Dicha injerencia parece confirmarse con la propuesta de eliminación de la JNJ, donde la ENM será gobernada por un consejo directivo de solo tres miembros (hoy, la JNJ tiene siete miembros), elegidos cada uno por el Poder Judicial, el Ministerio Público y un representante de las universidades. Con esto, se elimina la elección más plural que ocurre hoy, donde el concurso de méritos corresponde a una comisión especial integrada por cinco altos funcionarios públicos (no solo magistrados) y dos rectores de las universidades con mayor antigüedad.

Los miembros del citado consejo directivo, como ocurre hoy con la JNJ, pueden ser removidos por el Congreso con la discrecionalidad de la denominada “causa grave” (se mantiene este elemento, pese a los controvertidos antecedentes). Si bien esta posibilidad ya existe, hay un asunto que llama la atención: bajo el esquema anterior  el Congreso tendría que remover a siete personas, pero ahora con la nueva alternativa solo tendría que hacerlo respecto de tres. En buena cuenta, se genera un mayor control del Poder Legislativo que, considerando las recientes inhabilitaciones, no es deseable en el marco del respeto a la autonomía del órgano que elige a los jueces y fiscales del país.

También, la propuesta de ley elimina la competencia de la JNJ (que se sustituirá por la ENM) de elegir a los jefes de dos organismos clave del sistema electoral: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En adelante, el Congreso los nombrará y removerá, y tendrá esta última facultad con la sola observación de una “falta grave” abierta. En todo supuesto, los partidos políticos (a través de los grupos parlamentarios) no deberían intervenir directa ni indirectamente sobre los órganos del sistema electoral, pues hay un claro conflicto de interés, se afecta la imparcialidad de las instituciones y se debilita el sistema de equilibrio de poderes. 

Asimismo, la propuesta otorga rango constitucional a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes ejercen el control disciplinario permanente de jueces y fiscales.  ¿Cuál es la novedad sustancial? También se precisa que sus miembros pueden ser removidos por el Congreso por “causa grave”.

En resumen, el proyecto en cuestión trasluce el verdadero objetivo de la mayoría parlamentaria peruana, que es concentrar más poder a través del control discrecional de los integrantes de un órgano vital del sistema de administración de justicia. Como es evidente, la problemática debería concentrar la mayor atención por tener un impacto negativo directo en el régimen democrático.