Como hemos explicado, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos -única en América Latina- ha generado diversos problemas jurídicos en cuanto a la categorización de los venezolanos que salen del país. Ante la dificultad de llegar a una solución común, se ha empleado la imprecisa expresión de “crisis de migrantes y refugiados”.

Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como analizamos en un libro dedicado a este tema, hay suficientes elementos para concluir que el flujo de personas desde Venezuela responde a la emergencia humanitaria compleja y a las sistemáticas violaciones de derechos humanos, todo lo cual permite aplicar la definición ampliada de refugiado incluida en la Declaración de Cartagena y que forma parte del corpus iuris interamericano. A pesar de ello, no es posible concluir, jurídicamente, que los 6 millones de venezolanos en el exterior son refugiados.

La dualidad conceptual entre migrante y refugiado está presente en México, cuyo marco jurídico de refugiados sigue los principios del Sistema Interamericano. La Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político reconoce el concepto ampliado de refugiado. La Ley, incluso, reconoce la protección complementaria, aplicable a aquellos que, a pesar de no tener la categoría formal de refugiados, precisan de protección en cuanto a la no-devolución, cuando se enfrenten a amenazas o peligros de ser sometidos “a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 2). 

El problema es precisamente definir cuándo un venezolano que ingresa a México -siempre, insistimos, como migrante- puede tener la categoría de refugiado. El Derecho de México permite a los migrantes solicitar su condición de refugiado, o en su caso, la protección complementaria, a través de procedimientos individuales. Estos procedimientos no se ajustan a casos como el venezolano, que, al responder a una emergencia compleja, se caracterizan por sus flujos masivos. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto aplicar a los venezolanos la calificación de refugiado prima facie o preliminar. Tal ha sido, también, la opinión del grupo de trabajo creado por la Organización de Estados Americanos.  La calificación preliminar de migrante no es expresamente reconocida en la legislación mexicana, pero ella es aplicable en ese país debido al efecto directo del Sistema Interamericano.

De ese modo, todo venezolano que ingrese a México tendría, por tal condición, la presunción de refugiado, lo que implica garantizar el derecho a la no-devolución sin necesidad de solicitud individual. Esta presunción permite la gestión de flujos masivos que no pueden ser atendidos, en el punto de entrada, por medio de procedimientos individuales. En realidad, más allá de la expresa declaratoria de refugiado prima facie, lo importante es reconocer en la práctica estándares humanitarios que, especialmente, prevengan la aplicación de procedimientos de “retorno asistido”, garantizando con ello la no-devolución.  

Esta solución práctica no está exenta de riesgos, pues una interpretación formalista de la legislación mexicana podría conducir a negar esta protección y considerar que todo venezolano que ingrese a México sin visa está en situación irregular, lo que conduciría a su expulsión. Esto demuestra que, frente a la crisis venezolana, es preciso superar la distinción migrante/refugiado, y enfocarse en la protección complementaria derivada del Sistema Interamericano, en especial, por lo que respecta a la no-devolución.