Una de las obligaciones primordiales en materia de derechos culturales es el deber de los Estados de tomar medidas “deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible” hacia la satisfacción de las obligaciones derivadas de tales derechos, así como lograr progresivamente su plena efectividad.      

Aunque existe un margen de discrecionalidad del Estado para determinar la naturaleza de estas medidas, lo cierto es que, si la Constitución establece una reserva de ley, entonces, estas medidas deben encontrarse previstas en ley formal y material.

Podría pensarse que, en este precedente, la reserva de ley fue empleada por la Suprema Corte como una suerte de “caballo de troya” para hacer efectivo el diverso principio de progresividad. Al final de cuentas, la Corte no se contentó con observar las reformas a la ley, sino que evaluó o contrastó los mecanismos subsistentes de apoyo al cine, de carácter administrativo-fiscal y, a partir de su ineficacia, declaró inconstitucional la reforma impugnada.

Sin embargo, tal vez una mejor interpretación implique reconocer que el principio de reserva de ley es más que un mero formalismo o una simple prohibición de regular ciertas cuestiones en normas administrativas -cuando su regulación compete, en exclusiva, al Congreso.

Tratándose de derechos humanos, tal principio constituye tanto un límite a la discrecionalidad del legislador para modificar las medidas de tutela de dichos derechos, como una clara prohibición de que los mecanismos de efectividad de los derechos se reduzcan a normas administrativas, cuya permanencia y operabilidad queden al arbitrio de la administración pública.

Esto no quiere decir que la administración pública quede vedada para reconocer y operar medidas tendientes a la tutela de los derechos humanos –de hecho, está obligada a ello. Más bien, significa que el legislador carece de facultades para eliminar los mecanismos de tutela de tales derechos, pretextando que subsistirían medidas similares o análogas a nivel administrativo. Esto es lo que demanda la reserva de ley en materia de derechos humanos.

Los mecanismos para la satisfacción o eficacia del ejercicio de los derechos humanos, como lo son los culturales, no pueden concebirse como concesiones graciosas o dadivosas sujetas al arbitrio del Ejecutivo Federal.

La reserva de ley, así entendida, se presenta como una barrera constitucional contra tales concepciones por parte de la autoridad. Por ende, este precedente constituye un importante paso para evitar que, los mecanismos de tutela de los derechos      culturales queden a merced del vaivén político o capricho de la administración pública: he ahí su relevancia legal.