Para explicar el auge de la impunidad en estos casos, es necesario analizar el papel desempeñado por el Estado en América Latina. Varios países de la región siguen caracterizándose por una gobernabilidad compleja, marcada por la corrupción y por altos niveles de crimen organizado.

En los índices de corrupción, la región ha obtenido resultados negativos en relación con su puntuación en democracia.

Los politólogos explican esta contradicción con la llegada del fenómeno del neopatrimonialismo que está basado en dos condiciones:

(i) Los privilegios del Estado llevan a que los recursos públicos se consideren propios por los actores estatales y

(ii) Que esta actitud sea acogida por la sociedad.

Por lo tanto, el Estado y su compleja burocracia pueden considerarse no solamente como un adversario de la delincuencia organizada, sino también como una estructura que la promueve y que contribuye a su crecimiento. Por tanto, se requiere de instituciones más eficaces y legitimadas democráticamente que contribuyan a hacer frente a este fenómeno.

Lo pérfido de este sistema es que se trata de un problema estructural que no es fácil de identificar y solucionar. La corrupción está muy extendida y aceptada en este sistema, pero también está condenada al ostracismo y puede acabar con las carreras de políticos. La corrupción sigue siendo percibida por la población en América Latina como un problema central.

Debido a la falta de información pública que aún predomina en la región, el periodismo de investigación tiene un papel destacado a la hora de destapar este tipo de situaciones. Sin embargo, no sólo amenaza la posición poderosa de la delincuencia organizada, sino también la de los agentes estatales y sus privilegios.

Por lo tanto, debemos considerar la impunidad menos como un fallo del sistema y más como un fenómeno políticamente deseado.

Hay sectores del Estado interesados en silenciar a los periodistas. Al mismo tiempo, valores como la libertad de expresión y la libertad de prensa están firmemente anclados en la sociedad. En consecuencia, el Estado se limita a no investigar o hasta puede dificultar el proceso. Los periodistas denuncian a menudo la lentitud de los procedimientos y la falta de voluntad institucional.

Esta conducta ambigua contra los periodistas dificulta la adopción de medidas que pueden mejorar la situación porque ocultan el problema al público.

Además, domina un discurso político desde arriba en la región que presenta a los periodistas como el enemigo. Este discurso ha sido adoptado tanto por Petro en Colombia como por Milei en Argentina, pues va más allá de las fronteras ideológicas. Esto repercute en toda la burocracia, que puede sentirse reivindicada al apartar la vista a la violencia contra periodistas, permitiendo la impunidad.

La impunidad es, por tanto, un fenómeno estructural y políticamente intencionado cuyos orígenes se encuentran tanto en el discurso político público desde arriba como en las prácticas cotidianas de la burocracia. El Estado de derecho sólo puede proporcionar un alivio limitado en este caso. Por un lado, los periodistas confían poco en él. Por otra parte, el Estado de derecho también se utiliza contra los periodistas por ejemplo en forma de demandas por difamación.

Para Ángela Daniela Caro Montenegro, una posible solución empieza por un cambio de mentalidad desde arriba. La sociedad debe darse cuenta de la importancia de un periodismo independiente e investigativo y exigir su protección a los responsables políticos. Al mismo tiempo, los políticos deben emitir directivas claras sobre cómo tratar los delitos penales contra periodistas. Esto daría a la burocracia y al sistema del Estado de derecho parámetros claros con los que medirse.