Justicia ambiental versus desarrollo económico en el caso del sistema arrecifal veracruzano

11 de Mayo de 2022
Justicia ambiental versus desarrollo económico en el caso del sistema arrecifal veracruzano
Crédito Foto: Tomada de Pixabay

En México todo proyecto de desarrollo debe ser congruente con el derecho a un ambiente sano según una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los humedales son ecosistemas fundamentales para la vida y el desarrollo de una gran diversidad de especies; además, proporcionan múltiples bienes y servicios a los seres humanos (agua, alimento, recreación, protección ante fenómenos climáticos extremos e, inclusive, absorción de gases de efecto invernadero). Pese a ello, se encuentran seriamente amenazados por actividades económicas, contaminación y, efectos del cambio climático.

Protección internacional de humedales y su biodiversidad

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar) protege estos ecosistemas. Los Estados parte de la Convención designan voluntariamente aquellos lugares que deciden inscribir por su relevancia ecológica, botánica, zoológica, limnológica o hidrológica. Actualmente, se encuentran listados alrededor de 2,200 sitios a nivel global, de los cuales 142 corresponden a México, el segundo país con más humedales de importancia internacional registrados, entre los que se encuentra el Sistema Arrecifal Veracruzano, reconocido también como “Reserva de la Biosfera”, por la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO.

El Sistema Arrecifal Veracruzano está constituido por veintiocho arrecifes coralinos y seis cayos e islas, localizados en la porción centro-sur del Golfo de México. Ahí, se desarrolla una gran diversidad biológica caracterizada por poblaciones de invertebrados, especialmente de corales, así como, al menos, 1271 especies de fauna (peces, cetáceos, tortugas marinas y aves); algunas catalogadas en estatus de riesgo.

Debido a sus características biológicas, este Sistema fue declarado como Área Natural Protegida con el carácter de Parque Marino Nacional, con el objeto de asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad genética de las especies existentes, asegurar el aprovechamiento racional de los recursos y proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su equilibrio. Adicionalmente, estos recursos se protegen mediante la Convención sobre Diversidad Biológica, de la que México es parte.

La evaluación del impacto ambiental

Si bien, México carece de una ley específica para la protección de los humedales, cuenta con algunos instrumentos orientados a la conservación y/o aprovechamiento de estos ecosistemas, como la evaluación del impacto ambiental que se debe realizar respecto de cualquier obra o actividad proyectada en humedales, mediante el procedimiento regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental.

Se trata de un instrumento de política ambiental, analítico y de carácter preventivo que permite integrar al ambiente un proyecto o programa determinado; privilegiándose la prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, sinérgicos, acumulativos y residuales, cuya valoración y respectiva autorización están a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Existen dos modalidades de manifestaciones de impacto ambiental (MIA), regional y particular. La primera procede respecto de un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada; así como de proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que, por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas; mientras que la modalidad particular es procedente en los demás casos.

La garantía del derecho a un ambiente sano

La justicia ambiental se hizo evidente mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de un amparo promovido por dos mujeres que reclamaron diversas acciones y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto “Construcción de una Zona de actividades logísticas del Puerto de Veracruz y Proyectos Asociados” (en adelante, Ampliación del Puerto), sin haber garantizado el estándar más alto de protección, su derecho a un ambiente sano.

Dada la naturaleza y ubicación del proyecto de Ampliación del Puerto, el más importante de México, la modalidad de la MIA es la regional. Para que la SEMARNAT realice la evaluación correspondiente, la MIA debe contener la información ambiental relevante, respaldada científicamente y la vinculación del proyecto con los instrumentos de planeación y normativos vigentes; esto último implica los convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención Ramsar y el Convenio sobre Biodiversidad Biológica; sin embargo, ello fue omitido.

Otro aspecto de gran relevancia es la descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR); sin embargo, en la determinación de éste, se excluyó el arrecife La Loma, en consecuencia, no se analizaron los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales en la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, lo que incluye el Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano; esto repercute negativamente en las estrategias para la prevención y mitigación de impactos en el SAR; pues ello da lugar a una evaluación fragmentada que pone en riesgo la garantía del derecho humano a un ambiente sano.

Por tanto, la Corte apuntaló su actuación en algunos de los elementos del Estado de derecho, consistentes en la protección y garantía de los Derechos Humanos, y en una interpretación armónica del sistema jurídico de normas, que debe ponderar no sólo los intereses económicos implicados en la ampliación de un desarrollo portuario, sino, también aquellos implicados en la protección de los ecosistemas de humedal, ya que son fundamentales para diversas especies y determinantes para un ambiente sano.

De manera que, en franco apego al Estado de derecho, que reconoce que éste es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, la Corte señaló que, el artículo 25 de la Constitución Federal establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable y, conforme a los criterios de equidad social y productividad, se debe impulsar la economía sujeta al interés público y al uso de los recursos productivos, cuidando su conservación y el ambiente, lo que le lleva a concluir que la SEMARNAT realizó una evaluación deficiente de la MIA del proyecto Ampliación del Puerto, por lo que vulneró el derecho a un ambiente sano de las personas.

Cabe señalar, que la SEMARNAT está facultada para solicitar al responsable de la MIA la información adicional que le permita subsanar las deficiencias y dotar de elementos a la autoridad para evaluar integralmente los proyectos; sin embargo, no lo hizo, por lo que el análisis del proyecto y las obras vinculadas con el mismo fue fragmentado lo que constituye una vulneración a los principios de prevención y precaución que rigen en materia ambiental.

La sentencia constituye un referente para la justicia ambiental, cuya materialización se define mediante la interpretación ampliada del derecho a un ambiente sano, como un derecho de naturaleza colectiva y difusa. El reconocimiento del interés legítimo respecto de las personas implicadas en los servicios ecosistémicos que, en este caso, presta un humedal, lo cual es de alcance regional y la importancia de los principios en materia ambiental, como el de prevención y precaución ante daños graves e irreversibles.

Citación académica sugerida: Anglés Hernández, Marisol. Justicia ambiental versus desarrollo económico en el caso del sistema arrecifal veracruzano, Agenda Estado de Derecho, 2022/05/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-ambiental-versus-desarrollo-economico-en-el-caso-del-sistema-arrecifal-veracruzano/

Palabras clave: México; justicia ambiental; ambiente; DESCA

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Marisol Anglés Hernández

Doctora en Derecho Ambiental, Investigadora de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.