El INPEC es obviamente la estructura más grande para la privación de la libertad en Colombia.  Cuenta con 132 establecimientos, que se encuentran clasificados en: cárceles, penitenciarías, colonias agrícolas, establecimientos de reclusión especial, reclusiones de mujeres, establecimientos penitenciarios y carcelarios, y complejos penitenciarios. Los dos últimos tipos de establecimientos no fueron creados por una ley, y permiten tener a personas que apenas están siendo procesadas penalmente con quienes ya están condenados, pero, además, en el último permanecen hombres y mujeres juntos, lo que obviamente es una violación a los más elementales derechos humanos y a normas internacionales, tales como las Reglas Nelson Mandela, Regla 11; el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, principio 8; las Reglas de Bangkok; los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, principio XIX; entre otras.

El Ejército Nacional cuenta con autorización legal para tener cárceles y penitenciarías para sus propios miembros, aunque algunos han sido usados para encarcelar a civiles que fueron capturados en combates, generando un grave peligro a su integridad personal. Actualmente, cuenta con 9 grandes establecimientos y 60 pequeños, a los que denomina pabellones, con un total de 69 establecimientos legales; también en sus instalaciones de manera pública, aunque sin sustento legal, funcionan establecimientos en los clubes de recreación militar para tener allí a políticos, antiguos servidores públicos, o contratistas del Estado condenados por corrupción. 

La Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional cuentan con un establecimiento cada una y la Armada Nacional posee 4, también para miembros de sus respectivas fuerzas; sin embargo, resulta importante tener en cuenta que las estaciones de policía que existen en todo el territorio nacional (aproximadamente 1.400) están funcionando de hecho como cárceles y penitenciarías, es decir, pasaron de ser lugares en los que una persona podría ser privada de la libertad hasta por 36 horas, mientras es puesta a disposición de un juez, a ser espacios en los que se encierra a personas durante todo el proceso penal o incluso durante el cumplimiento de sus penas, en terribles condiciones de hacinamiento que superan en mucho a las más deplorables que se habían presentado en el sistema INPEC. Una terrible consecuencia de ello, además de la violación de derechos humanos que se deriva del hacinamiento y el cambio de funciones a los policías, es la falta de control, ya que no se cuenta con información pública y centralizada que permita saber cuántas personas están en esas pequeñas instalaciones.

También el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene a su cargo el encierro de los adolescentes que cometen conductas delictivas, pero no hace pública la información de cuántos adolescentes mantiene bajo custodia, argumentando que lo hace para proteger los derechos de los menores de edad. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene a su cargo el cuidado bajo encierro hospitalario de las personas que realicen conductas delictivas y tengan un trastorno mental, aunque no ha construido tales establecimientos ordenados por la ley, por lo que muchas de estas personas se encuentran en establecimientos del INPEC.

En virtud de la Constitución, las comunidades indígenas reconocidas pueden tener espacios para la privación de la libertad de sus propios miembros, por lo que algunas comunidades aplican penas como el “cepo” (un madero grande a la vista de la comunidad, al que se atan pies y manos del infractor) por horas o días, o el “encierro en un espacio físico” por meses o años. Sobre estos establecimientos no existe información centralizada que permita saber más detalles. 

Al ser una República unitaria, Colombia está dividida territorialmente en 32 departamentos, dentro de los cuales hay 1.103 municipios, y un Distrito Capital, y cada uno de estos tipos de entidades territoriales puede tener una cárcel para la detención preventiva. Sin embargo, no es pública la información acerca de cuántos existen y obviamente mucho menos cuántas personas hay en ellos.

En conclusión, Colombia delega en 11 entidades distintas formas de privación de la libertad. Estos subsistemas no cuentan con información centralizada y completa, a excepción del INPEC, por lo que no sabemos cuántos espacios existen y consecuentemente cuántas personas se encuentran privadas de la libertad. Además, se cuenta con tantos espacios para la privación de la libertad que algunos de ellos existen legal y físicamente, otros fueron ordenados por la ley, pero no se han construido (y nada apunta a que lo harán), y otros existen en la materialidad sin que se registre una norma de nivel legal que autorice su creación o funcionamiento, que obviamente se da en contravía de normas internacionales, generando, de paso, graves violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran allí.

Mientras como sociedad consideremos que es necesaria la implementación de penas como la privación de la libertad, resulta también necesario que estos sistemas se ajusten a lo que regula la ley y las normas internacionales, que exista información completa y actualizada o que el sistema se haga menos disperso, facilitando en últimas el respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad que, aunque violaron la ley, continúan siendo seres humanos en igualdad de condiciones.