En Colombia no se sabe cuántas personas están privadas de la libertad

16 de Septiembre del 2021
En Colombia no se sabe cuántas personas están privadas de la libertad
Crédito foto: Juanky Pamies Alcubilla / Flickr

El sistema penitenciario de Colombia afronta importantes desafíos desde hace bastante tiempo. Aquí se señala uno de los más relevantes: saber cuántos hay.

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Alianza

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo internacional del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

CEJA provee asistencia técnica a los gobiernos, poderes judiciales y otros actores de los sistemas de justicia regionales, desarrolla estudios, imparte programas de capacitación especializados para juezas y jueces, fiscalas/es, defensoras/es, abogadas/os litigantes y diseñadoras/es de políticas públicas.  

CEJA

El sistema para la privación de la libertad en Colombia cuenta con múltiples autoridades, variados tipos de espacios físicos, distintas normas que los autorizan e incluso ausencia de ellas. En otras palabras, el país cuenta con prisiones legales e ilegales (al no ajustarse a lo que regula el vigente código penitenciario y carcelario), sin que ello parezca relevante ante los ojos de la sociedad, quizás porque un país sumido en una guerra de varias décadas, y que parece incapaz de salir de ella, difícilmente es capaz de lograr que el derecho llegue a cada uno de sus rincones sociales.

En Colombia no se cuenta con información acerca de cuántos de estos espacios existen y, consecuentemente, cuántos seres humanos están bajo encierro; y ello es así a pesar de existir un sistema oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el que se ofrecen datos estadísticos “actualizados”. El problema es que este es apenas uno de once operadores de privación de la libertad, y al ser vistos internacionalmente, se ha generado la falsa información de que esos son todos los privados de la libertad en Colombia, desconociendo a las demás autoridades que legalmente cuentan con este tipo de espacios, con o sin estadísticas sobre las personas que tienen detenidas, o a las autoridades que cuentan con espacios de privación de la libertad no ajustados a la legislación, sobre los que normalmente no hay información pública.

¿Cómo son las cárceles y otros espacios de privación de libertad en Colombia?

El INPEC es obviamente la estructura más grande para la privación de la libertad en Colombia Cuenta con 132 establecimientos, que se encuentran clasificados en: cárceles, penitenciarías, colonias agrícolas, establecimientos de reclusión especial, reclusiones de mujeres, establecimientos penitenciarios y carcelarios, y complejos penitenciarios. Los dos últimos tipos de establecimientos no fueron creados por una ley, y permiten tener a personas que apenas están siendo procesadas penalmente con quienes ya están condenados, pero, además, en el último permanecen hombres y mujeres juntos, lo que obviamente es una violación a los más elementales derechos humanos y a normas internacionales, tales como las Reglas Nelson Mandela, Regla 11; el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, principio 8; las Reglas de Bangkok; los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, principio XIX; entre otras.

El Ejército Nacional cuenta con autorización legal para tener cárceles y penitenciarías para sus propios miembros, aunque algunos han sido usados para encarcelar a civiles que fueron capturados en combates, generando un grave peligro a su integridad personal. Actualmente, cuenta con 9 grandes establecimientos y 60 pequeños, a los que denomina pabellones, con un total de 69 establecimientos legales; también en sus instalaciones de manera pública, aunque sin sustento legal, funcionan establecimientos en los clubes de recreación militar para tener allí a políticos, antiguos servidores públicos, o contratistas del Estado condenados por corrupción. 

La Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional cuentan con un establecimiento cada una y la Armada Nacional posee 4, también para miembros de sus respectivas fuerzas; sin embargo, resulta importante tener en cuenta que las estaciones de policía que existen en todo el territorio nacional (aproximadamente 1.400) están funcionando de hecho como cárceles y penitenciarías, es decir, pasaron de ser lugares en los que una persona podría ser privada de la libertad hasta por 36 horas, mientras es puesta a disposición de un juez, a ser espacios en los que se encierra a personas durante todo el proceso penal o incluso durante el cumplimiento de sus penas, en terribles condiciones de hacinamiento que superan en mucho a las más deplorables que se habían presentado en el sistema INPEC. Una terrible consecuencia de ello, además de la violación de derechos humanos que se deriva del hacinamiento y el cambio de funciones a los policías, es la falta de control, ya que no se cuenta con información pública y centralizada que permita saber cuántas personas están en esas pequeñas instalaciones.

También el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene a su cargo el encierro de los adolescentes que cometen conductas delictivas, pero no hace pública la información de cuántos adolescentes mantiene bajo custodia, argumentando que lo hace para proteger los derechos de los menores de edad. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene a su cargo el cuidado bajo encierro hospitalario de las personas que realicen conductas delictivas y tengan un trastorno mental, aunque no ha construido tales establecimientos ordenados por la ley, por lo que muchas de estas personas se encuentran en establecimientos del INPEC.

En virtud de la Constitución, las comunidades indígenas reconocidas pueden tener espacios para la privación de la libertad de sus propios miembros, por lo que algunas comunidades aplican penas como el “cepo” (un madero grande a la vista de la comunidad, al que se atan pies y manos del infractor) por horas o días, o el “encierro en un espacio físico” por meses o años. Sobre estos establecimientos no existe información centralizada que permita saber más detalles. 

Al ser una República unitaria, Colombia está dividida territorialmente en 32 departamentos, dentro de los cuales hay 1.103 municipios, y un Distrito Capital, y cada uno de estos tipos de entidades territoriales puede tener una cárcel para la detención preventiva. Sin embargo, no es pública la información acerca de cuántos existen y obviamente mucho menos cuántas personas hay en ellos.

En conclusión, Colombia delega en 11 entidades distintas formas de privación de la libertad. Estos subsistemas no cuentan con información centralizada y completa, a excepción del INPEC, por lo que no sabemos cuántos espacios existen y consecuentemente cuántas personas se encuentran privadas de la libertad. Además, se cuenta con tantos espacios para la privación de la libertad que algunos de ellos existen legal y físicamente, otros fueron ordenados por la ley, pero no se han construido (y nada apunta a que lo harán), y otros existen en la materialidad sin que se registre una norma de nivel legal que autorice su creación o funcionamiento, que obviamente se da en contravía de normas internacionales, generando, de paso, graves violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran allí.

Mientras como sociedad consideremos que es necesaria la implementación de penas como la privación de la libertad, resulta también necesario que estos sistemas se ajusten a lo que regula la ley y las normas internacionales, que exista información completa y actualizada o que el sistema se haga menos disperso, facilitando en últimas el respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad que, aunque violaron la ley, continúan siendo seres humanos en igualdad de condiciones.

Citación académica sugerida: Posada Segura, Juan David. En Colombia no se sabe cuántas personas están privadas de la libertad. Agenda Estado de Derecho, 2021/09/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/en-colombia-no-se-sabe-cuantas-personas-estan-privadas-de-la-libertad/

Palabras clave: Colombia, derechos humanos, prisiones, privación de la libertad.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Juan David Posada Segura

Profesor Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Abogado por la UdeA. Magister en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía. Doctor en Derecho y Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona. Director General de la Corporación Activos por los Derechos Humanos (CADH). Vicepresidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos (ICDH). Director General del Semillero de Penitenciario y Derechos Humanos de la UdeA. Miembro de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario (ALDP).

Artículos Relacionados

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.