La Carta Democrática Interamericana: 20 años

20 de Octubre de 2021
La Carta Democrática Interamericana: 20 años
Tomado de la página oficial de la OEA

A 20 años de su adopción, la Carta Democrática Interamericana sigue siendo un instrumento regional importante para la defensa de la democracia en las Américas.

El 11 de setiembre de 2001, la Asamblea General de la OEA adoptó en Lima, por unanimidad, la Carta Democrática Interamericana. Esta resolución fue el resultado de una solicitud que la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno reunida en abril de ese año en Quebec le hiciera a la organización regional. Esta Carta es el último eslabón de un desarrollo pionero del Sistema Interamericano desde la adopción, en Bogotá en 1948, de la Carta por la que se constituyó la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A diferencia de lo que ocurrió a nivel universal con la Carta de las Naciones Unidas y de lo que aún no sucedía en otras regiones, los países americanos reconocieron, que el ejercicio efectivo de la democracia representativa era condición necesaria para el logro de los altos fines de la organización.

En 1985, la reforma a la Carta de la OEA en Cartagena de Indias extendió estas disposiciones al establecer que la promoción y consolidación de la democracia era también un mandato para la organización, para todos sus órganos, los intergubernamentales como la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente, así como para los demás órganos, entre los cuales se encuentran la Secretaría General, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Jurídico Interamericano.

Fue así como a partir de entonces se iniciaron las misiones de observación electoral que hicieron del fraude electoral la excepción y no, como lo era hasta entonces en muchos países, la regla.

Hace treinta años, en 1991, la Asamblea General aprobó la Resolución 1080, seguida del Protocolo de Washington de 1992, que estableció sanciones en caso de golpe de Estado, pensando entonces en lo que la región había vivido por décadas: un gobierno democráticamente electo desplazado por una junta militar, el enfrentamiento entre poderes que terminaba con el desplazamiento de todos ellos por uniformados, seguida de violaciones masivas a los derechos humanos y el fin del Estado de derecho.

Esta fue la situación que se dio en Haití a poco tiempo de aprobada la Resolución 1080. Sanciones y otras medidas como el no reconocimiento a las autoridades “de facto”, permitieron el restablecimiento, en 1994, del presidente desplazado.

Pero aparecieron nuevas amenazas al orden democrático: gobiernos legítimamente electos fueron quienes alteraron el orden democrático. Esto fue lo que ocurrió en Perú en 1992 y en Guatemala en 1993. Y en el año 2000 una nueva situación: fraude electoral en el Perú impidiendo saber cuál era el gobierno electo. Todo ello llevó a la propuesta peruana de una Carta democrática Interamericana.

Este nuevo texto sintetizó lo que el sistema interamericano venía, y continúa desarrollando desde su existencia: la democracia representativa es la suma de muchos elementos que lo integran. Es así como sus primeros artículos enumeran sus elementos esenciales, que ya habían sido inicialmente analizados por los Ministros de Relaciones Exteriores en 1959, al tiempo en que crearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Todos estos componentes son objeto de normas e instancias en el marco de la OEA: el respeto a los derechos humanos, sabe de numerosas convenciones interamericanas, de la Comisión, y para los Estados parte de la Convención de San José de Costa Rica, la Corte.

La celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes, saben de la labor de las misiones de observación electoral; el fortalecimiento de la independencia de los poderes del Estado, se apoya también en el desarrollo jurídico regional, sus convenciones de derecho público y privado, el trabajo del Comité Jurídico y del Centro de Estudios de Justicia.

El combate a la corrupción y al crimen organizado mediante mecanismos de apoyo a los países como el Mesicic; la participación de la sociedad civil; las labores que desde la Secretaría General se hacen para la difusión y educación en todos estos aspectos. La Carta indica sus elementos; todos ellos son objeto de un amplio desarrollo regional; todos ellos tienen un alto grado de cumplimiento por la mayoría de nuestros países.

Pero cuando hubiese una amenaza al orden democrático, una alteración grave o, peor aún, una ruptura, entonces la Carta democrática prevé algunas posibilidades para hacerles frente. Los dos primeros casos son aquellos en que el gobierno considera que enfrenta una crisis institucional y solicita o acepta la asistencia de la Organización. Ello ocurrió numerosas veces: la primera por solicitud del presidente Chávez en Venezuela luego del intento de golpe en 2002, seguido de solicitudes del presidente Bolaños de Nicaragua, así como situaciones en otros países.

El caso de ruptura, o sea el caso de golpe de Estado “tradicional” se dio en Honduras en 2009. Por unanimidad, la Asamblea General resolvió suspender al Estado hondureño, suspensión que duró hasta su levantamiento dos años después.

En respuesta a las nuevas situaciones que se presentaron a partir de los años noventa, en las cuales el responsable de la alteración del orden constitucional es el propio gobierno, y por lo tanto es difícil que venga a solicitar ayuda por las consecuencias de actos que él mismo realiza, la Carta democrática prevé que “cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, es decir la decisión pasa a estar en las manos de lo que decida la mayoría de los gobiernos de los demás Estados de la región.

El Secretario General, en uso de esta facultad, ha llevado a la atención del Consejo Permanente la situación en Venezuela y en Nicaragua. Serán los Estados miembros de la OEA, por mayoría de dos tercios de ellos, a quiénes corresponda la adopción de la Cláusula democrática y de las medidas pertinentes.

Reflexiones finales

De esta larga historia lo primero que se desprende es que en las Américas la forma de gobierno –democracia representativa- no es un asunto de la jurisdicción exclusiva de los países, sino que es una obligación internacionalmente aceptada. Su cumplimiento, y la exigencia por los demás de ello, no viola el principio de no intervención; por el contrario, es el respeto a la norma internacional libremente aceptada.

Lo segundo, es que la democracia representativa es un conjunto de elementos para cuyo ejercicio la OEA ha puesto un vasto patrimonio jurídico e institucional que es cumplido y respetado por la mayoría de los países.

El marco legal interamericano para la defensa de la democracia desde la Carta de 1948 integrado por numerosos tratados y resoluciones, entre ellos la Carta democrática Interamericana, hace difícil imaginar situaciones que allí no estén previstas y que no den los medios necesarios para permitir cumplir con la obligación de asegurar el ejercicio efectivo de la democracia representativa. Si no siempre se logran aplicar ni cumplir estas obligaciones no es por falta de normas; las decisiones las toman por mayoría los gobiernos de los países miembros y ahí son otros los factores que intervienen, y las normas frente a ellos pueden muy poco.

Citación académica sugerida: Arrighi, Jean Michel. La Carta Interamericana Interamericana: 20 años. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-carta-democratica-interamericana-20-anos/

Palabras clave: Carta democrática; democracia; golpe de Estado; OEA

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ACERCA DEL AUTOR
Jean Michel Arrighi

Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA; miembro del “Institut de Droit International”

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