Justicia ambiental versus desarrollo económico en el caso del sistema arrecifal veracruzano

11 de Mayo de 2022
Justicia ambiental versus desarrollo económico en el caso del sistema arrecifal veracruzano
Crédito Foto: Tomada de Pixabay

En México todo proyecto de desarrollo debe ser congruente con el derecho a un ambiente sano según una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los humedales son ecosistemas fundamentales para la vida y el desarrollo de una gran diversidad de especies; además, proporcionan múltiples bienes y servicios a los seres humanos (agua, alimento, recreación, protección ante fenómenos climáticos extremos e, inclusive, absorción de gases de efecto invernadero). Pese a ello, se encuentran seriamente amenazados por actividades económicas, contaminación y, efectos del cambio climático.

Protección internacional de humedales y su biodiversidad

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar) protege estos ecosistemas. Los Estados parte de la Convención designan voluntariamente aquellos lugares que deciden inscribir por su relevancia ecológica, botánica, zoológica, limnológica o hidrológica. Actualmente, se encuentran listados alrededor de 2,200 sitios a nivel global, de los cuales 142 corresponden a México, el segundo país con más humedales de importancia internacional registrados, entre los que se encuentra el Sistema Arrecifal Veracruzano, reconocido también como “Reserva de la Biosfera”, por la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO.

El Sistema Arrecifal Veracruzano está constituido por veintiocho arrecifes coralinos y seis cayos e islas, localizados en la porción centro-sur del Golfo de México. Ahí, se desarrolla una gran diversidad biológica caracterizada por poblaciones de invertebrados, especialmente de corales, así como, al menos, 1271 especies de fauna (peces, cetáceos, tortugas marinas y aves); algunas catalogadas en estatus de riesgo.

Debido a sus características biológicas, este Sistema fue declarado como Área Natural Protegida con el carácter de Parque Marino Nacional, con el objeto de asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad genética de las especies existentes, asegurar el aprovechamiento racional de los recursos y proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su equilibrio. Adicionalmente, estos recursos se protegen mediante la Convención sobre Diversidad Biológica, de la que México es parte.

La evaluación del impacto ambiental

Si bien, México carece de una ley específica para la protección de los humedales, cuenta con algunos instrumentos orientados a la conservación y/o aprovechamiento de estos ecosistemas, como la evaluación del impacto ambiental que se debe realizar respecto de cualquier obra o actividad proyectada en humedales, mediante el procedimiento regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental.

Se trata de un instrumento de política ambiental, analítico y de carácter preventivo que permite integrar al ambiente un proyecto o programa determinado; privilegiándose la prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, sinérgicos, acumulativos y residuales, cuya valoración y respectiva autorización están a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Existen dos modalidades de manifestaciones de impacto ambiental (MIA), regional y particular. La primera procede respecto de un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada; así como de proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que, por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas; mientras que la modalidad particular es procedente en los demás casos.

La garantía del derecho a un ambiente sano

La justicia ambiental se hizo evidente mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de un amparo promovido por dos mujeres que reclamaron diversas acciones y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto “Construcción de una Zona de actividades logísticas del Puerto de Veracruz y Proyectos Asociados” (en adelante, Ampliación del Puerto), sin haber garantizado el estándar más alto de protección, su derecho a un ambiente sano.

Dada la naturaleza y ubicación del proyecto de Ampliación del Puerto, el más importante de México, la modalidad de la MIA es la regional. Para que la SEMARNAT realice la evaluación correspondiente, la MIA debe contener la información ambiental relevante, respaldada científicamente y la vinculación del proyecto con los instrumentos de planeación y normativos vigentes; esto último implica los convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención Ramsar y el Convenio sobre Biodiversidad Biológica; sin embargo, ello fue omitido.

Otro aspecto de gran relevancia es la descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR); sin embargo, en la determinación de éste, se excluyó el arrecife La Loma, en consecuencia, no se analizaron los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales en la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, lo que incluye el Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano; esto repercute negativamente en las estrategias para la prevención y mitigación de impactos en el SAR; pues ello da lugar a una evaluación fragmentada que pone en riesgo la garantía del derecho humano a un ambiente sano.

Por tanto, la Corte apuntaló su actuación en algunos de los elementos del Estado de derecho, consistentes en la protección y garantía de los Derechos Humanos, y en una interpretación armónica del sistema jurídico de normas, que debe ponderar no sólo los intereses económicos implicados en la ampliación de un desarrollo portuario, sino, también aquellos implicados en la protección de los ecosistemas de humedal, ya que son fundamentales para diversas especies y determinantes para un ambiente sano.

De manera que, en franco apego al Estado de derecho, que reconoce que éste es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, la Corte señaló que, el artículo 25 de la Constitución Federal establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable y, conforme a los criterios de equidad social y productividad, se debe impulsar la economía sujeta al interés público y al uso de los recursos productivos, cuidando su conservación y el ambiente, lo que le lleva a concluir que la SEMARNAT realizó una evaluación deficiente de la MIA del proyecto Ampliación del Puerto, por lo que vulneró el derecho a un ambiente sano de las personas.

Cabe señalar, que la SEMARNAT está facultada para solicitar al responsable de la MIA la información adicional que le permita subsanar las deficiencias y dotar de elementos a la autoridad para evaluar integralmente los proyectos; sin embargo, no lo hizo, por lo que el análisis del proyecto y las obras vinculadas con el mismo fue fragmentado lo que constituye una vulneración a los principios de prevención y precaución que rigen en materia ambiental.

La sentencia constituye un referente para la justicia ambiental, cuya materialización se define mediante la interpretación ampliada del derecho a un ambiente sano, como un derecho de naturaleza colectiva y difusa. El reconocimiento del interés legítimo respecto de las personas implicadas en los servicios ecosistémicos que, en este caso, presta un humedal, lo cual es de alcance regional y la importancia de los principios en materia ambiental, como el de prevención y precaución ante daños graves e irreversibles.

Citación académica sugerida: Anglés Hernández, Marisol. Justicia ambiental versus desarrollo económico en el caso del sistema arrecifal veracruzano, Agenda Estado de Derecho, 2022/05/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-ambiental-versus-desarrollo-economico-en-el-caso-del-sistema-arrecifal-veracruzano/

Palabras clave: México; justicia ambiental; ambiente; DESCA

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ACERCA DE LA AUTORA
Marisol Anglés Hernández

Doctora en Derecho Ambiental, Investigadora de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).