvo la Corte en la Sentencias C-379 de 2016, C-699 de 2016, C-171 de 2017 y C-630 de 2017. La paz es un principio, un deber, un derecho y un objetivo constitucional que, sin embargo, solo se materializa y potencia a través de los canales de la deliberación democrática.

Políticamente tampoco es conveniente anticipar una supuesta obligatoriedad general de lo que se negocie. Una de las lecciones que dejó el proceso con las FARC, y particularmente el plebiscito, es que un acuerdo no se impone por el hecho de invocar la bandera de la paz como un valor incuestionable. El contenido de la paz se construye con la participación de las víctimas y de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los más críticos. El Gobierno ha dado pasos interesantes en este sentido al vincular a las negociaciones a sectores cercanos a la oposición cuya vocación, en principio, es la de cuestionar estos procesos. También ha anunciado que la Paz total se edifica a través de amplios procesos participativos. Eso está bien. La paz no debería consistir en la imposición de un grupo sobre otro, aún si este grupo está en el poder o cuenta con las mayorías. La paz es un manto que se teje incluyendo las voces de todos los sectores de la sociedad.

Tomar en serio los derechos de las víctimas

Por último, lo más importante, los derechos de las víctimas. Colombia lleva décadas de procesos de negociación de paz. Hasta los años ochenta e inclusive los 90, estos procesos se adelantaron a través del modelo del delito político que considera amnistiable la toma de armas contra el Estado cuando está fundada en razones políticas. Sin embargo, desde los noventa y especialmente con la adopción del Estatuto de Roma en este siglo, los derechos de las víctimas son el principal límite a la negociación política y está prohibida la amnistía de crímenes graves.  En este marco, en la primera década de este siglo se puso en marcha el proceso de justicia y paz que ha judicializado los delitos del las Autodefensas Unidas de Colombia y, en el proceso con las FARC, se puso en marcha la JEP.

Los acuerdos a los que se lleguen deben tomar muy en serio los derechos de las víctimas, aprovechar la experiencia e institucionalidad con la que ya cuenta Colombia y asumir los retos que persisten. Mientras que para la violencia del narcotráfico y la corrupción a gran escala, como se dijo, es recomendable crear un mecanismo específico; para la judicialización de los delitos del ELN se podría ampliar la competencia de la JEP. Proponer un nuevo mecanismo podría ser costoso y demorado; dificultaría y alargaría el proceso de negociación e implementación de lo que se acuerde. Asimismo, adicionaría complejidad al ya sofisticado sistema de justicia transicional colombiano. Resulta mejor aprovechar la capacidad instalada de la JEP y reforzar lo que sea necesario.

En la JEP se ha podido observar a los comandantes de las FARC y a mandos militares reconociendo su responsabilidad por los crímenes más graves. Estos pasos que contribuyen a la reconciliación política deben solidificarse garantizando sanciones oportunas que, a la vez que sean restaurativas, deben cumplir el estándar de sanción efectiva. También es importante fortalecer el proceso de reparación de víctimas que, aunque ha sido un esfuerzo descomunal del Estado, sigue siendo insuficiente para la mayoría de las víctimas.

Ya se ha entendido que es necesaria la apertura democrática para que los antiguos guerrilleros, como delincuentes políticos, tengan un campo en la política a través de las curules en el Congreso. Resulta igualmente importante aproximarse a la sanción efectiva de los hechos según su gravedad y fortalecer la reparación a las víctimas. Es el siguiente paso en el proceso en la JEP y un mensaje que no se puede olvidar en las negociaciones para la PAZ GRANDE. Así el proceso será más creíble y sostenible para las víctimas y para la sociedad. Después de todo, el objetivo es que cese la guerra, pero también que el daño sea reconocido y los hechos sean rechazados según su gravedad para que no se repitan, para que la paz integre a quienes han participado en el conflicto dándoles una nueva oportunidad, a las víctimas reconociendo su daño y su sufrimiento, y que la sociedad en general camine sobre bases sólidas de justicia y no repetición.

Citación académica sugerida: Marín, Iris. La Paz Grande: audaz, democrática y para las víctimas. Agenda Estado de Derecho. 2023/02/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-paz-grande-audaz-democratica-y-para-las-victimas/

Palabras clave: Paz, Colombia, víctimas

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ACERCA DE LA AUTORA
Iris Marín Ortiz

Abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es magistrada auxiliar de la Sala Especial de Seguimiento de desplazados de la Corte Constitucional. Fue asesora a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, de la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz y magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue directora de reparación y subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Ha trabajado con organizaciones de derechos humanos, ONU-MUJERES, organismos de cooperación internacional y con la Comisión de la Verdad de Ecuador. Ha sido profesora de género, de teorías de la justicia, de justicia transicional, de derecho a la reparación y de Derecho Constitucional en distintas universidades colombianas y ha colaborado con la Universidad de Essex en temas de reparaciones y justicia transicional. Autora de publicaciones sobre derechos de las víctimas y justicia transicional, derechos humanos e igualdad de género.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.