Emergencia de Covid-19: una nueva dolencia para los sistemas penitenciarios

25 de Noviembre de 2021
Emergencia de Covid-19: una nueva dolencia para los sistemas penitenciarios
Crédito Foto: Dirección General de Centros Penales de El Salvador

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en las cárceles de América Latina y qué medidas se han tomado?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

El presente artículo es un extracto del capítulo Sistemas penitenciarios frente a la emergencia de Covid-19, del libro Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal en América Latina. Una mirada regional y opciones de abordaje

Alianza

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo internacional del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

CEJA provee asistencia técnica a los gobiernos, poderes judiciales y otros actores de los sistemas de justicia regionales, desarrolla estudios, imparte programas de capacitación especializados para juezas y jueces, fiscalas/es, defensoras/es, abogadas/os litigantes y diseñadoras/es de políticas públicas.  

CEJA

Con ocasión de la expansión del SARS-COV2, en abril del año 2020 Naciones Unidas señaló que, más que nunca, el respeto de los derechos humanos es esencial para la superación de la pandemia y que las medidas se deben orientar con un criterio de igualdad y no discriminación.

La población privada de libertad, constreñida muchas veces en espacios reducidos que deben compartir con múltiples personas, se encuentra particularmente expuesta porque no es aplicable la principal medida de prevención: el distanciamiento social. El hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud y agua potable, encendieron tempranamente las alarmas de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que señalaron su preocupación por la irrupción de este nuevo virus en las cárceles.

Así, a siete meses de conocidos los primeros casos de Covid-19 en el mundo, las estimaciones de Prison Insider señalaban que había 104.445 personas privadas de libertad contagiadas en 88 países, y al menos 1.647 personas fallecidas a causa de Covid-19 al interior de las prisiones en 36 países.

¿Cuál fue la respuesta inmediata en Latinoamérica para prevenir el contagio en las cárceles? A continuación, se resumen los hallazgos de la revisión de medidas adoptadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Perú, México y Venezuela en los primeros meses de la emergencia.

Detección precoz como estrategia de prevención, pero sin pruebas masivas

Para el mes de julio de 2020, en todos los países revisados —a excepción de Venezuela, de acuerdo con información oficial—, ya se habían reportado casos de personas privadas de libertad contagiadas de Covid-19, con al menos un fallecimiento por esta causa.

Sin embargo, no es posible aseverar que esta fuera efectivamente la extensión de los contagios, debido al aparente subregistro de casos positivos por la insuficiente cantidad de pruebas realizadas en los recintos penitenciarios. Salvo en República Dominicana y Venezuela, en ninguno de los países revisados la autoridad ha dado cuenta del total de pruebas realizadas a la población recluida y personas funcionarias de los sistemas penitenciarios. En general, se aprecia que los países han optado por la detección precoz y aislamiento de contactos estrechos, pero sin adoptar estrategias y acciones ante el posible contagio asintomático.

Restricción de visitas y el temor a la escasez de alimentos

La medida de suspensión o restricción de visitas es transversal. Con distintos niveles de limitación, las personas recluidas han visto limitada la posibilidad de comunicarse con sus familias y visitas en general.

Solo en algunos países, como Argentina, Colombia, Costa Rica y México, se adoptaron mecanismos alternativos para mantener la comunicación, tales como la autorización del uso de teléfonos al interior del recinto o la habilitación de medios telemáticos. Pero, aun en los países que implementaron alternativas de comunicación, éstas han sido catalogadas de insuficientes, además de no ser necesariamente de acceso gratuito como fue recomendado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Esto no ha sido debidamente considerado, pues las vías alternativas además deberían permitir la comunicación de las personas internas con sus defensas, tal como lo ha señalado la ACNUDH y la OMS. Sin embargo, la revisión de la información disponible no permite aseverar que los protocolos contemplen medidas que permitan la comunicación en condiciones de confidencialidad.    

Por otra parte, la suspensión de las visitas ha puesto de manifiesto otro asunto complejo: el abastecimiento de alimentos, elementos de aseo y medicamentos depende en gran medida de las encomiendas entregadas por las familias. Esta ha sido una causa importante de descontento y angustia entre la población penitenciaria y sus familias, en particular en Venezuela y Bolivia; a la vez que supone una inobservancia de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que en su artículo 22 señala la obligación de los Estados de proveer a todas las personas recluidas de una alimentación adecuada con valor nutricional suficiente para el mantenimiento de su salud.

Intentos por disminuir la población penitenciaria

Las medidas para la disminución de la población penitenciaria son disímiles en los países revisados. No obstante, la opción mayoritaria ha sido utilizar la normativa vigente, sin desarrollar proyectos de ley que permitan indultos humanitarios, atendida la situación de pandemia.

De los países revisados solo en Colombia, Chile, Bolivia y Perú se han aprobado normativas referidas a indultos. También en México, pero este caso se trata de un proyecto presentado por el presidente López Obrador con anterioridad a la emergencia.

En relación con sus efectos, las estimaciones refieren que estas normativas han permitido excarcelar a un pequeño porcentaje de personas condenadas, que en Chile no superó el 4,5%. Además, se critica la poca celeridad de su aplicación, sobre todo en el caso de México, donde se ha hecho evidente la falta de adecuación del proyecto presentado en el año 2019 a las necesidades para la disminución de la población privada de libertad, atendida la emergencia.

La disminución de la población penitenciaria es una recomendación transversal de los organismos internacionales. Respecto de esto, y con ocasión de la declaración de la Corte IDH referida a la pandemia, Raúl Eugenio Zaffaroni, juez de esta Corte, señaló que es necesario tomar medidas rápidas pero racionales que permitan que los recintos queden en un nivel de ocupación normal o incluso menor. Para eso, propone la excarcelación de personas especialmente vulnerables al virus, luego quienes se encuentran próximos a cumplir la condena u obtener libertad condicional, para finalmente graduar la posible salida de quienes estén condenados o condenadas por delitos menores que no supongan violencia física o sexual.

Sin perjuicio de la apremiante necesidad de disminuir la población penitenciaria, es preocupante la interrupción de los procesos de reinserción que estas medidas puedan suponer. Para el caso de Chile, por ejemplo, es necesario analizar las causas del rechazo de más de un centenar de personas condenadas que podían ser beneficiadas con la medida de indulto, debido a la falta de domicilio y la pérdida de espacios laborales, entre otros motivos.

Por cierto, es necesario superar esta emergencia para evaluar la eficiencia de las medidas adoptadas en cada país y el impacto del virus en la población privada de libertad y sus familias, pero no cabe duda que esta contingencia ha acentuado sus denuncias, así como de funcionarios del sistema penitenciario, sobre las precarias condiciones de reclusión en términos de acceso a servicios básicos, salud y alimentación, y el reducido espacio vital.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia de mantener mecanismos eficientes para la comunicación de las personas recluidas con sus familiares y defensas. Es importante la discusión sobre alternativas de comunicación, como videollamadas o el uso de teléfonos celulares al interior de los recintos, ponderando los riesgos que estas medidas puedan suponer.

En la visibilización de estas problemáticas, los Poderes Judiciales de estos países han tenido un rol fundamental. Tal es el caso de la judicatura en Costa Rica, Brasil y Argentina que, por medio de recomendaciones o conociendo de acciones de amparo, han exigido a los organismos competentes medidas necesarias y transparencia en la información sobre la situación en las cárceles. Importante también es el rol de las organizaciones de la sociedad civil y el uso de instancias internacionales, como es el caso de Colombia y Brasil que, por medio de pronunciamientos ante vulneración de derechos de la población penitenciaria, podrían establecer nuevos parámetros para la evaluación de las respuestas brindadas por los Estados ante situaciones de emergencia. 

Citación académica sugerida: Del Solar, María José. Emergencia de Covid-19: una nueva dolencia para los sistemas penitenciarios. Agenda Estado de Derecho, 2021/11/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/emergencia-de-covid-19-una-nueva-dolencia-para-los-sistemas-penitenciarios/

Palabras clave: América Latina, Cárceles, Pandemia.

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ACERCA DE LA AUTORA
María José del Solar

Investigadora asociada del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Tarapacá.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.