La lucha contra el autoritarismo y la corrupción en Guatemala llega a un punto crucial con la transición política. El artículo analiza los desafíos del actual gobierno para consolidar la democracia.
La reciente toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala no es solo un cambio de mando, sino también un símbolo de resistencia democrática en un país marcado por la inestabilidad política y un deterioro en la calidad democrática e institucional.
Este artículo explora el camino que llevó a Arévalo al poder y lo que su presidencia podría significar para el futuro de la democracia en Guatemala, especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.
El cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 representó un giro decisivo tanto para la lucha anticorrupción en el país como para el futuro de su democracia.
En sus doce años de actividad, esta entidad de la ONU desempeñó un papel fundamental en la identificación y sanción de actos corruptos, logrando más de 400 condenas y destacando en casos emblemáticos como el Caso La Línea, que condujo a la renuncia tanto del presidente como de la vicepresidenta de Guatemala en 2015.
Sin embargo, la oposición de ciertos sectores de poder culminó en la decisión del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la CICIG, lo que fue percibido por muchos como un revés significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción.
Lo que siguió, bajo la administración de Alejandro Giammattei (2019-2024), fue un deterioro notable en varios frentes democráticos.
La libertad de expresión y los derechos civiles se vieron particularmente afectados, como lo demuestra el descenso del país en el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros sin Fronteras, donde Guatemala retrocedió once puestos.
De acuerdo con el reporte de 2023 de V-Dem, Guatemala es uno de los países con mayor autocratización en los últimos tres años y pasó a ser oficialmente catalogado como una autocracia electoral.
Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido un actor central en la cruzada autoritaria y su gestión ha estado marcada por controversias y acusaciones de acciones antidemocráticas, incluyendo la persecución de periodistas y opositores políticos.
Esta situación ha llevado a más de veinte periodistas al exilio y a cerca de 45 exfuncionarios de justicia, de los cuales más de 10 enfrentan procesos penales en el país.
Esta época estuvo caracterizada por una creciente influencia de élites políticas y grupos del crimen organizado en los órganos de control, lo que generó un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones.
Las elecciones de 2023 se convirtieron en un referéndum sobre el futuro democrático de Guatemala. La controversia comenzó con la descalificación de tres candidatos presidenciales de la oposición, una decisión que muchos interpretaron como un intento de las autoridades electorales y judiciales de manipular el resultado.
A pesar de estos desafíos, la victoria sorpresiva de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición se entendió como un rechazo contundente al autoritarismo y la corrupción desbordada.
La elección de Arévalo no marcó el fin de los desafíos. En los meses siguientes, el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras y con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como protagonista, intensificó sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral, incluyendo acusaciones de fraude e intentos ilegales de anular los resultados.
Estas acciones desencadenaron una crisis política que culminó en una jornada vergonzosa en la que la fiscalía secuestró, por primera vez en nuestra era democrática, el material electoral. Esto desató una serie de protestas y bloqueos de rutas en todo el país. La comunidad internacional jugó un papel crucial durante este periodo, con organismos como la OEA y la Unión Europea emitiendo pronunciamientos contra la cruzada anti democrática.
El último golpe de la fiscalía, con la complicidad del Congreso, fue retirar la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 31 de noviembre de 2023, como represalia contra este órgano electoral por negarse a ser cómplice de la farsa del fraude promovida por la fiscalía y una minoría de élites políticas y mafiosas.
Al día de publicación de este artículo, los cuatro magistrados se encuentran en el exilio, con una licencia para ausentarse de sus labores y con una orden de detención en su contra.
La investidura de Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 inaugura un capítulo crucial en la historia política de Guatemala. Ante una erosión institucional y democrática sin precedentes, existían especulaciones de que el Congreso podría resistirse a juramentar a Arévalo como presidente, a pesar de haber sido oficialmente declarado ganador.
Este contexto refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el nuevo mandatario en su esfuerzo por restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.
Sin embargo, dos días después de que Estados Unidos emitiera sanciones revocando el visado a 300 guatemaltecos, incluyendo diputados al Congreso, políticos y algunos miembros del sector privado, la Corte de Constitucionalidad nos concedió un amparo a un grupo de ciudadanos y abogados, ordenando al Congreso de la República darle posesión al presidente electo, Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024.
Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el enorme desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el Estado de derecho. Además, deberá abordar problemas persistentes como la corrupción, la deficiente prestación de servicios públicos y la influencia del crimen organizado.
Sus principales desafíos para comenzar la reconstrucción institucional y democrática pasan por remover a la fiscal general, que se ha vuelto virtualmente inamovible, pese a su abuso de poder, por una reforma legislativa de 2016 que solo permite remover al fiscal general cuando ha sido condenado por la comisión de un delito, algo que tomaría más tiempo que el vencimiento de su mandato en mayo de 2026.
Además, el Congreso enfrenta la tarea de nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados ejercerán su función desde octubre de 2024 hasta octubre de 2029. Este proceso representa una oportunidad vital para restaurar la integridad del sistema de justicia, que ha sido severamente comprometido.
La selección de los candidatos para estas altas magistraturas es un procedimiento intrincado, implicando la participación de una comisión nominadora integrada por decanos de doce facultades de derecho, miembros electos del Colegio de Abogados y representantes seleccionados internamente por el poder judicial.
La consecución de una mayoría de 81 votos de los 160 posibles en un Congreso donde Arévalo cuenta con solo 23 escaños sería un logro significativo, marcando un avance crucial en la reconstrucción de una justicia imparcial y efectiva.
El futuro de la nueva administración y el de Guatemala están más atados que nunca. El éxito de Arévalo consistirá en devolver oxígeno al espacio cívico y comenzar a dar los primeros pasos en la reconstrucción del sistema de justicia, contrarrestando la influencia del crimen organizado.
Citación académica sugerida: Ortiz Romero, Edgar. La lucha por la democracia en Guatemala. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-lucha-por-la-democracia-en-guatemala/
Palabras clave: Guatemala; transición; democracia; lucha contra la corrupción
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
