Ante la decisión de la Corte en este caso, llama la atención que en el análisis de fondo no analiza el caso frente al derecho a la salud sexual y reproductiva ni la salud obstétrica de Beatriz. Estos derechos son parte de la jurisprudencia de la Corte IDH desde el 2012 (     Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica) y 2016 (casos I.V. vs Bolivia y Brítez Arce vs. Argentina), respectivamente. Como lo escribió el juez Sierra en su voto individual, la inclusión de estos derechos en el análisis de fondo eran centrales para este caso y lo que ha hecho la Corte IDH es una “omisión grosera” (para. 25 del voto). 

Sin embargo, volvamos al argumento de la Corte IDH que centra su análisis de fondo en la ausencia de un protocolo médico como el elemento que llevó a la violación del derecho a la salud de Beatriz Sobre este punto, ¿puede haber protocolos que permitan la interrupción el embarazo, cuando se prohíbe en la legislación penal, incluso para salvar la vida de la madre? Un simple análisis de jerarquía normativa, como la pirámide de Kelsen, nos daría otra respuesta simple: No. Un protocolo médico no puede contradecir una norma de mayor jerarquía como es el Código Penal. Este fue un punto desarrollado por el voto del juez Sierra Porto (paras. 38 a 43 de voto), el cual es un punto central que debió ser tratado por la Corte IDH.

Lo que prefirió la Corte IDH, en nuestra opinión, fue ignorar este punto, aunque esto significara la desprotección de mujeres, niñas y personas gestantes a nivel interamericano. Por años, la Corte IDH ha tenido una jurisprudencia progresista en materia de derechos humanos, y, en particular, de derechos sexuales y reproductivos. El juez Sierra Porto, en el voto antes mencionado, hace un detallado recuento de toda la jurisprudencia que no se aplicó en el presente caso.

Es difícil hacer un análisis de derechos humanos en un caso de interrupción del embarazo, sin tener en consideración la autonomía reproductiva, la cual ha sido históricamente limitada, restringida o anulada por los estereotipos de género. Como se estableció en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, la autonomía reproductiva y su alcance diferenciado respecto de las mujeres, hace posible que las mismas gocen de una vida libre de violencia, y que los Estados tengan la obligación de implementar acciones diferenciadas.

La misma Corte IDH, en el caso Manuela vs. El Salvador, determinó que la obligación de brindar atención médica sin discriminación implica reconocer que las necesidades en materia de salud de las mujeres son distintas de las de los hombres, y, por ende, se debe prestar servicios apropiados para las mujeres (para. 193 del caso Manuela). En ese mismo caso, la Corte IDH estableció que el deber de protección especial contra la discriminación incluye las desventajas estructurales como la condición de mujer, de escasos recursos, y habitante de una zona rural (para. 263 del caso Manuela). Todas situaciones similares a las que se enfrentó Beatriz, pero que no fueron desarrolladas en la sentencia.

¿Entonces tendremos sólo un protocolo médico de difícil o nula aplicación en El Salvador y posiblemente nos encontraremos ante la misma situación que llevó a la familia de Beatriz a ir al Sistema Interamericano? La falta de claridad de la Corte IDH sobre qué hacer con la norma penal, hará que el protocolo médico (en el hipotético caso que este sea adoptado) no sea aplicado.

El Salvador no se ha caracterizado por garantizar en su territorio derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la vida de personas que necesitan una interrupción del aborto por motivos de salud. La falta de claridad de la Corte IDH en este caso contribuye a que mujeres, especialmente de escasos recursos que deben usar el sistema público de salud, sigan estando desprotegidas frente a abusos y violaciones a su salud sexual y reproductiva.