La salud de la democracia boliviana es casi tan frágil como su sistema de salud; por ello, los impactos del COVID-19 no han hecho más que agravar la situación y aumentar la incertidumbre.  El país no solo se vio afectado por la pandemia que, hasta ahora, contagió a más de 100.000  habitantes y ha ocasionado más de 4.000 decesos, ubicándolo entre los 27 Estados con más infectados y muertes del mundo, sino porque también obligó a postergar las elecciones que estaban previstas a realizarse el 3 de mayo de este año.

La propuesta inicial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mediante un anteproyecto de ley, fue fijar una nueva fecha entre los meses de junio y septiembre. La ALP optó entonces por situar como fecha el 2 de agosto, pero esta fue modificada al 6 de septiembre y finalmente aplazada, esta vez impostergablemente, hasta el 18 de octubre.

Como es sabido, en otros Estados democráticos se pospusieron las elecciones por causa de la pandemia, pero el lugar de donde venía el país era diferente al del resto. Bolivia venía de anular las elecciones generales del 20 de octubre de 2019; elecciones que primero fueron cuestionadas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, luego, por una auditoría de carácter vinculante de la misma organización, que concluyó que hubo manipulación dolosa y parcialidad de la autoridad electoral, razones suficientes como para considerarlas viciadas de nulidad.

Esto generó una revuelta popular y una grave crisis de Estado, que finalmente derivó en la renuncia y abandono del país del entonces presidente Evo Morales, y la sucesión de acuerdo con el procedimiento constitucional, por la senadora Jeanine Añez.

La anulación de la elección fue traumática, costó vidas humanas y dividió a la sociedad. A pesar de aquello, parecía que el país había encontrado salidas consensuadas para resolver una crisis democrática con más democracia, esto es, mediante nuevas elecciones administradas por un renovado TSE, fruto del consenso entre el nuevo Ejecutivo y la mayoría parlamentaria del viejo régimen de casi 14 años de Evo Morales, que continuó en funciones y que en un principio mostró moderación.

A finales de noviembre, en consenso con el ejecutivo la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley de Régimen Electoral y Transitorio que cesaba a los antiguos vocales electorales y establecía un procedimiento para nombrar a nuevos miembros del TSE. Además, con el mismo consenso y con el aval del Tribunal Constitucional, para evitar un vacío de poder, se aprobó la Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, esto porque, especialmente el mandato de los legisladores vencía el 22 de enero.

Así, volvemos a mayo de 2020, cuando el legislativo decidió fijar como nueva fecha de elecciones el 2 de agosto, lo que produjo un quiebre entre el poder ejecutivo y el legislativo que dura hasta hoy. El ejecutivo pensaba que el 2 de agosto era muy pronto para ir a elecciones debido a que la pandemia podría no haber alcanzado la meseta de contagios. El conflicto de poderes es áspero, porque de acuerdo con la Constitución, el presidente del Estado no puede vetar leyes, tan solo observarlas, y si el legislativo considera infundadas las observaciones, puede promulgar la ley por su cuenta y así lo hizo. Esto ha generado una especie de gobierno dual en Bolivia: un ejecutivo que gobierna mediante decretos y un legislativo que promulga leyes sin tomar en cuenta a nadie más.

La postergación trajo consigo el debate sobre los derechos electorales en colisión con el derecho a la salud. La Constitución boliviana consagra y protege ambos derechos y como sabemos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expresaron al principio de la pandemia, señalando que el sistema internacional impone una serie de requisitos tales como: legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad de las medidas de excepción para evitar afectaciones del sistema democrático; que esas medidas deben estar ajustadas a los objetivos definidos, conforme a criterios científicos y ser razonables y estrictamente necesarias.

El aplazamiento de las elecciones en Bolivia se basó siempre en criterios razonables y necesarios para proteger el derecho a la salud, de acuerdo con informes científicos que al principio fallaron mucho en sus predicciones, respecto a cuándo se llegaría al pico de la pandemia y sería más seguro ir a votar.

El TSE ha informado que, durante este tiempo, fue recogiendo todas las experiencias y recomendaciones sobre medidas necesarias e innovaciones posibles para llevar adelante una elección sanitariamente responsable, que evite el ausentismo y que además debía tener en consideración la posibilidad de la llegada de misiones de observación electoral internacional, sorteando las cuarentenas y restricciones de viaje en todo el mundo.

Todas estas dificultades hicieron ver que hacer elecciones en agosto no eran posibles; por este motivo, el TSE llevó adelante negociaciones con todas las fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral con el apoyo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica y se consiguió un acuerdo no consensuado pero mayoritario para fijar las elecciones el 6 de septiembre. La Asamblea Legislativa aceptó modificar nuevamente la ley porque el candidato del Movimiento al Socialismo fue parte de la negociación. La presidente Añez promulgó la ley a regañadientes, señalando que aún esa fecha le parecía muy cercana, pero que lo hacía para que no la acusen de buscar prorrogarse en el poder, apuntando como responsable de los contagios que pudieran ocurrir durante la elección al TSE.

A finales de julio, los números de infectados por coronavirus aumentaron vertiginosamente, los hospitales colapsaron y comenzaron a aparecer muertos en las calles del país. Esto obligó al TSE, junto a un equipo de expertos asesores y la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, a estudiar con mayor precisión cuándo se llegaría al pico de la pandemia. Los resultados indicaron que eso ocurriría entre agosto y septiembre, por lo que el Tribunal, en uso de sus atribuciones como poder del Estado, decidió fijar una nueva y definitiva fecha electoral, el domingo 18 de octubre, la última fecha en la que es posible hacer elecciones considerando una segunda vuelta y así, la posesión de las nuevas autoridades de gobierno ocurra durante la gestión 2020 según mandato constitucional.

Este último cambio de fecha no fue aceptado por la Asamblea Legislativa que exigió que la modificación se haga por ley. El descontento fue aprovechado por la Central Obrera Boliviana (COB), a fin al partido dominante en la ALP y durante 11 días llevó adelante manifestaciones que, en algunos casos, terminaron en bloqueos de caminos, y acciones abusivas que nada tienen que ver con expresiones de protesta legítima, y por el contrario, ocasionaron afectaciones directas a los derechos de las personas, la vida y la salud tanto de bloqueados como de bloqueadores.

Finalmente, las protestas y bloqueos se apaciguaron gracias al diálogo promovido por el TSE que permitió aprobar la ley que ratificó la fecha de los comicios para el 18 de octubre. En conclusión, hasta ahora se han hecho todos los esfuerzos posibles por compatibilizar los derechos electorales con el derecho a la salud, buscando la fecha más alejada posible con la esperanza de que para entonces, disminuya el riesgo de contagio, acudiendo a votar con las medidas excepcionales de bio seguridad reguladas por el TSE y por otro lado, cumplir el mandato legal que impone posesionar a las nuevas autoridades este año.