El Estado de Alarma en Venezuela para hacer frente al coronavirus
15 de Julio del 2020
El pasado 13 de julio de 2020 se cumplieron 15 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia correspondiente al caso de la Comunidad indígena Yakye Axa en contra de Paraguay, aprobada el 17 de junio de 2005. En esa oportunidad, la Corte IDH determinó que Paraguay era responsable por no respetar y garantizar el derecho a la propiedad comunitaria de esa comunidad indígena, y que, como consecuencia del desplazamiento de sus tierras ancestrales, sufrieron graves afectaciones a su vida digna.
Quince años después de la notificación de la sentencia, la Corte IDH ha emitido varias resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, en las que sí ha identificado el cumplimiento de algunas de las medidas de reparación dispuestas en la sentencia. Sin embargo, la medida trascendental –la restitución de tierras a favor de Yakye Axa– continúa pendiente de cumplimiento. La restitución de tierras es piedra angular para la supervivencia independiente de la comunidad, conforme a su cosmovisión. La realidad es que la comunidad continúa sobreviviendo a orillas de la Ruta Pozo Colorado, con una infraestructura incompatible con la vida digna de cualquier persona o comunidad. Frente a esta situación, la comunidad indígena retomó la protesta para exigir el cumplimiento de la decisión. Han pasado las generaciones (se cumplieron casi 25 años desde que se asentaron en ese punto de la carretera), han cambiado las administraciones públicas y legislaturas, han cambiado los líderes indígenas, pero la circunstancia en la que se encuentra la comunidad es la misma.
Paraguay y la comunidad indígena acordaron que no se les restituirían sus tierras ancestrales. Por el contrario, la comunidad recibiría tierras alternativas siempre y cuando se les garantizara un camino, disponible en todo tiempo, que les permitiera acceder a estas tierras. En efecto, “las tierras alternativas se ubican en lugares de difícil acceso y se requiere que el futuro asentamiento comunitario de Yakye Axa cuente con una ruta que lo comunique con las ciudades aledañas de Concepción y Pozo Colorado para efectos propios de su economía y de acceso a bienes y servicios”. La Corte enfatizó que la “aceptación de tierras alternativas está sujeta a la condición acordada” y que la comunidad podrá renunciar a esa aceptación “si el Estado no cumple con lo pactado”.
Conforme a la resolución de la Corte IDH de 2019 y las conclusiones de su visita a terreno en 2017, el Estado cuenta con las tierras alternativas para la comunidad, pero no ha procedido a titularlas a su favor, sin justificación aparente. Además, existe deforestación en las tierras que le corresponderían a Yakye Axa, sin que el Estado haya hecho nada al respecto, y a eso se suma que las labores de construcción del camino que han podido avanzar “no se encontraban concluidas y […] no estaba en condición de ser transitable y funcional en todo tipo de tiempo”.
En 2015, la Corte constató que, aunque en 2006 se había dispuesto un fondo para la adquisición de las tierras correspondientes a la comunidad, estas cantidades habían sido sustraídas. La Corte requirió “información clara y completa sobre si han sido restituidos los fondos necesarios para proceder a la adquisición y titulación de las tierras correspondientes a la comunidad […] así como el camino de las mismas”. La Corte, sin embargo, no utilizó el término corrupción para calificar lo ocurrido en esta oportunidad. No fue hasta 2018, en su sentencia del caso Ramírez Escobar, que la Corte IDH reconoció “las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, así como el hecho de que la corrupción de autoridades estatales o prestadores privados de servicios públicos afecta de una manera particular a grupos vulnerables”.
El camino de todo tiempo, necesario para que la comunidad indígena pueda acceder a las tierras alternativas acordadas, pasa necesariamente por predios que son de titularidad. Sin embargo, la sentencia de la Corte IDH, por sí sola, no puede limitar los derechos de los terceros. En 2014, se iniciaron procesos judiciales en el fuero interno, para requerir la servidumbre de paso por estos predios. Finalmente, en 2019, se procedió a la expropiación de las tierras necesarias para realizar el camino indicado. A día de hoy, aún el camino no está disponible. En ese sentido, entre los retos que ha correspondido afrontar está el uso de acciones y recursos judiciales por parte de quienes ostentan la titularidad de esas tierras, e igualmente, las demoras propias de un proceso judicial. Estos retos también se evidencian en casos en los que los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos procuran mantenerse en la impunidad a través de recursos judiciales que dilatan la condena, como ocurrió en el caso de la Masacre de Dos Erres.
La implementación de una reparación de esta naturaleza requiere la previsión y disponibilidad presupuestaria para cumplir con la medida, la voluntad política para acordar una expropiación, la celeridad de la judicatura para resolver las tensiones de derechos que se visibilizan, entre otras acciones. Medidas de esta naturaleza requieren la voluntad del Estado, es decir, de los tres poderes públicos, que tienen la obligación de cumplir con estas decisiones. Esta situación se ve agravada por la falta de voluntad política de cumplir con la decisión: desde 2017, Paraguay ha descuidado los pocos avances que llevaba en la ejecución de la medida, sin justificación alguna.
Mediante nota de Secretaría, la Corte IDH consultó al Estado “sobre el retraso en la construcción del Camino para la Comunidad Indígena Yakye Axa”. Destacó la nota que “el Estado no ha presentado los informes completos sobre todas las medidas pendientes de cumplimiento”, y “que los plazos otorgados para ello se encuentran ampliamente vencidos, siguiendo instrucciones de la Presidenta del Tribunal”. La nota concluyó solicitando “por tercera vez al Estado, que remita los referidos informes de manera completa y actualizada”.
La lectura de esta nota da la sensación de que el Estado está incumpliendo su deber de informar, lo cual podría acarrear que la Corte IDH emita una resolución declarando este incumplimiento. Este incumplimiento, posiblemente, sea un reflejo de la falta de voluntad política estatal de responder a las misivas que remite la Corte. Ello no obsta a que se puedan adoptar otras medidas para promover el cumplimiento de la decisión. Una opción es que se inicie un diálogo entre la Corte IDH y otras instituciones estatales que puedan tener algún grado de incidencia en la ejecución de la decisión, con base en el artículo 69.2 del Reglamento de la Corte.
Los obstáculos identificados en el cumplimiento de esta reparación son comunes a las medidas de reparación difíciles. En la práctica, estas medidas requieren un largo periodo de tiempo para que coincidan todos los elementos necesarios para impulsar el cumplimiento de la reparación en todos sus extremos. Esa dilación va en detrimento de las víctimas.
En el caso Yakye Axa, después de 15 años desde la notificación de la sentencia, se puede afirmar que la superación de esos obstáculos ha sido lenta. Ahora bien, en retrospectiva, difícilmente se ha estado más cerca del cumplimiento de esta medida de reparación.
Los retos y avances indicados no obstan a que la demora ha sido enteramente atribuible al Paraguay, como Estado. En palabras de la Corte:
“Se suponía que éste era un ‘asentamiento temporal’ en el cual los miembros de la comunidad se habían visto obligados a permanecer a la espera de una resolución sobre la reivindicación de sus tierras tradicionales. No obstante, han estado asentados allí desde el año 1996 […] sin que se les haya brindado una solución efectiva a la restitución de sus tierras. Asimismo, durante la visita se constataron sus precarias condiciones de vivienda y provisión de servicios básicos, particularmente en lo que respecta al abastecimiento de agua potable, acceso a letrinas o servicios sanitarios adecuados y tratamiento de aguas residuales, así como a servicios de atención en salud, y acceso a educación”.
De allí que se debe impulsar la voluntad política para cumplir esta medida. El Estado debe responder la solicitud de información de la Corte IDH, y retomar las medidas sobre las cuales avanzó cuando el tribunal interamericano visitó el Chaco paraguayo para constatar su grado de cumplimiento. De lo contrario, difícilmente cesará la protesta reiniciada, enteramente legítima dadas las condiciones a las que ha sido sometida esta comunidad por décadas.
Citación académica sugerida: Pérez, Edward : El Estado de Alarma en Venezuela para hacer frente al coronavirus, 2020/07/15, https://agendaestadodederecho.com/la-historia-interminable-retos-en-la-restitucion-de-tierras-de-yakye-axa
Senior Legal Advisor de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Fue abogado de la Secretaría de la Corte IDH. LL.M. en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
