La justicia ambiental se hizo evidente mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de un amparo promovido por dos mujeres que reclamaron diversas acciones y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto “Construcción de una Zona de actividades logísticas del Puerto de Veracruz y Proyectos Asociados” (en adelante, Ampliación del Puerto), sin haber garantizado el estándar más alto de protección, su derecho a un ambiente sano.

Dada la naturaleza y ubicación del proyecto de Ampliación del Puerto, el más importante de México, la modalidad de la MIA es la regional. Para que la SEMARNAT realice la evaluación correspondiente, la MIA debe contener la información ambiental relevante, respaldada científicamente y la vinculación del proyecto con los instrumentos de planeación y normativos vigentes; esto último implica los convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención Ramsar y el Convenio sobre Biodiversidad Biológica; sin embargo, ello fue omitido.

Otro aspecto de gran relevancia es la descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR); sin embargo, en la determinación de éste, se excluyó el arrecife La Loma, en consecuencia, no se analizaron los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales en la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, lo que incluye el Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano; esto repercute negativamente en las estrategias para la prevención y mitigación de impactos en el SAR; pues ello da lugar a una evaluación fragmentada que pone en riesgo la garantía del derecho humano a un ambiente sano.

Por tanto, la Corte apuntaló su actuación en algunos de los elementos del Estado de derecho, consistentes en la protección y garantía de los Derechos Humanos, y en una interpretación armónica del sistema jurídico de normas, que debe ponderar no sólo los intereses económicos implicados en la ampliación de un desarrollo portuario, sino, también aquellos implicados en la protección de los ecosistemas de humedal, ya que son fundamentales para diversas especies y determinantes para un ambiente sano.

De manera que, en franco apego al Estado de derecho, que reconoce que éste es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, la Corte señaló que, el artículo 25 de la Constitución Federal establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable y, conforme a los criterios de equidad social y productividad, se debe impulsar la economía sujeta al interés público y al uso de los recursos productivos, cuidando su conservación y el ambiente, lo que le lleva a concluir que la SEMARNAT realizó una evaluación deficiente de la MIA del proyecto Ampliación del Puerto, por lo que vulneró el derecho a un ambiente sano de las personas.

Cabe señalar, que la SEMARNAT está facultada para solicitar al responsable de la MIA la información adicional que le permita subsanar las deficiencias y dotar de elementos a la autoridad para evaluar integralmente los proyectos; sin embargo, no lo hizo, por lo que el análisis del proyecto y las obras vinculadas con el mismo fue fragmentado lo que constituye una vulneración a los principios de prevención y precaución que rigen en materia ambiental.

La sentencia constituye un referente para la justicia ambiental, cuya materialización se define mediante la interpretación ampliada del derecho a un ambiente sano, como un derecho de naturaleza colectiva y difusa. El reconocimiento del interés legítimo respecto de las personas implicadas en los servicios ecosistémicos que, en este caso, presta un humedal, lo cual es de alcance regional y la importancia de los principios en materia ambiental, como el de prevención y precaución ante daños graves e irreversibles.