En México la desaparición forzada de personas es un problema muy grave. Hechos como las masacres de San Fernando, en Tamaulipas, en los que fueron asesinadas y desaparecidas personas migrantes (no hay un número cierto, pero se habla de varias decenas de personas) o la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, son sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema a nivel nacional.

El número de personas desaparecidas ha ido en aumento cada año. Según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas, a partir de la década de los sesenta (durante la así llamada “guerra sucia”) y hasta el 31 de diciembre de 2019 se contabilizaron 147,033 personas desaparecidas; un total de 60,053 de ellas desaparecieron en el periodo 2006-2019.

El aumento en el número de registros de personas desaparecidas coincide con el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). Durante dicho sexenio se declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, cuya estrategia se enfocó principalmente en detener con la fuerza armada a las personas que lideraban los distintos cárteles de la droga en el país. Sin embargo, lejos de detener la criminalidad organizada, la captura de los altos mandos sólo generó fracturas en los grupos delictivos, dando paso a una multiplicación de éstos.

Al haber más grupos encargados de las mismas actividades delictivas, se recrudecieron las luchas entre ellos por el dominio de determinados espacios territoriales. Esta situación generó más homicidios y diferentes métodos de ocultar la escena del crimen, como la desaparición de los cadáveres de las personas asesinadas.

Además, los grupos criminales iban necesitando más personal: así, muchas personas fueron reclutadas por la fuerza, ocultándolas de sus familias y seres queridos. Otra práctica muy común fue la de suplantar a los miembros de los distintos cárteles en los centros penitenciarios para compurgar las penas que les correspondía cumplir a ellos.

Por su parte, las corporaciones de seguridad pública (como las policías estatales, la policía federal, e incluso el Ejército Mexicano) fueron teniendo mayor participación en el intento de frenar la expansión de los grupos de delincuencia. Sin embargo, los distintos errores cometidos en el combate, en los cuales murió gente inocente, contribuyeron a que, como forma de encubrir los “daños colaterales”, los cuerpos de las víctimas fueran desaparecidos.

Estas son sólo algunas de las causas del gran número de personas desaparecidas en México, el cual pasó de una dinámica de desaparición de personas en un contexto político, como el de la llamada “guerra sucia” —en el cual las personas desaparecidas eran aquellas políticamente disidentes del Gobierno en turno— a un contexto en el que las desapariciones ocurren en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, con motivo del encubrimiento de delitos o errores por parte de las fuerzas del Estado.

Se trata, por lo tanto, de una problemática que genera un fuerte impacto social y ha supuesto un enorme reto desde el punto de vista jurídico, pues las y los familiares de las personas desaparecidas han quedado en un limbo a la hora de exigir ciertos derechos o cumplir con obligaciones. Pensemos en aquellas familias que viven en una casa que la persona desaparecida obtuvo mediante un crédito y que, debido a su desaparición, ya no pudo pagar. O pensemos también en los derechos laborales, familiares, de administración de bienes, entre otros, de las familias de las personas desaparecidas que quedan suspendidos en virtud del especial status jurídico que tiene la persona cuyo paradero se desconoce.

Ante esta situación tan grave, el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de impulsar, de la mano de las y los familiares de personas desaparecidas, diversas iniciativas legislativas que han dado paso a la regulación del asunto, así como a la creación de instituciones y dependencias para dar respuesta a la problemática.

Dentro de las leyes más importantes para el tratamiento del tema encontramos la Ley General de Víctimas [2013], que ha permitido precisar los derechos de las víctimas en general y, especialmente, de las y los familiares de personas desaparecidas, así como las obligaciones de las autoridades encargadas de garantizar esos derechos.

Por su parte, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas [2017], entre otras cosas, establece la descripción del delito de desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares. Se trata de un avance importante, ya que todos los documentos internacionales sobre la materia se limitaban a considerar como desaparición sólo aquella en la que existe intervención directa o indirecta de agentes del Estado.

Además, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas [2018] busca dar respuestas jurídicas a los problemas que surgen de la ausencia de la persona, así como los plazos para la presunción de muerte y de conservación de derechos laborales, entre otros.

El Estado mexicano ha creado, también, distintas instituciones, órganos y dependencias especializadas en materia de desaparición forzada de personas. En primer lugar, se crearon unidades especiales dentro de las Fiscalías locales y la Fiscalía General para la atención de las denuncias por casos de desaparición. Lo anterior, debido a que la investigación reviste exigencias muy particulares en este tipo de casos, además de implicar la necesidad de un minucioso análisis del contexto que permita conocer la situación real del problema.

También la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, han surgido como parte del reclamo de las y los familiares para una adecuada atención en los procesos judiciales derivados de las denuncias, así como en la investigación para el esclarecimiento de los casos.

Más recientemente, se ha creado la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas estatales, cuyo propósito es concentrar esfuerzos y recursos en la búsqueda de las personas desaparecidas, y así despresurizar la labor de las Fiscalías especializadas en el tema, que sólo tendrán que encargarse de la investigación y procesamiento de los expedientes o carpetas de investigación.

De esta manera, el Estado mexicano ha dado pasos hacia adelante para salvaguardar los derechos de las personas afectadas por esta tragedia. Sin embargo, la problemática se encuentra lejos de ser erradicada, pues las cifras antes señaladas demuestran que las desapariciones no solo continúan practicándose, sino también tolerándose. Y esto afecta al sistema democrático.

La democracia, más allá de la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus representantes, implica la necesidad de que se aseguren sus derechos y libertades. Como cualquier delito, la desaparición de personas afecta esos derechos y libertades de la población, incluso en una medida más grave respecto a otros daños o violaciones a derechos fundamentales.

En primer lugar, una desaparición de personas tiene como principal protagonista al Estado, ya sea en una forma activa, es decir, mediante la participación directa o de ayuda en la comisión del delito, o mediante el reflejo de su ausencia en los casos de desapariciones cometidas por particulares. En otras palabras, en los casos de desaparición de personas se hace evidente la incapacidad del Estado para garantizar los derechos y libertades de las personas.

En segundo lugar, una persona desaparecida, por definición, se encuentra imposibilitada de ejercer sus derechos, entre ellos el derecho de elegir a sus representantes, o de participar en cualquier contienda democrática. Por lo tanto, es oportuno que el Estado implemente medidas legislativas y políticas públicas que se fundamenten en el supuesto de la necesidad de garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares.

En tercer lugar, es importante mencionar que la afectación de un hecho de desaparición no recae únicamente en la persona desaparecida, sino también en sus familiares, quienes suelen enfrentarse a dificultades económicas, desplazamientos forzados, amenazas, entre otras situaciones. Esto implica un retroceso democrático, pues no sólo una persona, sino toda su familia sufre múltiples afectaciones que suelen prolongarse en el tiempo, disminuyendo significativamente las libertades y derechos necesarios en un sistema democrático.

Finalmente, las desapariciones forzadas y aquellas cometidas por particulares son el reflejo de un clima de inseguridad en algunas zonas del país, lo cual genera miedo e inhibe la formulación de opiniones y la difusión de información referente al tema; cuestiones que son trascendentales para la vida democrática de cualquier país.