La desaparición de personas ha sido una constante en las últimas décadas en El Salvador. En su mayoría, las desapariciones han sido atribuidas a las pandillas, aunque las investigaciones penales dan cuenta que también son delitos cometidos por otras estructuras de crimen organizado y por particulares, en este último caso, en mayor proporción se trata de feminicidios cometidos por parejas o personas conocidas de las víctimas.

Fue una práctica sistemática que se documentó desde 1978 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se profundizó durante la guerra civil a partir de 1980. La Comisión de la Verdad, estimó que pudo haber más de 5.500 víctimas por desaparición forzada; sin embargo, tanto organizaciones de la sociedad civil como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han estimado que, hasta finalizar el conflicto armado en 1992, se produjeron más de 8.000 desapariciones forzadas de personas, por lo que pudo haber un subregistro que no se documentó.

En la década de los noventa, las “maras” que se perfilaron como el principal fenómeno social y cultural del país, se expandieron rápidamente y lograron tener presencia en todo el territorio. La respuesta estatal ante el fenómeno fue la adopción de políticas de corte represivo o “mano dura”, y atribuir a estos grupos la responsabilidad de la grave situación de inseguridad en El Salvador.

Las pandillas se consolidaron progresivamente como estructuras criminales relacionadas con el alza de homicidios, la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos graves. Igualmente, mostraron el control de territorios mediante la ejecución y desmembramiento de personas, cuyos restos eran abandonados en lugares públicos. A partir de 2002 cambiaron su forma de operar y pasaron a privar de libertad, desaparecer a las personas y ocultar los cuerpos en fosas clandestinas.

La desaparición cometida por pandillas y otras estructuras del crimen organizado se caracteriza por la privación de libertad, acompañada de otros delitos como violación y vejaciones sexuales en el caso de niñas y mujeres, daños físicos o torturas previo a la ejecución, y el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas comúnmente sepultadas en fosas individuales o colectivas.

Hasta 2019 el Código Penal (CP) regulaba exclusivamente la desaparición forzada y sus variantes (aquellas cometidas por agentes estatales o fuerzas de seguridad pública), mientras que las desapariciones cometidas por particulares se registraban como Privación de Libertad (Art. 148 CP). Ese mismo año se reformó el Código Penal y se introdujo el artículo 148-A, creando el delito de “Desaparición de Personas” que se refiere a la privación de libertad por cualquier forma, cuando la acción es seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima.

De acuerdo con cifras oficiales la tasa de desaparecidos por cada cien mil personas en 2010 fue de 30.8, alcanzando el pico más alto en 2014 con una tasa de 65.9. La cifra disminuyó a partir de 2015. Para el 2018 la tasa fue de 49.9, aunque el número de desaparecidos aún representaban niveles pandémicos. En los últimos tres años la disminución ha sido drástica, para 2020 fue de 16.8, esta caída fue similar en el caso de los homicidios que pasaron de 50.8 en 2018 a 19.5 en 2020.

La causa de esta significativa reducción ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y la academia. Investigaciones periodísticas revelan que existe una negociación entre el gobierno y las pandillas y ponen en duda que la disminución de estos delitos sea el resultado de políticas públicas de seguridad, cuyos contenido y mecanismos de medición no son públicos.