Considero que los argumentos antes mencionados son bastante endebles. No solo porque ni la Constitución ni la ley orgánica de la JNJ prevén ninguno de los supuestos invocados por estos, sino porque, a la luz de lo señalado antes, evidencian la intención de un sector relevante del Congreso por cooptar esta institución que, tal como veremos a continuación, cumple un rol clave en el sistema de administración de justicia.

Así pues, tanto el primer como el tercer argumento presentan un problema de pruebas. El Congreso, por ejemplo, omitió señalar que el comunicado al que aluden no fue suscrito por todos los integrantes de la JNJ. Y que este, en ninguno de sus extremos, lo conmina a hacer o dejar de hacer algo. Tan es así que, pese a su publicación, el Congreso aprobó la acusación constitucional en contra de la ex Fiscal Zoraida Avalos y la inhabilitó para ejercer la función pública por un lapso de 5 años.

En el mismo sentido, el Congreso no ha podido acreditar que la información a la que alude, relativa a la investigación seguida contra la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue filtrada por algún (o algunos) integrante (s) de la JNJ. La única prueba que el Congreso ha aportado para acreditar este hecho es un reportaje periodístico difundido por un medio local que tampoco demuestra el hecho que se les imputa.

El único argumento que ameritaría una discusión jurídica es el segundo. De ahí que en las últimas semanas varios congresistas hayan orientado sus críticas contra la JNJ basándose en éste.    

Este argumento presenta dos problemas. Primero, se basa en una interpretación literal del  artículo 156 de la Constitución, sin considerar que otro artículo de la Norma Suprema señala, también, en términos expresos, algo distinto a lo que prevé aquella. En efecto, el artículo 155 de la Constitución establece que: “La Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos, por un período de cinco años.” En otras palabras, no se puede invocar en un caso la interpretación literal (el artículo 156 CP), y omitirla en el otro (el artículo 155 CP). De ahí que tenga más sentido, tal como lo prevé la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, recurrir a los principios de unidad y de concordancia práctica de la Constitución. Según estos, la Constitución se debe interpretar como un todo, no de manera aislada; de tal manera que la lectura de sus enunciados redunde en una aplicación pacífica (concordante) de sus contenidos.

En ese sentido, el artículo 156 CP debe entenderse como un límite para el acceso al cargo, pero no para el desempeño en el mismo. De lo contrario, la garantía de la permanencia en el cargo (en este caso por 5 años) estaría sujeta a las características o condiciones subjetivas de los integrantes de la JNJ, lo cual va en contra del principio de independencia judicial, que cuenta con una robusta protección constitucional y convencional.

El segundo problema que advierto en este argumento es que omite precisar que la actual Ley Orgánica de la JNJ no contempla la figura de la vacancia por límite de edad de sus integrantes. Dado que esta no existe, crearla, de forma arbitraria, vulneraría el principio de legalidad y, por consiguiente, el debido proceso.