La Impunidad. El mayor reto para los periodistas en América Latina

7 de Junio de 2024
La Impunidad. El mayor reto para los periodistas en América Latina
Foto. Perfil X @Juan_OrtizMX

América Latina es una región peligrosa para los periodistas, quiénes a diario se enfrentan a distintos tipos de amenazas y violencias. Los asesinatos y la impunidad que rodea estos crímenes son el principal desafío que enfrenta el gremio.

Según el Índice Global de Impunidad elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas, tres países de la región – Brasil, México y Haití – se encuentran entre los diez países con peor tasa de esclarecimiento de asesinatos de periodistas en todo el mundo.

El Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO ha señalado al respecto que el 86% de los asesinatos de periodistas en la región latinoamericana en los últimos 10 años ha quedado sin resolver.

Al mismo tiempo, los países que componen la región no son, en su mayoría, ni dictaduras ni Estados fallidos, lo que no sugeriría una cifra tan elevada. En los índices que miden la democracia como el The Economist Democracy Index, América Latina se encuentra en un estable tercer puesto, por detrás de Europa y Norteamérica.

¿Cómo se puede explicar esta contradicción y qué impactos tiene en la labor periodística?

En primer lugar, debemos comprender que los asesinatos son sólo la punta del iceberg, pues representan la culminación de una larga serie de intimidaciones que incluyen amenazas, estigmatización, doxing, ciberataques, obstrucción al trabajo periodístico, entre otros. El índice de impunidad en estos casos es probablemente mucho más alto.

Además, como afirma Ángela Daniela Caro Montenegro, de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP): “El seguimiento a la impunidad es difícil porque la gran mayoría de Estados no tienen bases de datos que contengan variables que permitan identificar que esos hechos de violencia tienen relación con el ejercicio de la libertad de prensa.”

El asesinato, por su parte, es una advertencia para todos y suele ser el último recurso para poner fin a la investigación del periodista cuando esta amenaza intereses de grupos de poder.

Frente a este escenario, hay periodistas que adoptan la autocensura para evitar ser posible objetivo de una agresión. Se dejan de investigar ciertos temas, se modifican los textos para no provocar demasiado y se obstaculiza el contacto con los informadores.

Al mismo tiempo, la amenaza latente exige a los periodistas tomar medidas y utilizar recursos para proteger su propia vida y la de su entorno familiar y social.

Factores que agravan la persecución y violencia contra periodistas

El género, el respaldo institucional y el lugar donde se realiza el reportaje influyen en las posibilidades de ejercer su profesión de periodista y su acceso a las instituciones del Estado de derecho.  Se trata, por tanto, de una gran restricción de la libertad de expresión y prensa.

Esta infracción es especialmente grave por el vínculo predominante entre periodismo y activismo en América Latina. El periodismo se ha consolidado como un medio fundamental para exigir y proteger los derechos humanos.

Por ejemplo, en la protección del medio ambiente, los medios periodísticos, como MONGABAY (Latinoamérica) o rutas del conflicto (Colombia), se utilizan a menudo para llamar la atención sobre la minería ilegal, la deforestación u otros asuntos pertinentes.

La mayoría de estos reportajes son realizados por periodistas de medios de comunicación pequeños. Sin el apoyo de grandes instituciones, estos medios se enfrentan a una mayor precariedad económica y física. Esto dificulta su capacidad para llevar a cabo periodismo de investigación, que requiere especialmente mucho tiempo y recursos.

El Estado y la impunidad contra periodistas

Para explicar el auge de la impunidad en estos casos, es necesario analizar el papel desempeñado por el Estado en América Latina. Varios países de la región siguen caracterizándose por una gobernabilidad compleja, marcada por la corrupción y por altos niveles de crimen organizado.

En los índices de corrupción, la región ha obtenido resultados negativos en relación con su puntuación en democracia.

Los politólogos explican esta contradicción con la llegada del fenómeno del neopatrimonialismo que está basado en dos condiciones:

(i) Los privilegios del Estado llevan a que los recursos públicos se consideren propios por los actores estatales y

(ii) Que esta actitud sea acogida por la sociedad.

Por lo tanto, el Estado y su compleja burocracia pueden considerarse no solamente como un adversario de la delincuencia organizada, sino también como una estructura que la promueve y que contribuye a su crecimiento. Por tanto, se requiere de instituciones más eficaces y legitimadas democráticamente que contribuyan a hacer frente a este fenómeno.

Lo pérfido de este sistema es que se trata de un problema estructural que no es fácil de identificar y solucionar. La corrupción está muy extendida y aceptada en este sistema, pero también está condenada al ostracismo y puede acabar con las carreras de políticos. La corrupción sigue siendo percibida por la población en América Latina como un problema central.

Debido a la falta de información pública que aún predomina en la región, el periodismo de investigación tiene un papel destacado a la hora de destapar este tipo de situaciones. Sin embargo, no sólo amenaza la posición poderosa de la delincuencia organizada, sino también la de los agentes estatales y sus privilegios.

Por lo tanto, debemos considerar la impunidad menos como un fallo del sistema y más como un fenómeno políticamente deseado.

Hay sectores del Estado interesados en silenciar a los periodistas. Al mismo tiempo, valores como la libertad de expresión y la libertad de prensa están firmemente anclados en la sociedad. En consecuencia, el Estado se limita a no investigar o hasta puede dificultar el proceso. Los periodistas denuncian a menudo la lentitud de los procedimientos y la falta de voluntad institucional.

Esta conducta ambigua contra los periodistas dificulta la adopción de medidas que pueden mejorar la situación porque ocultan el problema al público.

Además, domina un discurso político desde arriba en la región que presenta a los periodistas como el enemigo. Este discurso ha sido adoptado tanto por Petro en Colombia como por Milei en Argentina, pues va más allá de las fronteras ideológicas. Esto repercute en toda la burocracia, que puede sentirse reivindicada al apartar la vista a la violencia contra periodistas, permitiendo la impunidad.

La impunidad es, por tanto, un fenómeno estructural y políticamente intencionado cuyos orígenes se encuentran tanto en el discurso político público desde arriba como en las prácticas cotidianas de la burocracia. El Estado de derecho sólo puede proporcionar un alivio limitado en este caso. Por un lado, los periodistas confían poco en él. Por otra parte, el Estado de derecho también se utiliza contra los periodistas por ejemplo en forma de demandas por difamación.

Para Ángela Daniela Caro Montenegro, una posible solución empieza por un cambio de mentalidad desde arriba. La sociedad debe darse cuenta de la importancia de un periodismo independiente e investigativo y exigir su protección a los responsables políticos. Al mismo tiempo, los políticos deben emitir directivas claras sobre cómo tratar los delitos penales contra periodistas. Esto daría a la burocracia y al sistema del Estado de derecho parámetros claros con los que medirse.

Citación académica sugerida: Speidel, Jana y Neubauer, Tobias. La Impunidad. El mayor reto para los periodistas en América Latina. Agenda Estado de Derecho, 2024/06/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-impunidad-el-mayor-reto-para-los-periodistas-en-america-latina/

Palabras clave: libertad de expresión, impunidad, periodismo, América Latina.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LOS AUTORES
Jana Speidel

Maestría en Peace Research and International Relations por la Universidad de Tübingen en Alemania.

Tobias Neubauer
Tobias Neubauer

Estudiante de la Maestría en Relationes Internationales en Eichstätt, Alemania.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.