Entre la guerra y el crimen organizado: Reclutamiento de niños y niñas en Colombia y América Latina

30 de Julio del 2020
Entre la guerra y el crimen organizado: Reclutamiento de niños y niñas en Colombia y América Latina

El reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) para la guerra en Colombia  ha sido una práctica recurrente. Por décadas, tanto grupos guerrilleros de extrema izquierda, como grupos paramilitares de extrema derecha han usado, utilizado y reclutado infantes y adolescentes.  Sin embargo, Colombia no es el único país de la región con estas prácticas. Así lo confirman algunas zonas controladas por cárteles de la droga en México, favelas en Brasil y maras en Centroamérica.

Aunque cada país presenta escenarios particulares, finalmente coinciden en una combinación peligrosa para los derechos de los NNA que viven en condiciones de notable pobreza y desigualdad. Por un lado, son contextos en los que se mueven grandes sumas de dinero y hay gran disponibilidad de armas; por otro lado, los actores armados ilegales ejercen control efectivo en los territorios donde habitan estos NNA. De hecho, suelen ser reconocidos como autoridades que resuelven disputas domésticas, “hacen justicia”, ofrecen trabajos y hasta deciden quien gana las elecciones. 

 El reclutamiento de NNA en Colombia ilustra tanto la dinámica del reclutamiento en un contexto de conflicto armado, como el uso y utilización de NNA por parte del crimen organizado. Por ello, es necesario discutir el tema en la región para diseñar mejores programas de prevención y reintegración, que permitan la protección de los NNA, que son sujetos de derechos y, por tanto, merecedores de la tutela de los poderes públicos.

Una primera reflexión, que académicos y activistas han venido señalando, es justamente la separación artificial entre reclutamiento ilícito para casos de conflicto armado (y Colombia sería el único país del continente que aplicaría a tal categoría); y el uso y utilización de NNA, asociado principalmente a situaciones de crimen organizado.  La realidad es que la línea entre crimen organizado y conflicto armado es mucho más borrosa de lo que el derecho internacional y las legislaciones reconocen. Cuando los niños y niñas soldado participan en actividades de producción de cocaína o minería ilegal para apoyar las finanzas del grupo armado, es difícil afirmar que solo se trata de conflicto armado.  Igualmente, cuando los NNA, vinculados con grupos narcotraficantes, participan en el asesinato de líderes sociales pareciera tratarse de manifestaciones de violencia política.    

Una segunda reflexión tiene que ver con la forma como se vinculan estos infantes y adolescentes a los grupos armados ilegales.  Un estereotipo asume que la vinculación de esta población es a través del uso de violencia y amenaza.  Sin duda, este ha sido el caso de miles de NNA en Colombia e, incluso, esto ha sido una causa de desplazamiento forzado de familias campesinas y minorías étnicas. No obstante, esta no es la única realidad del reclutamiento. Al igual que en otros países con conflictos armados, en el caso de grupos paramilitares en Colombia, alrededor del 75% de los NNA se vincularon por persuasión; no necesariamente a través del uso de la fuerza. 

De acuerdo con testimonios ante la Fiscalía y los Tribunales de Justicia y Paz de Colombia, buena parte de los NNA que se vincularon a los grupos paramilitares entre 1995 y 2005 lo hicieron por razones económicas -salir de la pobreza, ayudar la familia y hasta encontrar un futuro mejor-.  El pago mensual de cerca de US$ 85 (aproximadamente $200 mil pesos para 2000) motivó la vinculación de jóvenes principalmente entre los 14 y los 17 años. 

No obstante, las razones económicas no fueron las únicas que llevaron a estos NNA a vincularse. El mismo contexto de guerra -como búsqueda de protección, deseo de venganza y atracción por el poder de las armas-; así como la situación familiar -abuso sexual y violencia doméstica- jugaron un papel importante al momento de tomar la decisión de unirse al grupo armado ilegal. 

La realidad de estos jóvenes, y en particular de las niñas, se torna más compleja cuando optan por unirse a un grupo armado ilegal, porque aun reconociendo que puede implicar maltrato y graves violaciones a sus derechos, encuentran en esta opción, una alternativa mejor a la que están viviendo: la posibilidad de obtener cierto reconocimiento y empoderamiento que no encontraron en su experiencia en la vida civil.

Esto nos lleva a la tercera reflexión sobre la agencia o capacidad de los NNA a tomar decisiones.  Sin duda este es uno de los temas más polémicos, en particular porque suele abordarse solo desde la mirada legal.  Si la persona es menor de 18 años, la decisión no tiene validez -requiere protección y asistencia del Estado- o, como sostienen algunos defensores, reconocer a la agencia de los NNA puede producir un efecto nocivo y es quitarle la responsabilidad al Estado para reparar esta población. Sin embargo, esta aproximación netamente jurídica es limitada.  Si el joven se desmoviliza o es capturado a los 18 años y un día, en términos prácticos, ya no es un niño o niña que requiere protección del Estado, es más bien un criminal que debe ser judicializado. Sin duda, esta línea divisoria de la “mayoría de edad” es una convención; y en este caso particular, antes que proteger la vida y los derechos de estos jóvenes la puede perjudicar en tanto su condición de victimario prevalece sobre la de víctima.

Desde las ciencias sociales, el reclutamiento de NNA es también un hecho social que se reproduce y sostiene en contextos de conflicto y crimen organizado. En zonas tradicionalmente controladas por grupos armados ilegales (sean guerrillas, paramilitares o narcotraficantes) resulta difícil establecer cuándo empieza y termina efectivamente el reclutamiento de NNA. Reconociendo que muchos NNA pudieron irse engañados o persuadidos, y que no midieron realmente las consecuencias de sus decisiones, llama la atención que algunos de estos infantes y adolescentes han crecido por generaciones en escenarios de conflicto armado y violencia.  Resulta casi que un tema de familia unirse a un grupo u otro, dada la tradición de generaciones que han seguido ese camino. 

En ese sentido, mantener una visión infantilizada de los cálculos y decisiones que toman puede llevar a la formulación de marcos jurídicos y políticas de reintegración poco acertados, que busquen solo asistencia más que empoderamiento. El rechazo social y la falta de oportunidades laborales, entre otros factores, pueden terminar reforzando círculos viciosos donde esta población tiene como su “mejor” opción reincidir.

El llamado a los Estados es, en consecuencia, a reconocer la complejidad del reclutamiento. Esto resulta un presupuesto necesario para la protección de los derechos de los NNA, en el marco del conflicto armado. Esto implica, por un lado, considerar las dimensiones socioeconómicas, e incluso históricas, que han sostenido y reproducido esta práctica; y, por otro lado, reconocer en los NNA reclutados, no solo víctimas, sino sujetos resilientes, con capacidades y búsquedas de empoderamiento y participación. Quizás de este modo se formulen programas más efectivos en términos de reparación y reintegración para estos jóvenes.

Citación académica sugerida: Hurtado, Mónica: Entre la guerra y el crimen organizado: Reclutamiento de niños y niñas en Colombia y América Latina, 2020/07/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/entre-la-guerra-y-el-crimen-organizado-reclutamiento-de-ninos-y-ninas-en-colombia-y-america-latina/

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ACERCA DE LA AUTORA
Mónica Hurtado

Profesora Asociada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana (Colombia); tiene maestría en Estudios de América Latina de la Universidad de Stanford y maestría en Estudios Internacionales de Paz en la Universidad de Notre Dame.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.