De la jerarquía a la complementariedad. La incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Anteproyecto de Constitución en Chile

17 de Agosto de 2023
De la jerarquía a la complementariedad. La incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Anteproyecto de Constitución en Chile
Foto. Twitter de Proceso Constitucional 2023.

¿Cuál es la discusión actual, en torno a la jerarquía normativa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, en el marco del proceso constitucional chileno?

En el proceso constituyente chileno actualmente en curso, el Anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile incluye en su artículo 5 una cláusula de apertura a la recepción del Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), en los siguientes términos:

“1. El ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes.

2. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona.

3. La ley determinará la forma y el procedimiento en que el Estado cumplirá las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción ha reconocido”.

Esta cláusula pretende cumplir los siguientes fines: 1) establecer que los derechos humanos constituyen un límite a la soberanía; 2) indicar que tales derechos están consagrados normativamente en la Constitución y en los tratados ratificados por Chile; 3) consagrar a nivel constitucional dos reglas de interpretación de las normas jurídicas nacionales: el principio de interpretación conforme y el principio pro persona; 4) establecer el deber constitucional del Estado de cumplir con las sentencias dictadas por tribunales internacionales, cuya competencia ha reconocido mediante su manifestación de voluntad; 5) encomendar al legislador regular el procedimiento mediante el cual dichas sentencias deben ser ejecutadas a nivel interno.

Sin embargo, integrantes del Consejo Constitucional han presentado diversas enmiendas a esta cláusula, siendo las más polémicas aquellas propuestas por militantes del Partido Republicano. Por ejemplo, la enmienda 29/1 propone reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“2. El ordenamiento jurídico chileno se rige por el principio de supremacía constitucional. El texto de las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes deberá interpretarse de forma compatible con esta Constitución. En la interpretación del texto de las disposiciones de dichos tratados, no podrán utilizarse instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para el Estado de Chile”.

Tanto en la arena política nacional, como en el mundo académico, se ha generado un encendido debate sobre la manera de incorporar el DIDH. La presente contribución pretende explicar en términos sencillos las aportaciones más relevantes de la cláusula citada. 

Principio de interpretación conforme y principio pro persona

Esta propuesta configura un verdadero cambio de paradigma en la regulación constitucional de la incorporación del DIDH en el ordenamiento chileno. En la cultura jurídica y la práctica jurisprudencial nacional, este asunto ha sido abordado tradicionalmente como un problema de jerarquía normativa. De ese modo, los tribunales de la judicatura ordinaria, y especialmente la Corte Suprema, han asumido que diversas fuentes del DIDH detentan un rango normativo constitucional, con lo cual deben ser aplicadas de manera preferente a las normas legales nacionales en casos de antinomia.

Por su parte, cuando el Tribunal Constitucional se ha pronunciado directamente sobre el problema, ha concluido que los tratados de derechos humanos tienen un rango normativo infraconstitucional. Aunque es cierto que el Tribunal Constitucional ha ido incorporando ocasionalmente algunas referencias al DIDH en sus sentencias, ello ha ocurrido con una excesiva timidez y con poca sistematicidad.

Sin embargo, la cláusula del anteproyecto propone superar la discusión de la jerarquía por un modelo de complementariedad centrado en los principios de interpretación conforme y pro persona. La interpretación conforme propone que la determinación del sentido y aplicación de las normas jurídicas nacionales deben realizarse atendiendo a lo dispuesto en los tratados de los que Chile es parte. En sede internacional, los tratados de derechos humanos son objeto de interpretación mediante la práctica y la jurisprudencia de tribunales y órganos internacionales. En mi opinión, la constitucionalización de la interpretación conforme impondría a los tribunales y órganos públicos chilenos tomar en consideración dicha jurisprudencia y práctica. Así lo ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español en base al artículo 10.2 de la Constitución Española.

Por ende, en relación con el sistema interamericano, y tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es obligatorio para las autoridades nacionales implementar el control de convencionalidad. Por su parte, en relación con el sistema universal, es indispensable que los órganos chilenos consideren la práctica de los Comités de la ONU, y en especial las decisiones sobre quejas individuales, las observaciones finales a los informes periódicos de los Estados y las observaciones o comentarios generales.

Por su parte, el principio pro persona tiene por finalidad imponer a los órganos públicos que adopten la decisión más protectora para los derechos, independientemente de la fuente normativa que la regule. Así, por ejemplo, si una ley chilena es más beneficiosa que un tratado internacional respecto del ejercicio de un derecho fundamental, deberá aplicarse la ley de manera preferente al tratado, justamente, porque lo relevante es la protección de la persona y no la cuestión formal de la jerarquía.

Cumplimiento de sentencias internacionales

En Chile es necesario contar con una regulación integral y coordinada sobre el cumplimiento de las sentencias y decisiones internacionales de derechos humanos, ya que la carencia de una normativa de este tipo ha contribuido con la falta de su implementación. Por ejemplo, según un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que analiza el estado de cumplimiento de 14 condenas impuestas por la Corte IDH a Chile, sólo se ha cumplido a cabalidad con las reparaciones de dos fallos.

El Derecho comparado otorga ejemplos regionales sobre la regulación constitucional de este problema, tal como ocurre con el artículo 15 de la Constitución de Honduras. Asimismo, hay ejemplos de leyes que regulan procedimientos de ejecución de sentencias internacionales, como es el caso de la legislación de Perú.

A modo de conclusión

Lo que se propone es un modelo de recepción del DIDH preocupado por brindar una mayor protección a las personas. A nivel comparado, en la región hay ejemplos en tal sentido en la Constitución de Colombia (art. 93) y en la Constitución de México (art. 1). Una alternativa sería optar por declarar explícitamente el rango constitucional de los tratados de derechos humanos, tal como lo hace la Constitución de Argentina (art. 75.22).

Lo que a todas luces sería un retroceso es proponer el rango infraconstitucional de los tratados sobre derechos humanos, como lo hace la enmienda 29/1 citada, especialmente si se toma en consideración que sería contradictoria con la práctica de la judicatura ordinaria chilena, que ha asumido de modo consistente la tesis del rango constitucional.

Por otro lado, considero indispensable que una nueva carta fundamental reconozca la obligatoriedad de las sentencias y decisiones internacionales de derechos humanos y que mandate al legislador regular un procedimiento de ejecución, no sólo porque el Estado chileno está formalmente obligado a ello, sino también porque las víctimas de esos casos tienen el derecho a que las reparaciones impuestas sean implementadas. Por lo demás, en muchos casos las reparaciones consisten en garantías de no repetición que podrían beneficiar a toda la comunidad.

Citación académica sugerida: Sferrazza, Pietro. Desde la jerarquía hacia la complementariedad. La incorporación del Derecho Internacional en el Anteproyecto de Constitución en Chile. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/incorporacion-del-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos-en-el-anteproyecto-de-constitucion-en-chile/

Palabras clave: Tratados internacionales, Jerarquía normativa, Proceso constitucional chileno, principio de interpretación conforme, principio pro persona.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Pietro Sferrazza Taibi

Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, de la misma Universidad. Es Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Valparaíso y Abogado. Actualmente ejerce como Profesor de Derecho internacional público y Derecho constitucional de la Universidad Andrés Bello y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valparaíso. Sus líneas de investigación se relacionan con el Derecho internacional de los derechos humanos y la justicia transicional. La mayoría de sus publicaciones dicen relación con el estudio dogmático de la desaparición forzada desde la óptica del Derecho internacional de los derechos humanos. Además ha trabajado como consultor externo en temas de derechos humanos para instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Chile), Amnistía Internacional (Chile) y la Comisión Internacional de Juristas.  

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.