Implicaciones del acuerdo de disposición de la fuerza armada permanentemente en México

17 de Junio del 2020
Implicaciones del acuerdo de disposición de la fuerza armada permanentemente en México

Hace semanas, en plena emergencia sanitaria, Andrés Manuel López Obrador, acordó disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Al hacer añicos sus promesas de campaña, enarboladas —tanto en 2012 como el 2018— respecto a una estrategia para retirar a los militares de las calles en su combate contra la delincuencia, el presidente de México no solo se mimetiza ideológicamente con sus antecesores del PRI y del PAN (quienes emprendieron el mismo camino en la materia), sino que también pone en entredicho el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Así, el proceso de militarización que inició como algo coyuntural cuando en 2006 el ex presidente Felipe Calderón decidió desplegar al Ejército por todo el país para combatir al narcotráfico, con el paso del tiempo llegó a regularizarse y hoy en día es toda una política estructural del Estado mexicano. La asunción de lo anormal como normal.

Porque el regreso de la milicia a los cuarteles no será posible por lo menos hasta 2024 (año en el que coincidentemente culmina la administración lópezobradorista y se establece que concluya la vigencia del acuerdo en cuestión), pero, peor aún, quizá esto ya no resulte factible al largo plazo; pues el aumento sistemático en cuestiones presupuestales y de capacidad institucional, además de suponer que el Ejército está cobrando cada vez mayor importancia en la cotidianidad de millones de personas, en igual sentido evidencia una forma de que estas agrupaciones vayan acumulando poder.

Si bien se ha insistido en que ahora es distinto porque el Presidente ha dicho que si fuera por él desaparecería al Ejército y haría un país pacifista, creer que el funcionamiento de una institución como tal depende de su voluntad es sumamente ingenuo, por decir lo menos.

Y es que los riesgos que conllevan este tipo de desaseadas acciones son múltiples y podrían derivar en consecuencias catastróficas que, de una vez por todas, abran la puerta para que las corporaciones de seguridad pública dejen de depender de mandos civiles.

Así, tras años de intentar dotar fallidamente al Ejército de un marco normativo que sea adecuado y compatible con la Constitución, la apresurada decisión de López Obrador realiza un nuevo intento por legalizar la presencia castrense en las labores propias de la policía; como insistiendo en la necesidad de usar la mano dura y, sobre todo, anticipando el fracaso de la Guarda Nacional (el cuerpo policiaco nacional creado apenas hace un año a instancias del presidente), ya que en lo acordado no se observa una estrategia sobre la manera en que esta corporación irá sustituyendo la participación de las Fuerzas Armadas conforme avance del sexenio.

De tal forma que en México primará la fuerza militar sobre los planes orquestadas desde los ámbitos estatales y municipales para combatir la delincuencia; la prevención del delito; la autonomía de las fiscalías; el debido proceso —y es que ahora las Fuerzas Armadas están facultadas para realizar detenciones y fungir como primeros respondientes—; entre otras cuestiones que se empatan con un modelo de Estado que al decantarse por soluciones controvertidas pero rápidas, ha dejado de buscar opciones para seguir evitando resultados tan lamentables en la materia, pues habrá que recordar que no hay evidencia que demuestre que este medio es efectivo para reducir la violencia.

Esto es la institucionalización de lo anormal, es convertir de facto a México en un lugar en el que las acciones de los militares minen el pacto federal, otorgándoles una preponderancia nunca antes vista en democracia… Una idea que, tristemente, no suena nada descabellada para una gran mayoría de personas, ya que, desde hace varios años, las Fuerzas Armadas gozan de bastante popularidad dentro del espectro de instituciones en las que confían los ciudadanos mexicanos, aunado a que recientemente una encuesta demostró que tan solo el 13% de la población no avala la medida de usar al Ejército en seguridad pública.

Esta contradicción es interesante para tratar de entender una determinación de tal magnitud, porque, si bien es cierto que esta medida se encuentra popularmente legitimada, también lo es que su respaldo se funda sobre el cortoplacismo y la desinformación, y se toma a costa de los Derechos Humanos y de espaldas a las múltiples recomendaciones de los organismos internacionales y la sociedad civil organizada.

Al momento en que el propio Gobierno fomenta la narrativa de que los militares son la única solución posible para hacer frente a la violencia estructural del país y, además, aprovecha su desorientación ideológica para obtener réditos electorales, se generan condiciones para una tormenta perfecta en la que las soluciones políticas para detener este acuerdo sobre la militarización priman sobre las jurídicas. De ahí, precisamente, que hasta el día de hoy solo un municipio y un Estado hayan anunciado la interposición de un medio de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invasión de competencias, o bien que tampoco la oposición partidista en el Congreso de la Unión se haya manifestado de forma clara ante lo sucedido y, por tanto, jueguen un rol de espectadores antes que de contrapeso.

Si existe un futuro para México solo puede ser por medio de la paz y, lamentablemente, esta no llegará de la mano de las Fuerzas Armadas.

Como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, los principales opositores a la militarización de la seguridad pública no vendrán del pueblo de México, ni mucho menos de la propia administración pública. Amargamente las alternativas llegarán a cuenta gotas, a partir de las víctimas de una absurda estrategia confrontacional, de la interposición de amparos una vez que se hayan violado derechos, de los tribunales nacionales e internacionales que aleguen abusos en las atribuciones de las Fuerzas Armadas, de colectivos de madres que exijan la aparición de sus hijos, de todas y cada una de las personas que sufren en carne viva las inconscientes decisiones de un Gobierno negligente y sin ánimos de que este panorama verdaderamente cambie.

No existen soluciones rápidas y fáciles para un problema tan grave y profundo como la violencia que recorre a México desde hace años. En el tema de seguridad, no cabe duda que la utilización expedita del Ejército es la refutación más enérgica y eficaz contra el crimen pero, al mismo tiempo, la menos laboriosa y las más costosa de miras al mañana.

Además, uno de los problemas más grandes del país no es solo el de la inseguridad, sino también el de la impunidad. La impunidad es resultado de la falta de respuesta del Estado frente a la comisión de un delito. En ese orden de ideas, los militares, en el mejor de los escenarios, patrullarán, realizará detenciones y en los casos de alto perfil colaborará a través de sus órganos de inteligencia, sin embargo, nada hace pensar que el Ejercito ayudará a alcanzar los objetivos del proceso penal señalados en el articulo 20 de la Constitución, es decir: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, auxiliar en el esclarecimiento de los hechos y reparar el daño.

Es necesario rediseñar el sistema de seguridad y justicia, tomar decisiones impopulares y hacer muchísima pedagogía sobre el tema, invertir en infraestructura para las policías, fortalecer el federalismo, tomarse en serio las recomendaciones y sentencias internacionales en materia de Derechos Humanos, pero sobre todo hacerle entender a los representantes que es indispensable rodearse de juristas y personas que les ayuden a entender sus límites políticos, el respeto por las reglas y el valor de tomarse en serio la Constitución… Es evidente que las leyes por sí mismas no cambian la realidad pero, claramente, ayudan a evitar que esta se desborde en aras de anhelos y soluciones simplistas.

Por el momento, y según la propias leyes, el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad en México solo será factible el día que sea de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Mientras tanto, todo lo que se alegue no es otra cosa más que un atropello para el Estado de Derecho.

Citación académica sugerida: Garza Onofre, Juan Jesús: Implicaciones del acuerdo de disposición de la fuerza armada permanentemente en México, 2020/06/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/implicaciones-del-acuerdo-de-disposicion-de-la-fuerza-armada-permanentemente-en-mexico/

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ACERCA DEL AUTOR
Juan Jesús Garza Onofre

Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). 

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.