Esclavitud en el siglo XXI: La brecha entre el derecho internacional y la realidad
28 de Febrero de 2024
¿Esclavitud en el Siglo XXI? ¿Qué dice el derecho internacional y hacia dónde dirigir la actuación de los Estados?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 4 que: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente hoy hay 49 millones de víctimas de esclavitud moderna estimadas. De éstas, 55% son por trabajo forzoso, el matrimonio forzado representa el 44% aproximadamente, la explotación sexual el 12,5%, y el trabajo infantil el 12%. Así pues, el contexto actual refleja una importante brecha entre el derecho internacional y la realidad.
El marco jurídico internacional está compuesto por varios instrumentos que hacen referencia a la esclavitud. La Convención sobre la Esclavitud de 1926 en su artículo 1 define a la esclavitud como el: “estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos.” A partir de esta Convención, diversos instrumentos contemplan expresamente su prohibición: desde la DUDH hasta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 8, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978) en su artículo 6 y el Protocolo de Palermo (2000) que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
A este sólido marco internacional se suma un importante desarrollo jurisprudencial sobre la materia. Por ejemplo, en el ámbito regional, la Corte IDH en su Sentencia Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil se refirió expresamente a las manifestaciones modernas del fenómeno. En particular, el Tribunal determinó que, a partir del artículo 6 de la CADH, el concepto de esclavitud ha evolucionado y permite otras formas que no están limitadas al concepto de propiedad propio de la esclavitud clásica o chattel en donde una persona pertenecía legalmente a otra.
Con referencia a los atributos del derecho de propiedad, la Corte IDH sostuvo que son seis los que están presentes en el fenómeno: la restricción de la autonomía individual, la pérdida o restricción de la libertad de movimiento, la obtención de un provecho por parte del victimario, la ausencia de consentimiento o su irrelevancia debido a la coerción que se ejerce, la violencia física o psicológica, la posición vulnerable de la víctima, la detención o cautiverio y la explotación.
Bajo este marco, y en virtud de los textos convencionales y pronunciamientos previamente identificados, los Estados están obligados a prohibir la esclavitud, adoptar medidas para evitar su consumación y asegurar una estricta rendición de cuentas para quienes incurran en conductas que representen una manifestación de la esclavitud.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su parte, en lo que concierne a la esclavitud, definió que la protección contra este flagelo constituye una obligación erga omnes y representa un deber que tiene un Estado, incluso, con toda la comunidad internacional. Es por ello, que la esclavitud es considerado también un crimen de lesa humanidad.
La esclavitud como fenómeno contemporáneo, en la actualidad, está atravesado por múltiples formas de opresión e inequidades. Estas prácticas son el resultado de factores que se interrelacionan como la raza, la etnia, clase social, edad, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, situación migratoria y género. Esta última categoría es especialmente sensible al fenómeno dado que el impacto de la violación está directamente asociado a las inequidades de género. Al 2016, por ejemplo, el 71.1% de todas las víctimas en general que pudieron contabilizarse eran mujeres y niñas.
A su vez, hay una relación estrecha entre la pobreza femenina y su concentración en sectores que se caracterizan por la ausencia de derechos laborales como la economía de los cuidados y los servicios de alimentación, en donde las mujeres son forzadas a trabajar en la base de la cadena global de producción. Ellas son más proclives a la violencia sexual. Los hombres y niños son víctimas usuales de la violencia física, y son mucho más susceptibles a las formas de esclavitud moderna en los sectores de la construcción, la manufactura y la pesca.
Como puede evidenciarse, la esclavitud moderna está más presente que nunca. El trabajo forzoso ha venido aumentando. Entre el 2016 y el 2021, 2.7 millones de personas fueron contabilizadas como víctimas del flagelo y el sector privado representa el 86% de los casos.
Nos enfrentamos, así, a una realidad que dista de las imágenes tradicionales de personas encadenadas. Hoy, las caras de la esclavitud son multifacéticas. Casos como los de la industria pesquera, la minería y la agricultura en Ghana; el trabajo forzoso, conocido como Bricks en Kathmandu, Nepal y en Ultar Pradesh en India; el trabajo forzoso Stone en Sindhupalchoc District en los Himalayas, Nepal; la prostitución forzada y explotación sexual en Colombia; la servidumbre por deudas y el trabajo forzado en Brasil conocido como el caso Rio Grande do Sul, la Servidumbre de la Gleba en Ecuador en el caso Furukawa o el matrimonio forzoso en el Congo: los ilustran.
En primera instancia, el sistema económico imperante representa un factor que permite que existan condiciones de explotación dentro del ejercicio de las actividades productivas. De ahí que resulte necesario atender la pobreza y la desigualdad económica, en tanto la riqueza inequitativamente distribuida motiva a que los menos favorecidos opten por escoger las opciones que se presentan como su única alternativa para el sustento. La falta de educación, a su vez, imposibilita que las personas conozcan que sus realidades no son normales, facilitando el abuso de los victimarios.
En segundo lugar, la corrupción también es un factor estructural que favorece la impunidad y que se beneficia de ésta. De igual forma, el desplazamiento forzado dentro y fuera de las fronteras estatales ubica a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad en donde su dignidad se ve continuamente afectada por todas las amenazas que acompañan sus tránsitos personales. Los conflictos armados son también un espacio apto para reclutar menores y personas que huyendo por sus vidas deben someterse a condiciones que pueden ser incluso, más aterradoras que la misma guerra. De manera general, todas las formas de esclavitud moderna surgen de la demanda global por trabajo barato, no calificado y susceptible de explotación; de ahí que resulte esencial atender de manera concomitante a estos problemas estructurales y promover una transformación que elimine las características del contexto que facilitan su consumación.
No es posible justificar la persistencia del fenómeno. El sistema legal internacional contiene las herramientas que permiten hacer frente al problema, pero al nivel local los Estados deben atender las causas subyacentes. Se recomienda por tanto, que se fortalezcan los regímenes laborales domésticos ampliando los sistemas sociales de protección incluyendo a los grupos vulnerables, que se mejore la supervisión de los procesos laborales y se establezcan mecanismos especializados para la detección del trabajo infantil y la trata de menores.
De igual forma, se sugiere adoptar políticas de asistencia social que equilibren el espacio productivo y reproductivo de la mujer y neutralizar los factores que limitan la incorporación plena de los más vulnerables al ámbito productivo. Finalmente, es imprescindible que en los procesos educativos se informe y sensibilice a la población para la identificación del fenómeno en todas sus manifestaciones.
Citación académica sugerida: Tellez Patarroyo, Ivonne. Esclavitud en el siglo XXI: La brecha entre el derecho internacional y la realidad. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/esclavitud-en-el-siglo-xxi/
Palabras clave: Esclavitud, Siglo XXI, DDHH
Candidata a Doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA, LLM Master en Derecho Internacional por la Universidad de Glasgow, Reino Unido, alumni 2019 y 2023 de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos, Fellow del Programa de Derecho Internacional de Naciones Unidas y abogada de Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Su experiencia profesional se enmarca en las áreas del Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Política Internacional y Paz y Conflicto.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
